El funcionamiento del Estado se organiza a partir del Presupuesto que, como suele mencionarse, es la ley de leyes, porque el diseño del mismo, deja de manifiesto la intencionalidad del gobierno de turno para la determinación de las políticas que pretende aplicar y los objetivos que busca obtener durante su gestión.

Por ello, no es una buena noticia cuando un Presupuesto no logra ser aprobado por el Poder Legislativo, tal como ocurrió con el de este año 2022, cuando a fines de 2021 no se logró consenso en el Congreso.

Por lo tanto, ante esa situación, la decisión del Poder Ejecutivo fue prorrogar el presupuesto 2021 por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) como una herramienta para continuar gestionando el funcionamiento de los poderes públicos. Naturalmente, en un contexto inflacionario, a lo largo del corriente año se han incrementado las partidas de erogaciones a través de diversos DNU y Decisiones Administrativas.

La última, entre las más relevantes, fue la decisión administrativa (D.A.) número 1074/2022, publicada el pasado 27/10/2022 en el Boletín Oficial, cuyo objetivo ha sido incrementar las partidas de erogaciones del presupuesto y reasignar recursos de partidas sub ejecutadas.

Cabe aclarar que en la dinámica de gestión es habitual que el avance de la ejecución de las partidas presupuestarias, de cada ministerio, no sea pareja; razones de índole administrativa, burocrática y/o incluso prioridades políticas determinan esa lógica.

Las partidas asignadas anteriores a la DA 1074 fueron ejecutadas en promedio solo hasta 70% del presupuesto cuando para la época del año debieran haber alcanzado más de 80%; tratándose de promedios, es entendible que haya ministerios que han ejecutado una gran parte de su asignación -por ejemplo: Ministerio Público ejecutó 93,1%- y otros que están por debajo de ese promedio, como el concepto "Obligaciones a Cargo del Tesoro" que ejecutó solo 54% a esa fecha, o la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que ejecutó apenas 52,9% de lo que le fue asignado.

Teniendo en cuenta todas las modificaciones a lo largo del año 2022 -hasta esta D.A.- se han aumentado 53% esas asignaciones respecto del Presupuesto inicial del presente año, o sea 2021 prorrogado, como se explicó previamente.

Debido a la importancia que estos cambios representan para la comunidad, a continuación, se desarrollará y analizará esta D.A. 1074, publicada en el B.O. en octubre último, cuyos principales puntos a tener en cuenta son:

1) Hubo un aumento de los Ingresos por 105.203,8 millones de pesos.

2) Se han reasignado con destino a otras partidas la suma de 302.826,7 millones de pesos que en el presupuesto original correspondían a "Obligaciones a Cargo del Tesoro".

3) Se han aumentado las partidas de gastos en 249.865,8 millones de pesos netos.

4) Finalmente, la modificación del presupuesto conlleva un Resultado Financiero Negativo (Déficit/Pérdida) de 144.662 millones de pesos.

Los cuadros y gráficos anexos hablan por sí solos, pero habremos de destacar ahora, a nuestro criterio, lo más significativo de este análisis.

El aumento de los Ingresos corresponde a 70.199,2 millones de pesos en concepto de Recursos Corrientes, mientras que 35.004,6 millones de pesos son en concepto de Recursos de Capital.

El aumento de Ingresos se desglosa así:

33% corresponde a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

31% por aportes y contribuciones de la seguridad social

25% ingresos tributarios

8% ingresos no tributarios

Y el resto a ingresos por ventas de bienes y servicios, y otros ingresos.

Respecto de los gastos, cabe mencionar que hay 20 ministerios a los cuales se asignan partidas del Presupuesto, además de Secretarías y Poderes (judicial, legislativo y ejecutivo -entes autárquicos y sociedades del estado-).

Las asignaciones más relevantes por su monto, que en conjunto representan 63% de los fondos originados por aplicación de la D.A. 1074 son:

Ministerio de Desarrollo Social 140.728,7 millones de pesos.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 113.773,5 millones de pesos.

Ministerio de Seguridad 87.688,5 millones de pesos.

Además, se puede observar la reasignación de gastos de "Obligaciones a Cargo del Tesoro" a otros ministerios, dado que este concepto estaba sub ejecutado como se expresó en párrafos anteriores.

Dentro del concepto "Obligaciones a Cargo del Tesoro", se agregaron 6.500 millones de pesos para Correo Argentino, 3.410 millones de pesos para Radio y Televisión Argentina SE, entre otras reasignaciones internas.

Los rubros del Ministerio de Desarrollo Social corresponden en gran parte, a los programas "Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo" y "Políticas Alimentarias".

Mientras que, los gastos incrementados del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, corresponden a pagos por prestaciones previsionales y asignaciones familiares.

En total, por medio de esta Decisión Administrativa, las partidas para "Programas Sociales" aumentan en 153.857 millones de pesos.

Las asignaciones para el Ministerio de Seguridad corresponden mayoritariamente a la Prefectura Naval Argentina, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Gendarmería Nacional.

En conclusión, se ve claramente que la readecuación del Presupuesto está condicionada por el aumento de los índices de inflación que obligan sistemáticamente a incrementar partidas dirigidas a atender necesidades sociales y alimentarias de la porción de la población con menores recursos disponibles.

Es decir, que los cambios realizados no obedecen a un plan estratégico de mediano y largo plazo, si no a la necesidad de asistir coyunturalmente a una población diezmada por la falta de una correcta distribución de la riqueza en una Argentina cada vez más desigual.