Por: Federico Cedarri

Más allá del fragor legislativo previo a la navidad donde se aprobaron en extensas jornadas el Presupuesto, la Ley Impositiva y la normativa de Alcohol Cero como estandartes de los proyectos del Ejecutivo jalonados por discusiones furibundas hasta bien entrada la madrugada, el Ejecutivo bonaerense no logró “sacar” en 2022 dos iniciativas que vienen dominando el ámbito parlamentario desde hace tiempo: la reforma previsional del Banco Provincia y la Ley de Reconversión del Instituto Biológico Tomás Perón.

Si bien el gobierno de Axel Kicillof obtuvo la sanción de la Ley de Protección de los Guardaparques dando preeminencia a la labor de estos trabajadores, a lo que se agregó la modificación de la Ley de carreras hospitalarias a fin de agregar nuevas profesiones al ámbito sanitario, se puede decir que para el Ejecutivo el año legislativo tuvo un sabor agridulce.

Es que la Corte Suprema de Justica le respira en la nuca al Gobernador con la amenaza velada de una sentencia de inconstitucionalidad que podría generarle al Estado bonaerense una erogación por 100 mil millones de pesos por la catarata de juicios contra la reforma llevada adelante por el vidalismo en 2017, que entre otros derechos conculcó el 82% móvil, llevándolo al 75%, la edad jubilatoria de la mujer pasó de los 60 a 65 años y acopló los aumentos al régimen de Anses en vez de acogerse a la paritaria del sector.

Si bien en un primer momento se había acordado avanzar en un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y La Bancaria que restituía aquellos derechos, súbitamente el PRO con Mauricio Macri a la cabeza desestimó toda posibilidad de tratamiento de la iniciativa arguyendo que se destinaban fondos públicos para enjugar parte de déficit de la caja previsional matizado con aumentos de los aportes de trabajadores formales.

El radicalismo apareció solidario con sus socios en esta ocasión y se subió al rechazo dejando la puerta abierta para un posible entendimiento: explicitaron que aceptarían discutir los términos de la movilidad previsional, es decir volver a atarla a la paritaria bancaria.

En ese resquicio deberá operar el oficialismo durante el verano para intentar hallar una solución salomónica que evite el proceder amenazante de la Corte.

El máximo tribunal como señal de buena voluntad podría dilatar el fallo de inconstitucionalidad hasta bien entrado el mes de marzo, luego de arrancado el nuevo período ordinario.

Referentes peronistas admiten en voz alta que el proyecto se encuentra empantanado hace meses y solo vislumbran algún principio de acuerdo con el radicalismo por el vestigio que dejaron los centenarios respecto a la perspectiva de negociar la movilidad.

Sin embargo, desde el Frente de Todos sospechan que con la instalación del año electoral se percibe difícil que los correligionarios voten separados de sus socios opositores.

“Lo único que te puedo decir es que en años de legislador es la primera vez que no sé cómo vamos a resolver este entuerto”, explica a PDS un diputado provincial peronista de larga trayectoria parlamentaria.

“Además tenemos enfrente un año electoral para resolver esta situación lo que presume poca certeza de una solución que pueda contar con la plena colaboración de la oposición”, agrega aquel legislador en tono de resignación.

Si bien se descarta por el momento en círculos parlamentarios el llamado a extraordinarias durante la temporada estival para intentar abordar el tratamiento de esta reforma previsional, se teme que la presión que está ejerciendo el sindicato La Bancaria con paros sorpresivos pueda mover al Ejecutivo a acelerar los tiempos y buscar algún entendimiento prematuro antes de marzo.

Reconversión del Perón también parado

El proyecto del Ejecutivo que propone la constitución de una Sociedad de Estado para el Instituto Biológico Tomás Perón, con la intención de abocarse a la producción de vacunas y medicamentos, también viene naufragando sistemáticamente por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición juntista.

En estos momentos, el expediente se encuentra parado en la Comisión de Salud donde la mayoría opositora no se atiene a firmar un dictamen debido a que sostiene que los informes que le ha llegado de parte del Ministerio de Salud son insuficientes, y temen que la Sociedad de Estado se convierta en una terciarización del Instituto donde podrían ingresar capitales privados.

Del mismo modo, el Ejecutivo enfrenta una sórdida resistencia de los trabajadores actuales del lugar que se niegan a ser trasladaos a otras dependencias del Estado bonaerense y reclaman que se les sostengan las reivindicaciones laborales.

Fuentes ligadas al oficialismo explicaron a PDS que bajaron a la Comisión funcionarios del Ministerio de Salud para despejar todas las dudas de los legisladores juntistas.

También aseguran que se acordó con los trabajadores el reconocimiento de sus derechos y que serán trasladados a otras dependencias dentro de la cartera sanitaria para desenvolverse en tareas similares a las que desempeñan actualmente.

“No se entiende como no aprueba este proyecto, ya suena a excusa lo que argumenta la oposición, son una máquina de poner trabas”, despotrica ofuscada una legisladora oficialista.