En un fallo que generó sorpresa e indignación en el sector sindical, una ex funcionaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deberá pagar una multa por no reprimir trabajadores que realizaban una protesta. Se trata de Nilda Garré, ex titular de la cartera de seguridad, que según la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal cometió "negligencia grave" cuando en 2011 incumplió una orden judicial que la intimó a evitar bloqueos a la planta de impresión y distribución de los diarios Clarín y Olé.

Los camaristas revocaron un fallo de primera instancia y la sentenciaron a pagar 2.140.000 de pesos, más intereses, desde el año 2011, lo que totaliza unos 21 millones de pesos, estimados por costos de impresión por ejemplares no vendidos y ganancia dejada de percibir por no poder comercializar los periódicos. Los hechos ocurrieron entre el sábado 26 de marzo de 2011 a la noche hasta el día siguiente a raíz de una protesta gremial en la planta de AGEA, del grupo Clarín.

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— Nilda Garré (@nilda_garre) November 30, 2022

Una vez conocido el fallo, el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky presentó un proyecto de declaración para “expresar su preocupación por la sentencia judicial que ordena a la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, a resarcir a la empresa AGEA (Grupo Clarín) por negarse a reprimir una huelga ocurrida en 2011”.

De acuerdo a la presentación, acompañada por más de una decena de legisladores del Frente de Todos, se considera esta decisión judicial como “un ataque no sólo al movimiento obrero sino también a un principio elemental del estado de derecho como es el de la resolución pacífica de los conflictos que se dan en el marco de la ley”. “El fallo que condena a Nilda Garré a pagar 21 millones de pesos por negarse a reprimir una protesta gremial de trabajadores del Grupo Clarín busca amedrentar a los funcionarios públicos que no son permeables a las presiones empresariales” afirmó Yasky.

“El fallo es especialmente peligroso para las instituciones de la democracia dado que constituye la amenaza de afectar patrimonialmente a las personas que desempeñan la función pública por decisiones democráticas, políticamente sostenidas y administrativamente sustentadas”, sostuvo el dirigente sindical. Además advirtió que "conlleva la orden explícita de reprimir a todo costo la protesta social y en particular el ejercicio del derecho de huelga" y dijo que "si la huelga no es procedente, corresponden los procedimientos administrativos y colectivos propios de la normativa laboral".