Nuestro país vive en estos días uno de los atropellos más grandes que hemos visto en relación a los tres poderes que integran el Estado. El hecho más grave fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia con respecto a la coparticipación, que favoreció directamente a la Ciudad de Buenos Aires y puso en tela de juicio las relaciones entre dirigentes de la oposición y los integrantes de ese tribunal.

Lo que está en juego es el Estado de derecho y es nuestro deber como representantes de los ciudadanos exponer esta situación para evitar las consecuencias de que la Corte siga avanzando sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Estos últimos días se ha demostrado que la Corte interviene, más allá de su competencia, en los demás poderes debilitando al sistema político y a la democracia. No es admisible que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, actúe como un emperador, al igual que los demás jueces de la Corte, que ocupan cargos perpetuos y terminan definiendo las políticas de un país al emitir fallos que pasan por encima a los demás poderes y sus funciones.

El fallo entrega fondos a la Ciudad que, a mi entender, no le corresponden porque fueron otorgados de manera arbitraria por Mauricio Macri a través de un decreto cuando era presidente de la Nación. La reciente decisión de la Corte no solo afecta a la provincia de Buenos Aires sino a todas las provincias. Hay un avasallamiento a la cuestión federal y, por tanto, a la forma de gobierno que adopta nuestro país.

El Emperador. Sodoma y Gomorra.
La Corte y sus andanzas. pic.twitter.com/xVTSQMnVIi

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 6, 2023

Por eso me parece correcto que el Presidente Alberto Fernández ponga el tema sobre la mesa para llevar a juicio político a Rosatti. Aunque sepamos que no tenemos el número suficiente de legisladores en el Congreso de la Nación para aprobar el juicio político, es necesario construir ese número. El funcionamiento de la Comisión va a permitir citar a varios personajes que están implicados en el tema, se los podrá escuchar y dar visibilidad pública. Que se haga público es una de las formas de que toda la sociedad pueda entender por qué pasaron algunas cosas.

No es el único caso. El tráfico de influencias que vimos con los viajes a Bariloche de jueces para reunirse en Lago Escondido, la relación de Silvio Robles con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; los casos de espionaje ilegal no condenados, el rol de operador judicial que cumplía Pepín Simón, son todas muestras de que hay errores que se cometen con demasiada frecuencia como para poder garantizar que el equilibrio de poderes se sostenga como corresponde.

La investigación deficitaria que se vio luego del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la pérdida de pruebas, la adulteración de un celular y el hecho de no haber realizado las conexiones necesarias entre los implicados y políticos de la oposición ante un caso de magnicidio también hablan de las carencias institucionales.

En cuestiones como estas, todo el arco político debería defender la institucionalidad. Los silencios son cómplices. No hablar al respecto o justificar las decisiones de este tipo debilita al sistema en todo su funcionamiento.