Por: Federico Cedarri

Durante los idus de diciembre del 2022 mientras se discutía acaloradamente cada centavo del cálculo de recursos para el año 2023 en la provincia de Buenos Aires los alcaldes de distintos municipios de Juntos, y también del peronismo, enrostraban su fastidio por la merma de recursos que le deparó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que se adoptó para coparticipar recursos a las comunas.

Ante esa queja que alumbraba como perniciosa para la aprobación del presupuesto 2023 es que se llegó a un acuerdo con el ministro de Economía, Pablo López, para la confección de una banda de cinco puntos hacia arriba y abajo que no se podrá traspasar para evitar que los municipios sufran pérdida significativa de dinero.

Si bien se votó por mayoría el cálculo de recursos, la insatisfacción de los intendentes de Juntos no se apagó y se han quejado insistentemente por los parámetros utilizados en la conformación del CUD.

Desde la oposición sostenían que algunos distritos peronistas habían transferido servicios de salud a la provincia y eso les debería haber restado alrededor de 15 puntos, pero al establecerse la pauta de cinco puntos esa disminución se amortiguó.

El Coeficiente Único de Distribución (CUD) determina que la repartija de un 37% se destina a municipios con establecimiento de salud, un 5% a municipios con servicio sociales transferidos  y el 58% restante se descompone de la siguiente manera: un 62% tomando en cuenta la población, 23% por la capacidad contributiva per cápita y un 15% basado en la superficie del distrito.

Cuando todavía no se acallaban las quejas de los alcaldes juntistas estalló una nueva polémica en torno al CUD provincial al conocerse los datos del censo 2022.

Es que, según denuncian desde la oposición, la distorsión aparente entre los números tomados para la elaboración del Presupuesto provincial y los disparados por el censo 2022 traen aparejados perjuicios a los distritos del interior provincial.

En un pedido de informes elevado por la bancada de Juntos en el Senado bonaerense que lleva la firma del monzonista Marcelo Daletto, pero que cuenta con el apoyo univoco de la bancada que ahora conduce el marplatense Alejandro Rabinovich, despotrican contra el Ejecutivo bonaerense al asegurar que según el censo 2022 la población de La Matanza es de 1.837.774 mientras que lo proyectado en 2022 para elaborar el CUD fue de 2.374.149 y contraponen el caso de General Pueyrredón, que gobierna el larretista Guillermo Montenegro, que según el relevamiento censal tiene 682.605 habitantes y para calcular el CUD la provincia utilizó un parámetro de 662.430 personas.

Los legisladores opositores exigen que se proceda a realizar una inmediata rectificación en las planillas de cálculos y se priorice una justa distribución de los recursos de acuerdo a los datos que arrojó el censo 2022.

“El excedente que han recibido en estos años algunos distritos del conurbano bonaerense que maneja el peronismo ha sido en desmedro de las comunas del interior y especialmente las gobernadas por Juntos", se quejó ante PDS un legislador provincial amarillo.

“Está claro que esos recursos que recibieron no los han usado para mejorar la infraestructura ni reducir los índices de inseguridad”, remató.

Provincia descarta de plano una modificación presupuestaria

Pese a los pataleos de los alcaldes de Juntos por las eventuales desavenencias entre los números proyectados para el presupuesto 2022 y los datos que se trasparentaron del censo, la provincia se limita a señalar que los guarismos que se contemplaron fueron los que se tenían a disposición por las mediciones oficiales del INDEC.

“Es muy ridículo lo que peticionan desde Juntos ya que no podíamos esperar hasta el 2023 para conocer los resultados del censo y después elaborar el presupuesto”, relativiza un legislador peronista ante este portal.

Y agregó: “La norma votada fue analizada por los legisladores de ambos bloques mayoritarios y estuvieron todos de acuerdo, no pueden venir ahora dos meses después a querer cambiar las condiciones”.

Así las cosas, lo que queda claro es que la administración de Axel Kicillof respetará lo votado por la Legislatura y niegan rotundamente que se analicen cambios presupuestarios en la asignación ya pactada de los recursos.

La herida abierta entre el Gobernador bonaerense y los intendentes de Juntos amenaza con nuevos capítulos sobre todo en un año en el que la coyuntura electoral teñirá todos los ámbitos de la discusión política.

“Son habituales las rencillas que se desenvuelven en cada año electoral y que ya padecimos en el 2021 con el intento de esmerilamiento constante”, soltó otro legislador justicialista a este medio.