Durante un operativo en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, que incluyó un allanamiento en Temperley, detuvieron a "El Croata" Ivo Rojnica, presunto responsable de la mayor "cueva" de compraventa de dólares porteña, y otro financista que sería parte de la misma banda. Ambos están acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

La investigación, iniciada hace cinco años, está a cargo del juez Federico Villena, del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, se llevó a cabo en busca de desbaratar una organización delictiva que operaba en el país con el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas del cártel mexicano de Sinaloa, entre otras.

Los sospechosos tras las rejas estarían vinculados a una operación narco descubierta en 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, denominada por las autoridades como "Bobinas Blancas".

El rol del "Croata" y de su supuesto cómplice, consistía en lavar el dinero ingresado a Argentina para financiar dicho negocio criminal. Se trataba de casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Los voceros consultados aclararon que esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto al empresario Federico Pulenta y al financista Agustín Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, y que buscan confirmar, es que los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue".

El principal acusado fue apresado en su domicilio del barrio cerrado "El Golf", de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.

En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado "El Encuentro", de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.

Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual funcionaba una oficina satélite de la cueva de "El Croata", situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472,en Temperley donde se halló dinero y armas, entre ellas cinco pistolas, tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter, y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.

En 2017, la DEA (Drug Enforcement Administration) alertó a las autoridades nacionales sobre una operación de narcotráfico financiada por el cártel de Sinaloa, que iba a traficar cerca de dos toneladas de cocaína desde el puerto de la ciudad bonaerense de Campana rumbo al Barcelona, España, en bobinas de láminas de acero.

Establecieron entonces que para la logística de esa operación se ingresaron al país 500 mil dólares a través del operador de Bitcoins, Emanuel García, condenado en 2021 a 5 años de prisión, quien los cambió por efectivo en una "cueva" relacionada con los ahora detenidos.

Si bien esta investigación por el lavado de activos de los narcos comenzó en el 2017, en las últimas semanas, a raíz del allanamiento en la "cueva" que se le atribuye a "El Croata" dispuesta por el juez Martínez De Giorgi en la otra causa, se detectaron algunos movimientos y escuchas que derivaron en los procedimientos ordenados por el juez Villena.

Por tal motivo, el ciudadano croata, que no estaba detenido en la otra causa por entender el juez que no existían riesgos procesales, ahora sí quedó tras las rejas a disposición de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

La operación "Bobinas blancas", que desbarató la maniobra narcorciminal del cártel de Sinaloa en Argentina, se realizó el 18 de abril de 2017, luego de que la DEA aportó los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y la dirección del depósito de Bahía Blanca donde se preparaba la droga, que fue allanado por orden del juez federal de Campana Adrián González Charvay, lo que derivó en siete detenciones y el secuestro de 1.376 kilos de cocaína en Bahía Blanca y otros 486 kilos en Luján de Perdriel, provincia de Mendoza.

Durante esa investigación, se logró determinar las responsabilidades de siete personas encargadas de llevar adelante la operación en Argentina, entre ellas tres de nacionalidad mexicana, quienes fueron condenadas en septiembre de 2021 a penas de entre 5 y 15 años de prisión.