martes 27 de febrero de 2024 - Edición Nº1910

Gremiales | 9 feb 2024

ANÁLISIS

La motosierra de Milei le pone un techo a las paritarias estatales nacionales

El Gobierno decidió que las discusiones salariales se hagan en base al presupuesto 2023, lo que significa que se limita la posibilidad de aumentos y recomposiciones en los sueldos. Esto generó el enojo de los gremios, que alertan sobre sus efectos: “Los empleados públicos no van a tener plata para ir a trabajar”.


Por: Diego Lanese

Hace unos días, en silencio, el Gobierno oficializó una medida que puede golpear muy fuerte los salarios de los estatales nacionales. En medio de las discusiones en el congreso por la Ley Ómnibus y su polémica caída, el oficialismo firmó la Decisión Administrativa 28/2024, que limita la paritaria de los trabajadores públicos de la órbita nacional, y que fue recibida con alarma y enojo por los gremios. La misma establece que a partir de la prórroga del presupuesto 2023, las negociaciones para actualizar los ingresos de los trabajadores se harán en base a las partidas disponibles en ese proyecto. Es decir, se dispondrán de los mismos fondos nominales para pagar sueldos en este 2024. Esto, en un contexto de una inflación anual mayor al 200 por ciento, es un techo en la posibilidad de recomponer y aumentar los salarios. “No sueñen con que aceptemos ninguna propuesta de incremento que se ubique por debajo de la evolución de los precios”, respondieron de inmediato desde ATE, que acordó en enero una suba del 15 por ciento y espera una nueva llamada para mejorar los ingresos este mes. Un informe de ATE analiza el cierre fiscal 2023, caracterizado por “una caída de recursos, mayor ajuste y aumento del peso presupuestario de la deuda, junto a la presentación de la propuesta de un feroz ajuste sobre las cuentas públicas que efectuará el Ministro de Economía en 2024”.

 

Sin demasiada repercusión, la decisión del Gobierno nacional fue tomada como otro ajuste a las cuentas públicas, que en este caso golpea el salario de los trabajadores públicos. El artículo 3 de la Decisión Administrativa 28/2024, que lleva la firma del ministro del Interior, Guillermo Francos, y de su par de Economía, Luis Caputo, expresa que “el sector público nacional deberá negociar los Convenios Colectivos de Trabajo de su personal dentro de su presupuesto disponible, en el marco de la ley 27.701, cuya vigencia fuera prorrogada a través del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, y la Decisión Administrativa 5 del 11 de enero de 2024, tendiendo a la racionalización de los recursos del Estado nacional”. La norma está encuadrada en los “lineamientos” que el gobierno de Javier Milei determinó con la finalidad de “optimizar recursos” y “tornar más eficiente el actuar del Estado” en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según quedó establecido en el Boletín Oficial. Según pudo saber Política del Sur, esta decisión hace que “todos los organismos y áreas del sector público tengan una pauta común para el uso de los recursos que asigna el Estado ya que tanto el Estado como las empresas públicas se encuentran en situación crítica”.

La noticia generó alarma entre los trabajadores, y la reacción de los gremios. En este sentido, en ATE están analizando el impacto de la medida, en medio de la tensión que crece por la paritaria que no se termina de convocar por parte del Gobierno nacional. “Lo estamos evaluando, porque a la pérdida del poder adquisitivo que nosotros venimos evaluando hay que sumarle el uso del presupuesto del año pasado”, le dijo a Política del Sur un dirigente del gremio estatal, donde no ocultan su enojo porque además de las consecuencias se enteraron al leer el Boletín Oficial. El mismo dirigente recordó que “el presupuesto para recursos humanos siempre está por debajo de lo que se necesita para pagar sueldos, siempre los gobiernos terminan pidiendo ampliaciones del presupuesto para cumplir los incisos del personal de la Ley Marco y los contratados”. Más allá de que están esperando tener mayores definiciones, en el gremio estatal coinciden que “esto le pone un techo a las paritarias, a la posibilidad de recomposición salarial y además limita la posibilidad que los trabajadores y sus familias lleguen a las canastas de productos y servicios”. Todo esto en un contexto de crisis económica y social que alarma: “si el Gobierno libera todas las variantes de la economía, aumentan los servicios, como el transporte, ya no será necesario que los gremios salgan a plantear medidas de fuerzas, porque la gente no va a poder ir a sus lugares de trabajo”.

 

En tanto, la conducción del gremio y varias seccionales están preparando medidas de fuerza para combatir esta medida que afecta las futuras negociaciones salariales. “La Decisión Administrativa 28/24 pone fin a las paritarias libres en el Estado”, dijo Rodolfo Aguiar, titular nacional el gremio. “Sepan que desde ATE no vamos a aceptar negociar salarios con el presupuesto 2023. No sueñen con que aceptemos ninguna propuesta de incremento que se ubique por debajo de la evolución de los precios. Rechazamos la pretensión de licuar nuestros salarios vía inflación”, agregó el dirigente. En este sentido, hubo quejas porque esto genera “más ajuste”, que incluye “reducción de ministerios, despidos, revisión ilegal de contratos, quita de adicionales y ahora una rebaja salarial”. “Los estatales no somos la casta”, finalizó Aguiar. Por su parte, Daniel Catalano, titular de ATE Capital, adelantó que “estamos obligados a movilizarnos porque el salario no alcanza, porque la paritaria del 16 por ciento es realmente una burla para los laburantes con una inflación del 25 por ciento, así que en estos días se van a resolver medidas de acción directa, en cada ministerio estamos llevando adelante medidas fuertes”. “El Gobierno insiste en que el Estado va a funcionar con el presupuesto 2023 y ahí el problema que tenés es que ese presupuesto está un 213 por ciento de inflación abajo, más la inflación de enero y febrero, por lo que desde esa perspectiva el presupuesto te alcanza sólo para medio año de funcionamiento”, cerró el dirigente.

La extensión del presupuesto 2023 genera los problemas denunciados por los gremios, por los efectos de la inflación. Pero incluso ese proyecto de ley ya venía con problemas. Según un informe del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE lanzó un nuevo documento en el que se analizan el cierre fiscal 2023, caracterizado por “una caída de recursos, mayor ajuste y aumento del peso presupuestario de la deuda, junto a la presentación de la propuesta de un feroz ajuste sobre las cuentas públicas que efectuará el ministro de Economía en 2024”. En este sentido, el reporte confirma que “el pago de intereses de la deuda ascendió en 2023 a un extraordinario $6.183 mil millones, equivalente a 3,3 por ciento del PBI, registrando un fuerte incremento con respecto al ejercicio 2022 cuando había alcanzado el 1,8 por ciento PBI”. En cuanto a los sueldos, “la masa pagada de remuneraciones de la administración pública nacional logró mantener el signo positivo con relación al ejercicio 2022”. “Para alcanzar el equilibrio, el resto del ajuste provendrá -según lo anunciado- de una reducción del gasto primario”, concluyó la entidad. Este número debe estar, al parecer, cercano al 3,5 del PBI.

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