El representante de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que la desregulación de la medicina que propone el Gobierno nacional es un “negocio de corporaciones” y confirmó que la entidad inició acciones colectivas para solicitar que se declare la inconstitucionalidad del mega DNU y se ordene la suspensión y devolución de los aumentos cobrados por las empresas de medicina prepaga a los afiliados desde enero de 2024, que hayan sido adoptados sin la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Esto que está pasando muestra la inmoralidad que tienen estas entidades financieras de medicina. No hay beneficio de libertad para todos, es libertad para un grupo muy selecto de empresas”, criticó Bassano en conversación con Política del Sur.

Señaló que dicho panorama es producto de que la nueva gestión liderada por Javier Milei “está haciendo lo que no se aplica en el mundo”, donde indicó que existe una “estructura de costo”. “Esto es demostrativo de la falta moral del Gobierno”, continuó, ya que advirtió que esta “destruyendo familias, no le entregan medicamentos a las personas que tienen enfermedades incurables, le restan la comida a la gente, aumentan para que no viajen y ahora el aumento de tarifas va a significar un golpe muy grande”.

Remarcó que las organizaciones de defensa al consumidor “hacen lo que pueden” y, además de las acciones iniciadas en los últimos días, adelantó que buscarán impugnar los aumentos de los servicios públicos.

“Avaricia descomunal”

No obstante, subrayó que, “lamentablemente”, el problema “más serio” que enfrentan en este momento es que “no quieren cumplir con la ley de protección económica del consumidor”, lo que explicó que “no es ninguna teoría jurídica, es la Constitución Nacional”. Manifestó que espera que los diputados “empiecen a despertar”.

En este sentido, precisó que se encuentran estudiando la implementación de varios recursos, los cuales irán anunciando en cuanto estén definidos por las asociaciones, para frenar la “avaricia” de parte de bancos, entidades financieras, medicinas prepagas y los productores de alimentos, entre otros.

“Es una avaricia descomunal generada por este Gobierno”, enfatizó al tiempo que consideró que la gestión de La Libertad Avanza aplicó la teoría del “sálvese quien pueda” y afirmó que “los que se pueden salvar son los que tienen poder”.

Desde ADDUC informaron que las demandas presentadas se tramitan en la Justicia Federal de San Martín y “pretenden la protección de todos los consumidores”, incluyendo a quienes no hayan iniciado amparos o reclamos.