La diputada nacional por el Frente de Todos María Rosa Martínez se refirió a la solicitud de juicio político por parte del Ejecutivo de la Nación contra magistrados de la Corte Suprema, a lo que marcó que: “El pedido que los diputados y las diputadas ratificamos y elevamos es justo porque hay demasiados antecedentes”.

En comunicación con Política del Sur, la legisladora indicó que primero fue "la intromisión de la corte en el consejo de la magistratura de una manera (que implicó) error tras error”. “Derogaron una ley que estaba en vigencia con una atribución del legislativo”, recordó en referencia a la ley 26080 que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura, “que se estaba aplicando hace más de seis años”.

“Y después reponer una ley que había sido derogada hace 16 años. Autodesignarse el presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura e impugnar la posibilidad de jura de todos los senadores”, enumeró.

En ese sentido marcó que el máximo tribunal de Justicia está “interviniendo en la Cámara de diputados”. “La acción tiene que ver con que a quién privilegia. En el fallo de la coparticipación se está desconociendo la ley de presupuesto”, señaló.

Martínez consideró que las filtraciones de chats “ratifican” la decisión del Gobierno. Además contó que “hubo un envío a archivo de la jueza Servini de Cubría por el tema de los audios (Entre Marcelo D’Alessadro y Silvio Robles) que dice que no había intromisión, que son reales”.

“Hay una serie de elementos realmente preocupantes que ameritan el juicio político. Nadie condena de antemano, solo iniciamos un proceso acusatorio donde se tienen que presentar pruebas, testimonios y se pueden convocar a miembros de la Corte. Hemos incorporado el fallo del dos por uno y el pedido que se considere la posibilidad del mal desempeño de la Obra Social del Poder Judicial”, cerró.