Por: Federico Cedarri

El kirchnerismo no aminora la presión que ejerce casi de manera asfixiante sobre el presidente Alberto Fernández al cual le viene exigiendo cada vez con mayor asiduidad que dé indicios de que se va a correr sin más de su aspiración reeleccionista.

Si bien el objetivo central de los seguidores de la vicepresidenta Cristina Kirchner pasa por retener la provincia de Buenos Aires tampoco descuidan los mecanismos de despegue de las políticas del Gobierno nacional.

Las encuestas que a diario le llegan al entorno de la Vicepresidenta muestran el desencanto por el que atraviesan muchos votantes del Frente de Todos a raíz de un espiral inflacionario que ha corroído los ingresos.

El kirchnerismo comenzó oficialmente el distanciamiento del gobierno de Fernández, más allá de algunas escaramuzas preliminares durante el trazo más grueso de la pandemia, cuando el otrora ministro de Economía Martín Guzmán pidió al Congreso Nacional que ratificase el pacto con el FMI y Máximo Kirchner dejó la presidencia del bloque oficialista en señal de disconformidad y delimitó raudamente su pertenencia al Gobierno.

Se puede decir que a partir de aquel hecho medular el cristinismo dejó huérfano de apoyo al Presidente lo que contribuyó significativamente a acentuar el deterioro del Ejecutivo al perder la principal base de sustentación.

En ese menester el líder de La Cámpora sigue ofreciendo gestos diferenciadores contra el gobierno de Alberto Fernández, el reciente 1 de marzo dejó la silla vacía y no concurrió al Congreso a escuchar la alocución presidencial.

En rigor, el kirchnerismo mantiene un pacto tácito con Sergio Massa por lo cual no se espera que esmerilen al tigrense como sí lo hicieron con su predecesor Martín Guzmán, aunque bucearán en un camino intermedio buscando enarbolar un discurso que apunte a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La idea de la Vicepresidenta apunta a hacer equilibrio y no patear el tablero con el titular de Hacienda, pero al mismo tiempo busca reinstaurar una épica para preservarse de las esquirlas por el descontrol inflacionario y de paso consolidar el tono crítico hacia el trato con el FMI.

En ese sentido, Máximo mantuvo recientemente en Ensenada un encuentro con sindicalistas afines como el maestro Hugo Yasky, el metalúrgico Abel Furlán, el titular de Trabajo de Axel Kicillof, Walter Correa, y el canillita y flamante presidente del Milrayitas, Omar Plaini, donde se habría acordado volver a la carga por una suma fija para equiparar los salarios con los niveles inflacionarios.

Retórica distributiva

Consciente de que la coalición de gobierno dista de cumplir las expectativas que alumbraron su llegada al poder en 2019, el núcleo duro que rode a Cristina se pone el overol electoral y busca recomponer los ingresos apostando a un cambio en las expectativas mediante una retórica discursiva propiciando una justa redistribución de los ingresos.

En rigor, exigirán al Ejecutivo avanzar no solo con la puesta en marcha de una suma fija para equiparar los salarios más atrasados sino que peticionarán que se practique con mayor periodicidad los ajustes de la suba del salario mínimo y la actualización de las escalas de Ganancias para arropar al votante de clase media.

El kirchnerismo busca posicionarse en defensa de los asalariados que ven a mes a mes ver caer sus ingresos por la aceleración de la inflación,  especialmente desde mediados del 2022 con el cimbronazo de la renuncia de Martín Guzmán.

La suma fija es una idea que emerge de las usinas del Instituto Patria y que tiene como premisa básica apuntalar el consumo con el consiguiente impacto en la reactivación del mercado interno.

La prisa del kirchnerimo por posicionar en la opinión pública esta petición encuentra sustento en los estudios de distintas consultoras que auscultan la situación social y que concluyen que más del 50% de los trabajadores formales no llegan a cubrir el costo de la canasta básica.

Es por eso que le espetan al gobierno de Alberto Fernández que tome medidas con celeridad para revertir tal deterioro y trastocar el estado de disconformidad que la mayoría de las capas sociales trasunta hacia el Gobierno nacional.

El inconveniente con el que tropieza el cristinismo para imponer el criterio de una suma fija para equiparar el poder adquisitivo con la inflación es la cerrada oposición, no solo del Gobierno nacional que viene resistiendo tal medida desde el Ministerio de Trabajo que conduce Kelly Olmos, sino también de la Confederación General del Trabajo que cuestiona que tal metodología conspira contra la pirámide de los ingresos achatando la escala salarial.

Los gordos tampoco quieren perder la influencia que ostentan en las decisiones sobre política remunerativa con el Gobierno y ponen énfasis en que las discusiones salariales de los trabajadores registrados deben celebrarse únicamente en el marco de las paritarias de cada sector.

El moyanismo encarnaría el sector intermedio en esta puja distributiva, ya que si bien reivindican la negociación colectiva como la herramienta determinante que tienen los trabajadores para lograr sus reivindicaciones, no ven con malos ojos que aquellos sectores con poca incidencia sindical y donde los ingresos se mantengan por debajo de la línea inflacionaria puedan estar propensos a recibir una suma fija que equipare el salario ante el aumento del costo de vida.