sábado 20 de julio de 2024 - Edición Nº2054

Gremiales | 5 sep 2023

INFORME ESPECIAL

El 30% de los trabajadores argentinos supera las 45 horas semanales

Son datos del Instituto de Estudios y Formación (IEF), que alertó por la sobre ocupación en el mercado argentino. Además, indagó en la informalidad de los empleados creados después de la pandemia. Si se reduce la jornada laboral, se terminaría con la desocupación.


Por: Diego Lanese

La caída de empleos durante el primer año de la pandemia condicionó la gestión del Gobierno, que suele destacar que en poco tiempo ya recuperó esos empleos y mejoran los números recibidos en 2019. Pero las características de esos trabajos son variadas, ya que en muchos casos se trata de puestos informales. A esto se le suma que por la situación económica es necesario tener más de un trabajo o superar las horas legales frente a la suba de los precios. En este sentido, un reciente informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) pone el foco en dos temas que parecen ausentes en la discusión laboral, como la jornada legal y su impacto en la desocupación, que si bien se redujo mucho en el actual Gobierno tiene un componente estructural. Para tratar de combatirlo, los especialistas de esta entidad miran “la necesidad de repartir el tiempo de trabajo, en un contexto en el cual casi tres de cada 10 ocupados trabajan por encima de las 45 horas semanales”. “Son trabajadores expuestos a un desgaste prematuro de su fuerza de trabajo a causa de la ultra explotación mediante jornadas extenuantes”, afirmó el reporte del IEF. Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas del total de sobreocupados, recalcó el trabajo, “podrían liberarse casi 2.500.000 de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo”.

 

“Si se acota el ejercicio a aquellos trabajadores sobreocupados que se desempeñan en una relación de dependencia formal, en tanto existen más mecanismos para hacer efectivos estos controles, el resultado sigue siendo contundente: la cantidad de desocupados se reduciría casi un 55 por ciento”, se agregó. Con esta medida de reducción se podría atacar el desempleo estructura, que detectó el IEF, pese a que el Gobierno suele destacar el nivel de empleo que existe en su gestión, incluso luego de la pandemia, que destruyó muchísimos puestos laborales. Pero la entidad de la CTA Autónoma toma la tasa de desempleo y de subempleo, para crear un “núcleo duro” de este problema. “La subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 16,3 por ciento de la población económicamente activa (PEA)”, destacó el informe al que tuvo acceso Política del Sur. Esto genera “presión sobre el mercado laboral”, que supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que “demandan activamente otro empleo”. Así, “la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 21,7 por ciento de la PEA”. Si se agrega a quienes, “si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupados disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 26,8 por ciento de la PEA”, bastante más que los números que suele exponer el Gobierno nacional.

 

En el país la jornada legal de trabajo es de 48 horas semanales, una de las más altas del continente y del mundo. Por eso, existen varios sectores que están pidiendo cambiar esa barrera, favorecer el reparto de horas de trabajo y proteger la salud de los empleados. El reclamo más avanzado se da en el subte, donde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subtes y Premetro (AGTSyP) viene pidiendo que se amplíe a dos los francos semanales. Si bien en este caso el pedido es para bajar la posible exposición al asbesto, la campaña puso en la agenda el tema de la larga jornada laboral en la Argentina.  Luego de varios paros y otras medidas de visibilización, se abrió un canal de diálogo entre la empresa estatal SBASE y la concesionaria Emova con los metrodelegados. Luego de dos encuentros, si bien hubo algún compromiso –como devolver los días descontados por los paros –no hay mayores avances. “No tenemos novedades, seguimos trabajando nuestro reclamo, fue importante tener esa mesa de discusión, ahora necesitamos respuestas”, remarcaron desde el gremio. Además de la lucha de los gremios, hay dos proyectos de ley en el Congreso nacional para acompañar estos pedidos. Uno presentado en el Senado, por parte del oficialista Mariano Recalde, y otro en la cámara baja nacional, que fue elaborado por el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y que por ahora espera tratamientos en las respectivas comisiones. El argumento de ambos es el mismo: la necesidad de actualizar la norma vigente y fomentar la promoción de nuevos puestos de trabajo.

 

La reducción de la jornada laboral debe venir, afirman desde el IEF, con mejoras en la calidad del empleo, que es la otra cara destacada por el informe respecto del mercado laboral. “Las dificultades que presenta la matriz productiva argentina para generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y acceso a un conjunto de derechos sociales, se han agravado en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia”, analizó la entidad. En este sentido, se alertó que “casi una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 78 por ciento corresponde a ocupaciones de baja calificación”, versus el 72 por ciento del promedio.

Por su parte, dentro del 74,3 por ciento de la población asalariada, “el 36,7 por ciento son informales, indicador que asciende al 63 por ciento para la población juvenil”. “El carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen los trabajadores”, dijo el reporte. Durante este primer trimestre de 2023, “los ingresos en promedio rondaron los 112.155 pesos mensuales”. En ese marco, “no sorprende que ambas categorías estén sobrerrepresentadas dentro del conjunto de trabajadores que están buscando otros empleos. De hecho, en conjunto representan el 72,3 por ciento de los trabajadores demandantes”.

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