Por: Diego Lanese

Durante los días que duró la discusión por la llamada Ley Ómnibus, hoy caída por la falta de consenso entre el Gobierno y algunos sectores opositores, en las inmediaciones del Congreso el Ministerio de Seguridad dispuso una virtual militarización, que finalizó con varias jornadas de violenta represión, que fueron denunciadas por los organismos de Derechos Humanos y los propios legisladores, que incluso trataron de frenar una de las sesiones. La idea de poner en marcha el ya famoso “protocolo anti piquetes” hizo que Patricia Bullrich, responsable principal de esta movida, llenara de agentes de fuerzas federales la zona, lo que terminó con graves ataques a manifestantes, diputados que bajaron a pedir el fin de los ataques y periodistas que trabajaban en el lugar. Esta semana, se conoció un informe que relevó lo que pasó en estos días y denunció “detenciones arbitrarias y heridos” por el accionar policial. Además, otro trabajo apuntó al uso de “elementos de tortura”, como se calificó al “gas amarillo”, una nueva versión del gas pimienta que además de los ya conocidos efectos genera quemaduras químicas graves y muy dolorosas. De este elemento fue víctima una dirigente sindical docente de la Ciudad de Buenos Aires.

La crisis económica y las medidas del Gobierno nacional generaron un aumento de la conflictividad, y entre gremios y movimientos sociales temen que haya una “salida represiva”, que termine de complicar el panorama. En este sentido, lo que pasó en los últimos días en el Congreso le da valor al temor de los sectores movilizados. Sobre todo porque en varios de ellos la Policía Federal y la Gendarmería protagonizó una fuerte represión, lo que se vio injustificado y desmedido, y que fue denunciado por diversos sectores. Para intentar frenar este clima, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) elaboró un informe que elevó a diputados nacionales, donde describe lo sucedido en las inmediaciones del palacio legislativo. Según se confirmó, en la primera semana de discusión de la Ley “Bases” se produjeron al menos “23 detenciones arbitrarias, 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes”. Esto incluye a “35 periodistas y cinco referentes de derechos humanos” que sufrieron agresiones policiales”. El reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, recalcó que estos hechos “no respondieron a agresiones de parte de los manifestantes, ya que estas no existieron incluso en los momentos de mayor violencia policial, sino a la decisión de las fuerzas de seguridad de despejar la circulación para vehículos en las calles Rivadavia y Entre Ríos-Callao o Hipólito Yrigoyen, aplicando la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación que implementa el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación conocida como ‘protocolo Anti-piquetes’”.

Compartimos la presentación y el informe completohttps://t.co/iRe37PqTwg

— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) February 5, 2024

Sobre las detenciones, la CPM sostuvo que “pese a tratarse preponderantemente de manifestaciones pacíficas, las fuerzas de seguridad detuvieron durante los tres días a 23 personas, -6 el primer día, 3 el segundo y 14 el tercero-, la mayoría por el delito de resistencia a la autoridad previsto en nuestro Código Penal”. La entidad admitió que “en la jornada del 2 de febrero, donde hubo quema de contenedores por parte de un reducido número de personas que estaban en la plaza, no hubo ninguna acción por parte de las fuerzas policiales para detenerlos in fraganti y evitar los daños”. Por el contrario frente a dichas actividades iniciadas sobre Avenida de Mayo, “las fuerzas procedieron a retirarse del lugar dejándolos actuar”. En cuanto a los heridos, según lo informado por la Posta Sanitaria instalada en la Plaza del Congreso por profesionales de la salud, en esos días se atendieron “personas afectadas por gas pimienta u otros tóxicos, heridas por disparos de armas de fuego con balas o postas de goma o con hemorragias y traumas de diferente entidad”. “A una persona un perdigón le perforó al lado de carótida, a otras les impactaron en oídos. Varias personas heridas por arriba de las tetillas. Un jubilado debió ser trasladado por el SAME a un hospital. También se relevaron casos de gas pimienta aplicados en la boca”, fueron algunos delos casos más graves. Además, Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, recibió un disparo de bala de goma en el ojo y peligra su visión.

Ante la evidencia de la represión, la comisión que integran entre otros Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, les reclamaron a los diputados que es preciso adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, teniendo en cuenta que se continuará con el tratamiento de la ley mencionada en los próximos días. Todo ello considerando su afectación al Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”. En tanto, la CPM se ofreció para presentar el informe de manera presencial en cualquier ámbito pertinente. Uno de los temas que alarma es el uso de un nuevo elemento, el llamado “gas amarillo”, que es una especie de gas pimienta más fuerte. Así lo denunció la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que afirmó que el uso de químicos durante la represión de la semana pasada es “un elemento de tortura”. Muchos manifestantes afectados por estos elementos denunciaron que además de los tradicionales síntomas del gas, se produjeron graves quemaduras, por productos químicos, que provocan intenso dolor en la zona afectada. El gremio Ademys denunció que su secretaria General, Mariana Scayola, fue atacada con este elemento y sufrió heridas de consideración.

Reprimen a Mariana Scayola, Secretaria General de nuestro sindicato
BASTA DE REPRESIÓN
NO AL PROTOCOLO DE @PatoBullrich pic.twitter.com/JsYjRU0B1e

— Ademys (@AdemysPrensa) February 1, 2024

La denuncia hace eje en la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación y adjunta la información recabada por las organizaciones in situ. En este sentido denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de “un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, califica como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”. Es por esto que “resulta imprescindible determinar qué autoridades, del Ministerio de Seguridad de la Nación u otras áreas, han autorizado su uso, lo que implica su previa adquisición por parte del Estado Nacional y /o de la Ciudad, así como los protocolos de su uso comunicados a las fuerzas que los vienen empleando en perjuicio de la población”. En la denuncia se indica que "nos encontramos ante una grave situación de Violencia Institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.