Por: Diego Lanese

En varias oportunidades, el presidente Alberto Fernández destacó el crecimiento de la economía en su gestión, pese a los obstáculos que debieron afrontar, como la pandemia, la guerra en Europa o la sequía histórica. Pese a todo esto, “el país crece”, insisten en el entorno del mandatario, y se espera que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner puede potenciar esto, pero el modelo impuesto por el gobierno del Frente de Todos tiene algunas caras alarmantes, no sólo vinculado a la situación social. Los propios datos muestran que en muchos casos el aumento de la actividad es “barrani”, es decir, informal, sobre todo en el empleo. Y eso genera alarma, ya que los datos muestran que los trabajadores de la economía popular son lo que más pierden con la inflación. Además, el deterioro del poder adquisitivo y la falta de una instancia que permita discutir mejoras hace que crezca la conflictividad social, y no se descarta que el año cierre con protestas varias. Estas dos caras del modelo actual generan alarma en los gremios, que deben hacer equilibrio entre la presión de las bases y sus intenciones de garantizarle gobernabilidad a la gestión y al candidato oficialista.

Dos informes indagan en estas caras ocultas del modelo del Frente de Todos, como son la informalidad y la consecuente conflictividad. En el primero de los casos, está claro que es el motor de la creación de empleo, en un contexto donde hay un estancamiento ya histórico de la generación de empleo privado registrado, que supera la década. Según una investigación del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES (IDELAS), ya hay ocho provincias que están “cerca de alcanzar la mitad del trabajo cubierto desde la informalidad y tres que ya la superaron”. En base a datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2022, se concluyó que “hay ocho jurisdicciones con más de 45 por ciento de asalariados informales y solo seis que tienen una tasa de trabajo en negro por debajo del 30 por ciento”. “En el conjunto de la población asalariada hay provincias donde la proporción de los que obtienen sus ingresos sin estar sujetos a descuento jubilatorio, esto es, en la informalidad, supera a los que lo perciben a través de un empleo registrado, sea en el ámbito privado, o en la administración pública”, destacaron desde IDELAS, según un trabajo al que tuvo acceso Política del Sur.

En concreto, se trata de Salta (186 mil asalariados informales versus 180 mil en blanco); Chaco (143 mil vs 140 mil); y Santiago del Estero, que en realidad empata con 100 mil trabajadores en negro y 100 mil en blanco. También superan el 45 por ciento de asalariados informales las provincias de Córdoba (48 por ciento), Formosa (47 por ciento), San Juan (47 por ciento), Jujuy (46 por ciento) y Tucumán (46 por ciento). En el otro extremo, las grandes jurisdicciones con menor proporción de trabajadores en relación de dependencia no declarados IDELAS destaca a Tierra del Fuego (8 por ciento), Santa Cruz (19 por ciento), Chubut (23 por ciento), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24 por ciento) y Río Negro (24 por ciento). “La estadística oficial no avanza en el detalle de las remuneraciones por rama de actividad, pero claramente IDELAS detectó que la mayor brecha absoluta de ingresos responde a tareas de diferentes calificación profesional y clima educativo requerida, como son las actividades de la industria extractiva en las zonas patagónicas, y más artesanales y vinculadas con el empleo en la administración pública en el norte del país, principalmente”, analizó el reporte.

Que la informalidad gane terreno hace que muchos de estos nuevos empleados no estén en los convenios colectivos, que se vienen revisando intentando ganarle a la inflación. Si para los formales es muy difícil ganarle a la escalada de precios, para quienes están la economía popular –ya sean empleados en negro, cuentapropistas o monotributistas –la tarea es casi imposible. En este sentido, en su último reporte el Instituto de Estudios y Formación (IEF) afirmó que en las actuales condiciones “la conclusión parece bastante clara: el salario de los trabajadores registrados se viene defendiendo como puede, mientras que el de los no registrados se derrite”. En mayo, comparado con diciembre de 2019, “los trabajadores registrados del sector privado le empataron a la inflación; los del sector público perdieron un 4,4 por ciento y los no registrados un 18,4 por ciento”, recalcaron en la entidad, en un trabajo al que tuvo acceso Política de Sur.

🥁 En unidad con distintos sectores, la CTA y la FeNaT reclamaron medidas urgentes para recuperar los ingresos de la clase trabajadora.

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— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) May 18, 2023

“En este escenario no podría sorprender el fuerte crecimiento de la protesta social de los sectores populares, y en su interior el plan de lucha de la CTA Autónoma y de las diversas organizaciones populares que lo componen”, recalcó el informe. Este plan fue aprobado en marzo y ratificado en varias ocasiones por la conducción nacional, y tuvo ayer jueves un capítulo especial, cuando junto a organizaciones piqueteras coparon las calles y se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social. “Estamos frente al Ministerio con una agenda muy particular de todos los sectores y una consigna que nos abraza a todos y a todas: fuera el FMI, basta de hambre, basta de pobreza”, dijo en el acto central de este evento Dana Sánchez, referente de la UTEP.

Junto a gremios de la CTA, movimientos sociales vinculados a la izquierda e incluso organizaciones con funcionarios en el ejecutivo, alertaron sobre el aumento de la conflictividad. “Tenemos al fondo conduciendo nuestras economías y un gobierno nacional que se subordina y ajusta por abajo y no por arriba. Tenemos niños y niñas muriendo por desnutrición y una ministra que se indigna de ver a las mujeres luchando con las niñeces”, dijo Sánchez. Por esto, se destacó la “unidad en acción”, que puede profundizarse si el modelo sigue avanzando, y el malestar, que existe en el oficialismo, crece.