jueves 29 de febrero de 2024 - Edición Nº1912

Gremiales | 5 feb 2024

CONFLICTIVIDAD

La CGT repudió la represión y analiza los pasos a seguir luego de la aprobación de la Ley Ómnibus

La central obrera analizará el impacto de la ley en los próximos días, donde no se descarta e hable de un nuevo paro nacional. Además, junto a las dos fracciones de la CTA repudiaron la represión en los alrededores del Congreso, cuando se sesionaba.


Tras la aprobación que tuvo a nivel general el proyecto de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y de cara al tratamiento artículo por artículo, la mesa de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá esta semana para analizar y discutir la continuidad del plan de lucha contra las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Además, la central obrera rechazó la represión que se vivió en los alrededores del Congreso durante toda la semana, en especial el viernes pasado, cuando sesionaba la cámara baja. La respuesta del gobierno fue adelantar que tiene cerca de 2 mil denuncias respecto de coacciones que se sufrieron por parte de personas y empresas en el marco del paro nacional de las centrales obreras y movimientos sociales.

 

Sobre esta reunión, el diputado nacional y secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario Manrique, contó que en el encuentro se debatirán los pasos de la central obrera y confirmó que se contempla la posibilidad de realizar un nuevo paro general como el del 24 de enero. "Analizaremos si amerita realizar una huelga general por 24 horas con movilización. La decisión de resistir ya está tomada y así va a ser. Debemos ser inteligentes y saber cómo y cuándo. Que la gente se quede tranquila que la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales no van a permitir que el Gobierno siga adelante de esta forma", expresó Manrique.

De esta manera, el referente de SMATA ratificó las palabras del secretario general de adjunto de Camioneros y cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, quién días atrás había señalado que los sindicatos están contemplando un nuevo paro. puede haber un paro y movilizaciones. "No le voy a poner fecha ahora, pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", aseguró el referente de Camionero durante una entrevista radial.

 

Mario Manrique fue una de las víctimas de los tres días de represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que se concentraron en la plaza del Congreso en rechazo del megapaquete de medidas del gobierno libertario. El jueves pasado, cuando un grupo de legisladores de Unión por la Patria salió del recinto para interceder en el violento ataque contra jubilados, periodistas y manifestantes, un gendarme golpeó al diputado y gremilaista con su garrote en la cabeza. "Es así como ellos tienen armadas las cosas. El Gobierno es consciente de que los que está haciendo está por fuera de toda cuestión reglamentaria, legal y moral. Todo lo quiere imponer en base a extorsiones y aprietes que sufrieron los gobernadores para que obliguen a sus diputados a votar a favor de esta ley. Todo lo que a ellos no los representa va a ser reprimido en este país. No importa si es un ciudadano común, un funcionario, no importa nada", manifestó Manrique en relación al accionar represivo del gobierno. "El gobierno es consciente de que esta ley y el DNU van en contra de todos los intereses del gran pueblo argentino. Está armado en beneficio de una minoría y eso va a traer conflictividad, por eso se están preparando para la conflictividad", agregó el diputado.

 

En este sentido, la CGT y las dos fracciones de la CTA repudiaron enérgicamente la represión policial registrada en la jornada de este jueves en alrededores del Congreso de la Nación contra manifestantes que protestaban en rechazo a la ley ómnibus. En sendos comunicados, las centrales sindicales apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsable de la violencia y situaciones de tensión acaecidas que tuvieron como saldo decenas de heridos. “El despliegue de fuerzas federales amedrentando la libertad de protesta de Patricia Bullrich solo pretende ocultar lo verdaderamente importante que es la discusión legislativa. Mientras tanto los argentinos/as están inseguros en los barrios de Argentina”, señaló la CGT a través de su cuenta oficial en la red social X.

En tanto, la CTA de los Trabajadores responsabilizó a la ministra Bullrich “por este espantoso espectáculo represivo que bsuca impedir a sangre y fuego la libre expresión de la ciudadanía”. “Ninguna ley puede ser aprobada a fuerza de suprimir las libertades constitucionales. Llamamos a cesar inmediatamente el accionar represivo”, expresó la CTA que conduce Hugo Yasky. Por otro lado, la CTA Autónoma condenó los hechos y se declaró en “estado de alerta y movilización ante el atropello a la democracia manifestado con la salvaje represión perpetrada por la ministra Patricia Bullrich al pueblo que se movilizó al Congreso para defender los derechos conseguidos”. “Denunciamos el operativo absolutamente desmedido que terminó con heridos por balas de goma, quemados por el gas pimienta y detenidos. Además, hubo periodistas heridos y gases a diputados que bajaron del recinto y se acercaron a la plaza ante la represión de quienes legítimamente nos estábamos manifestando”, sostuvo en un comunicado la central que lidera Hugo “cachorro” Godoy.

 

Denuncias

 

En tanto, casi como una respuesta a estas críticas y la posibilidad de otro paro, el ministerio de Capital Humano presentó hoy ante la Justicia más de 1.800 denuncias de “extorsión” y “amenazas” llevadas a cabo por parte de “referentes de agrupaciones” para “obligar” a asistir a diferentes personas a la movilización convocada por la CGT el pasado 24 de enero. La cartera que conduce Sandra Pettovello informó, a través de un comunicado de prensa, que las denuncias fueron realizadas en la línea 134 durante la jornada de protesta que convocó la central obrera.

 

El documento fue presentado ante el juzgado federal N°8 y contiene “1806 denuncias de personas que manifestaron estar expuestas a extorsiones y maltratos por parte de los referentes de las agrupaciones a las que pertenecen, quienes los obligaron a asistir a las marchas y movilizaciones”. Entre las principales personas que denunciaron ante la cartera este tipo de acciones se encuentran “beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que tuvieron que ir a las concentraciones bajo la amenaza de quitarles el plan o no certificar su día de trabajo”. También consta en la presentación que “algunos referentes retienen el 2 por ciento de su asignación o los obligan a colaborar con aportes económicos de entre 2 mil y 5 mil pesos en concepto de apoyo al movimiento”.

En el parte de prensa, el ministerio asegura además que se recibieron “denuncias de personas que figuran como empleados públicos, pero que no trabajan”. “Tienen sueldos cercanos a los 600 mil pesos, pero solo reciben alrededor de 80 mil pesos, ya que el resto queda en manos de un ´apoderado´ que firma sus recibos de sueldo y el presentismo”, manifiestan desde el ministerio que encabeza Pettovello. A su vez, la cartera afirmó que otro de los denunciantes “manifestó trabajar en una cooperativa que recibe mercadería del Ministerio de Capital Humano con la que arman bolsas para vender a 3500 pesos”.

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