martes 23 de julio de 2024 - Edición Nº2057

Gremiales | 3 nov 2023

ANÁLISIS

La crisis golpea fuerte a las obras sociales sindicales y amenaza el pacto Massa-CGT

La suba de las prestaciones para discapacidad jaquea las cuentas de las entidades, que además sufren por problemas de atención de sus afiliados en áreas claves como las farmacias o los laboratorios. El sistema podría colapsar en breve y pondría en juego la relación con el hipotético gobierno massista.


Por: Diego Lanese

A mediados de año, un informe de la secretaría de Acción Social de la CGT estableció que el déficit de las obras sociales sindicales alcanzaba los 123.610 millones de pesos, lo que tiene en jaque al sistema de la seguridad social. El trabajo, a cargo del “ministro de Salud” de la central obrera José Luis Lingeri, fue presentado a Sergio Massa en los primeros encuentros que tuvieron con la dirigencia cegetista, con algunos pedidos concretos. De esa negociación, dicen algunas voces, salió el apoyo sindical a la candidatura presidencial, que hoy se despliega en todo el país con gran visibilidad. Pero las respuestas a la crisis de las entidades de salud no llegaron tan concretas, y hoy la situación sigue igual de delicada. O tal vez más. Es que algunas áreas de atención están colapsando de la mano de la crisis económica y la inflación sin control, y directamente amenazan con dejar sin atención a millones de afiliados y sus familias. Si no se termina de forjar una respuesta a este tema, algunos dirigentes ven una “difícil convivencia” con el próximo gobierno, incluyendo si es Massa el presidente. Por eso esperan el momento adecuado para volver a reclamar un compromiso para que los fondos necesarios para salir de la asfixia lleguen de una buena vez. Por lo pronto, en el presupuesto 2024, en plena elaboración, no hay señales de una solución de fondo.

 

Según la CGT, en el país hay unas 288 obras sociales de sindicatos, que atienden a junio del 2023 uno 14.244.066 beneficiarios. Según los datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el 70 por ciento de los afiliados se concentra en 40 entidades y el 75 por ciento de ellos se encuentra en cinco jurisdicciones principales: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Desde hace años, el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera este valor promedio de ingreso que reciben, lo que indica que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logran cubrir este costo, generando el “rojo” denunciado por el informe. La mayor cantidad de recursos que potencian este preocupante pasivo está vinculada con las prestaciones por discapacidad. Según el informe de la CGT, las obras sociales atienden a unas 99.843 personas con discapacidad, con un gasto per cápita promedio de 131.052 pesos. “Es importante destacar que el 47 por ciento de este gasto corresponde a educación y transporte, prestaciones no directamente relacionadas con situaciones sanitarias”, marcó el reporte. Por eso cuando se reunieron con Massa, los dirigentes reiteraron que esos gastos los asuma el estado nacional, una promesa varias veces realizada, incluso por el candidato, que no termina de cumplirse.

Esta semana, se conocieron datos de la cobertura de la seguridad social respecto de la discapacidad, que muestran el peso que tienen, y que reavivaron el malestar entre los dirigentes sindicales. Según los datos de la SSS, en octubre el gasto en servicios para discapacitados marcó este mes un nuevo récord y representó casi nueve de cada 10 pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), entidad cuyos recursos cubren las emergencias de las obras sociales y que administra el Estado, y que desde hace años es el “botín de guerra” en la disputa. “En octubre el rubro discapacidad insumió 29.300 millones de pesos de un total de 34 mil millones de pesos que ingresaron al FSR”, explicó el resumen, al que tuvo acceso Política del Sur. Hay que recordar que antes de las PASO, Massa confirmó un desembolso comprometido de 20 mil millones de pesos correspondientes a aportes directos no reembolsables del Tesoro nacional con destino a las obras sociales. Luego de ese giro, se cerró el grifo de los recursos.

 

A esto se le suma un nuevo inconveniente surgido esta semana, vinculado a la provisión de medicamentos. Este 1° de noviembre venció el acuerdo con los laboratorios para mantener el precio de los medicamentos por debajo de la inflación. Sin nuevo convenio, desde ese día comenzaron a llegar listas actualizadas, con subas que van del 10 al 20 por ciento, llegando incluso en algunos casos a más de ese valor. Esto disparó la alarma de las farmacias, que venían sufriendo problemas en la entrega de tratamientos. Desde que comenzó esta escalada de valores, en muchas zonas se experimentaron problemas de abastecimiento, por lo cual las entidades pidieron que se mejoren los tiempos de pago –que pueden superar los 60 días desde que se dispensa la receta –y se baje las bonificaciones (descuentos) que se hacen para atender la seguridad social. El pedido de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) se hizo ante el PAMI, pero de fondo incluye a obras sociales sindicales y prepagas. Por eso, en las provincias no se descarta que se corten algunos servicios, hasta que se estabilice el precio de los remedios y se mejoren los tiempos de pago. Incluso, como pudo saber Política del Sur, en farmacias de la provincia de Buenos Aires desde el Colegio de Farmacéuticos recomendaron no realizar descuentos hasta que haya definiciones al respecto.

Si se confirman las limitaciones en descuentos, millones de afiliados de las obras sociales sindicales deberán pagar la totalidad de los tratamientos, lo que es un dolor de cabeza para la dirigencia gremial, que sabe el impacto de los descuentos en el bolsillo de los trabajadores y sus familias. Una advertencia similar se hizo en la provincia de Buenos Aires al IOMA, la obra social estatal. El pedido es similar al realizado a nivel nacional: bajar el plazo de pago y bajar los descuentos que deben absorber los locales minoristas. En este sentido, Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata sostuvo que IOMA, la obra social con mayor presencia de afiliados en la región, paga la prestación que realizan a 90 días, cuando las droguerías exigen que las obligaciones se salden a 15 días. “En este contexto tan inflacionario no llegamos a pagar a las droguerías y si cortan el abastecimiento, ya no podremos reponer los medicamentos”, alertó.

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