Por: Federico Cedarri

La caída en desgracia de la denominada ley ómnibus en la que el Gobierno nacional había centrado innumerables expectativas provocó una indisimulable satisfacción en el Palacio de calle 6.

Axel Kicillof actuó solapadamente en el reclamo de los gobernadores al Ejecutivo nacional de coparticipación del impuesto PAÍS, aunque prefirió que sean otros los mandatarios que pulsearan públicamente con los funcionarios del gobierno de Milei.

El cordobés Martín Llaryora constituyó el blanco preferido de las críticas de las principales espadas del Gobierno nacional endilgándole culpabilidad por el traspié legislativo.

El Gobernador apreció el desenlace parlamentario a la distancia y en cierta manera leyó que la derrota política del Gobierno también contribuyó a esmerilar la figura de Llaryora como competidor interno de fuste dentro del peronismo.

Cerca de Kicillof entienden que el cordobés buscó con esta jugada subrepticia contra la ley una rampa de lanzamiento para su potencial posicionamiento en el tablero político nacional y hoy se encuentra en el medio de los cuestionamientos, no solo del Gobierno sino también del PRO y del sector dialoguista de la UCR que encabeza Rodrigo De Loredo.

“Nosotros nos mantuvimos siempre en el mismo lugar, de oposición a la ley y no nos movimos un ápice”, sostienen en la gobernación bonaerense.

Kicillof razona que no sufrió ningún tipo de desgaste durante el tortuoso tratamiento de la frustrada normativa y que ese tiempo le sirvió para encaramarse como un referente ineludible de la respuesta social al ajuste.

No obstante, el mandatario bonaerense espera un futuro aciago en lo que tiene que ver con la llegada de recursos a la provincia de Buenos Aires.

En enero, las partidas se redujeron el 98 por ciento respecto al mismo mes del 2023 por lo que el mandatario bonaerense ya pidió a sus ministros que ajusten el lápiz rojo y reconfiguren programas superfluos con la intención de ahorrar recursos que se destinarán luego a la ayuda social.

El Banco Provincia cobrará un protagonismo importante en la relación con los sectores productivos, ya que se buscará seguir manteniendo las líneas crediticias subsidiadas para morigerar la caída de la actividad.

Kicillof deberá lidiar con el reclamo de los gremios estatales y docentes que reclaman compensar la caída del salario real por la erosión inflacionaria.

Si bien los sectores sindicales son aliados políticos del gobernador, tanto ATE como UPCN participaron activamente de la campaña y esgrimen una condescendencia especial con la situación financiera, no es menos cierto que de no acompañar los aumentos de salarios el nivel inflacionario el malestar de las bases podría complicar la situación.

Kicillof espera que el Gobierno nacional convoque a los gobernadores para discutir un nuevo Pacto Fiscal que compense a las provincias luego de la quita del impuesto a las Ganancias.

Los gobernadores despuntan un acuerdo implícito de solicitar la coparticipación del impuesto al cheque que era lo que habían consensuado en su momento con Massa si este último salía airoso del ballotage.

“Alguna compensación van tener que darle a las provincias, sobre todo a Buenos Aires, porque no solamente somos discriminados en la distribución sino que nos han cortado de raíz los fondos discrecionales”, despotrica con bronca ante PDS un legislador provincial al tanto de las penurias financieras que sufre el territorio bonaerense.

Reclamo con aliados

El Gobernador bonaerense estaba cavilando la posibilidad de recurrir a la Justicia si es que la ley ómnibus finalmente era aprobada en el Congreso Nacional.

La jugada pasaba por arremeter contra la normativa aseverando el perjuicio que causaría a las provincias la delegación de facultades excepcionales al Presidente.

Pero ante la caída de la fastuosa ley que pretendía tener carácter fundacional, en la provincia de Buenos Aires pregonan que el ajuste se endurecerá indefectiblemente.

En ese contexto desfavorable, el gobernador Axel Kicillof buscará recostarse en los alcaldes propios y con quienes ha tejido una relación cordial y de cooperación mutua, el foro de intendentes radicales, con la intención de desplazar al PRO del centro de la escena.

De igual modo, el mandatario aspira a cerrar filas en la Legislatura con los correligionarios y los libertarios disidentes que en su mayoría tienen raíces sui generis en el massismo.

Tampoco se descarta que Kicillof desafíe a los intendentes radicales y jefes comunales amarillos a avanzar en un reclamo conjunto ante el Gobierno nacional contra la discriminación de fondos que sufre la provincia de Buenos Aires históricamente: “Todas las opciones están arriba de la mesa y son evaluadas, además si tenemos apoyo de la oposición será un reclamo más potente”, sostiene ante este portal un diputado provincial peronista que trajina los pasillos del Parlamento.