Por: Federico Cedarri

La Legislatura bonaerense atraviesa una etapa de reposo propiciada por el receso estival y la finalización del período ordinario.

Si bien se espera un crecimiento mesurado de la actividad debido fundamentalmente al año electoral que tradicionalmente ralentiza el normal funcionamiento de la casa de leyes provincial, también es concreto que la Corte Suprema de Justicia encomendó a los legisladores dar una solución política de carácter perentorio a la cuestión referida a la reforma previsional del Banco Provincia.

Vale recordar que el máximo tribunal se encuentra a un ápice de declarar la inconstitucionalidad de la reforma votada en 2017 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la misma  relegó a los pasivos del beneficio del 82% móvil llevándolo al 73%, extendió la edad jubilatoria de la mujer hasta los 65 años y puso como garantía del déficit de caja  a las utilidades del Banco.

Ante esta peculiar situación, Kicillof buscó adelantarse a los acontecimientos y consensuó con Sergio Palazzo de La Bancaria una nueva reforma  que contempla la restitución del 82 % móvil y retoma el beneficio de la edad jubilatoria para la mujer a los 60 años.

Del mismo modo, el proyecto que mandó el Ejecutivo a la Legislatura destaca que el pasivo de caja será enjugado con el aumento de aportes de los trabajadores formales y la provincia desembolsará otro tanto de los recursos que serán retirando gradualmente a medida que vaya zanjándose el desfasaje del sistema previsional.

En esa línea había cierto consenso ante la presión de la Corte por avanzar con este proyecto, pero apareció en escena un informe del ex ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza que llegó a manos del ex presidente Mauricio Macri y éste ordeno tajantemente a sus legisladores que no votasen la propuesta debido a que compromete recursos bonaerenses en una caja de jubilados que definió como de privilegiados.

La proliferación de una retórica vintage noventista que hace mella en sectores decepcionados de la política contribuyó a  empiojar lo que se había acordado con el oficialismo.

Los legisladores radicales en solidaridad con sus socios políticos prefirieron acompañar la postura del PRO de rechazo para evitar un nuevo conflicto político que sacudiera a la fuerza opositora como aconteció cuando votaron divididos el proyecto de reelección de intendentes.

Sin embargo, la postura radical también rechaza decididamente que el Estado provincial se haga cargo de un parte del déficit de la caja previsional y entiende que debe ser la entidad bancaria quién responsa ante el desequilibrio.

Amén de estas desavenencias que fueron frustrando el debate sobre el filo del año legislativo, es que el máximo tribunal perdió la paciencia y les conculcó a buscar un atajo en el mes de marzo para evitar expedirse y dictar un fallo de inconstitucionalidad que le generaría a la provincia una erogación de 100.000 millones de pesos,  que se sumarían a la hipotética pérdida de recursos que podría sufrir el gobierno de Kicillof si quedara firme el fallo de la Corte nacional que dispuso que se devuelvan 200 mil millones de pesos a CABA.

Esta última situación, más el desfile de medidas de fuerzas que viene desplegando los bancarios hace que la presión aumente considerablemente sobre los legisladores.

El gremio del ramo avisó que no tolerará más dilaciones y se estima que en febrero podría retomar con la senda de paros intempestivos que dificulten los horarios de atención.

Atentos a esa circunstancia es que en el oficialismo entienden que febrero constituirá un tiempo fértil para sentarse con la oposición a acordar una salida a esta cuestión que simula estar sumergida en un laberinto.

La llave radical para un acuerdo

El oficialismo sabe que será complicado vencer la postura irreductible que despunta el PRO y mucho más en año electoral.

Por lo que intentará explorar una acordada con el radicalismo que se manifestó de acuerdo con uno de los puntos del nuevo proyecto: que los beneficiarios puedan volver a regirse por la ley de paritarias del sector y sean desenganchados de los aumentos que dispone Anses, como se estableció en la reforma votada en el 2017.

Por esa ventana de espacio es que el peronismo buscará llegar a un entendimiento con los correligionarios, dando cuenta de que deberá ceder posiciones para arribar salomónicamente a una modalidad que permita paliar el déficit de la caja previsional de la entidad crediticia bonaerense.

Podría conjugarse, según pudo averiguar PDS, un mayor aumento de los aportes de los empleados formales con algún tipo de garantía de las utilidades del Banco,  reservando solo  una porción minúscula a los aportes del Tesoro provincial.

En ese caso, el oficialismo podría granjearse el apoyo correligionario y arribar al quórum de 46 diputados que le permitiría introducir la propuesta en el mes de marzo o bien generar alguna instancia de extraordinarias en febrero si se avanza en una suerte de concordancia antes del comienzo del año legislativo.

Con el calendario electoral a la vuelta de la esquina y la presión inexpugnable de la Corte respirándole en la nuca al Ejecutivo, el peronismo deberá trabajar a contrarreloj en el Parlamento para evitar un fallo que puede desembozar en una sangría de recursos que podría afectar las ansias reeleccionistas del gobernador Axel Kicillof.