miércoles 08 de febrero de 2023 - Edición Nº1526

Gremiales | 13 ene 2023

ANALISIS

Enero empezó “caliente” en materia de conflictos sindicales y anticipa un 2023 tenso

Los pedidos para retirar la personería gremial a los portuarios rosarinos y el gremio del peaje subieron la temperatura entre los sindicatos, que anticipan que la precariedad económica y la contienda electoral serán condicionantes de un año complejo.


Por: Diego Lanese

El conflicto entre el gremio del peaje y la empresa estatal bonaerense AUBASA generó una dura crítica del referente del espacio, el ex diputado nacional Facundo Moyano, contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ser “un gorila de izquierda”, por el pedido de retiro de la personería gremial por parte de la firma al Ministerio de Trabajo bonaerense. La medida generó un fuerte repudio de todo el arco sindical comenzando por la propia CGT, que sin nombrar al mandatario provincial también rechazó la idea. En menos de 10 días, en el 2023 ya se pidieron al menos dos medidas similares, la primera contra el gremio portuario SUPA por el conflicto en el Puerto de Rosario. Esto parece anticipar un año de conflictividad en aumento, una tendencia que se venía dando a fines del 2022, ya que la alta inflación generó conflictos en el seno de las paritarias. Pero enero mostró en pocos días que el año será al menos tenso. A esto se le suma la presión que hay recuperar el poder adquisitivo perdido en este tiempo, que será parte de la discusión que también iniciará este mes “caliente”.

 

Los pedidos de retiro de la personería gremial para el SUPA y el SUTPA generaron tensión, en especial porque luego del segundo comenzaron los cruces con el gobierno provincial, responsable formalmente del pedido contra el gremio del peaje. Facundo Moyano dijo que “Ni Mauricio Macri se animó a tano”, y además se quejó que esto suceda “en un gobierno peronista”. Desde La Plata, ni Kicillof ni su entorno contestaron los dichos y en silencio dieron luz verde a las versiones de la empresa AUBASA, que además de pedir el retiro del permiso legal para operar amenazó a los trabajadores con descuentos salariales. En medio de ese clima, se decidió levantar las medidas de fuerza y esperar una audiencia para negociar. Pero el malestar entre los sindicatos no se puede ocultar. La CGT expresó su “rechazo y repudio” a la resolución de AUBASA y consideró que “este tipo de decisiones atentan contra los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores del país, desconociendo lo establecido por la Constitución Nacional, en los Convenios OIT 87 y 98 y la ley 23.551, y nada tienen que ver con la convivencia en un ámbito democrático”. Además, las confederaciones del transporte, la de los gremios portuarios y otras entidades se solidarizaron con ambas entidades.

Este clima parece ser la continuidad de como cerró el 2022, donde varios conflictos, en especial en el sector industrial, pusieron a los trabajadores en la calle. Pero en ese momento la mayoría tenía que ver por cuestiones salariales, vinculadas a las revisiones por la constante inflación. Ahora, el tema parece más de fondo, y apunta a la convivencia de la actividad sindical en un año de por si complejo por las elecciones futuras, que se enrarece además por las divisiones internas del sindicalismo. “Creemos que la conflictividad se va a profundizar, que va a empeorar respecto del 2022, fundamentalmente porque el modelo económico es dictado por el FMI, y eso genera inevitablemente ajuste”, adelantó un dirigente que reporta a la CTA Autónoma, ante la consulta de Política del Sur. La central obrera viene con una agenda de reclamos hacia el Gobierno bastante amplia, estuvo todo el año pasado movilizada, y critica abiertamente el plan económico que ejecuta Sergio Massa, a diferencia del resto de los sectores, que evita nombrarlo. “Con las medidas que va a tomar Massa por imposición del FMI, no hay forma que haya un brutal ajuste, y eso lo vamos a pelear en la calle”, agregó el mismo dirigente.

 

En este contexto, aparecen nuevos conflictos que si bien son locales, se pueden potenciar si ganan en intensidad, como pasó con el SUPA y los peajes. Desde el lunes, FEPA mantiene activado un plan de lucha que inició con el bloqueo al puerto de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y la medida podría multiplicarse en otros puntos si no se habilita la representación gremial de los trabajadores de ese nicho a nivel país. Las medidas de acción directa que realizan algunos gremios suman un condimento extra: el rechazo de la oposición y las empresas, que suelen salir a denunciar en los medios maniobras “extorsivas”. En el caso del puerto de Rosario, la propia UIA intervino y le pidió al Gobierno que garantice las actividades, que hasta ahora seguían de forma parcial.

En la CGT admiten que el año será complicado por el condimento político. Ese mismo que los tiene en el ojo de la tormenta en las últimas horas, cuando versiones periodísticas salieron a agitar la idea que la central obrera no respalda el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que propician el presidente Alberto Fernández y casi todos los sectores del Frente de Todos. Casualidad o no, otro que eludió el ataque directo a la Justicia fue Massa, que luego de la tercera revisión del FMI espera que el INDEC le dé una buena noticia, cuando anuncie la inflación de diciembre. Las posturas comunes de los popes cegetistas y el ministro fortalecen la idea que trabajarán en tándem este año. La central obrera ya admitió que podría ser su candidato en la interna del oficialismo, dejando atrás el sueño del albertismo. Por ahora Massa sigue sin sumarse a la carrera electoral, pero nadie se anima a descartarlo. Para cualquier candidato del peronismo que quiera tener chances, tener “la calle tranquila” es fundamental, y para eso necesita alianzas gremiales. Aunque los primeros días del año adelantan que no será fácil calmar la protesta con estos niveles de conflictividad.

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