Por: Federico Cedarri

Sigue a ritmo cansino la negociación por el Presupuesto y la Ley Impositiva entre los funcionaros de Axel Kicillof y los interlocutores de Juntos que están representados por el amarillo Julio Garro y el radical Miguel Ángel Fernández.

En ese esquema durante los últimos días transcurrieron distintas reuniones donde el ministro de Economía, Pablo López, trasladó a los negociadores juntistas la primera contraoferta del gobierno bonaerense: 30.000 millones para el Fondo de Infraestructura Municipal y unos 10.000 para engrosar el Fondo de Seguridad.

Esta proposición dista en demasía de lo que habían reclamado sui generis los jefes comunales de Juntos en las primeras aproximaciones con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Cabe recordar que en primera instancia los alcaldes opositores solicitaron 50.000 millones de pesos para el FIM y unos 32.000 millones para el Fondo de Seguridad, lo que suma unos 82.000 millones de pesos que representan el doble de lo que esbozó en su inicial oferta el gobierno de Axel Kicillof.

Si bien desde fuentes cercanas al alcalde platense, Julio Garro, la reunión fue calificada como “pobre” y sin definiciones sustanciales, la puerta quedó abierta para intentar atenuar las diferencias importantes que persisten.

“Lo más probable es que se termine acordando con un mecanismo utilizado cada vez que se dieron este tipo de divergencias, partir al medio la diferencia”, explica a PDS un legislador peronista que ha participado en trabadas negociaciones por anteriores presupuestos.

En rigor, si se da esa premisa parecería factible que terminen acordando en torno a un desembolso total cercano a los 60.000 millones de pesos entre los dos fondos en discusión.

Sin embargo, desde la oposición aclaran que aún no sellaron ningún entendimiento en rededor de la primera premisa antes de avanzar con cualquier acordada sobre los números del 2023: las deudas que el IOMA y el IPS tiene con los municipios juntistas que en algunos casos supera los 300 millones de pesos.

A lo que hay que agregarle, explican, las certificaciones de obras que no han sido liquidadas para la terminación de los trabajos en numerosos distritos que comandan radicales y amarillos.

Los alcaldes juntistas reclaman concretamente que se elimine el desembolso contra presentación de proyectos porque sugieren que se convierte en un cuello de botella que distorsiona la operatoria.

Otros temas de discusión prominente dentro del marco de las negociaciones tiene que ver con los recursos con que fueron asistidos durante la pandemia los distritos bonaerenses: reclaman que aquellos fondos sean considerados adelantos del tesoro bonaerense y se cancelen las deudas.

“El gobierno de Kicillof nos quiere cobrar las deudas de recursos que ellos nunca pagaron a Nación”, expresó ofuscado a PDS un legislador amarillo al tanto de los menesteres de la negociación.

La otra cuestión espinosa tiene que ver con el desfasaje en la nominalidad de los fondos a los municipios producto de un inflación cercana al 100%: “Cuando se pacto el FIM la inflación proyectada ascendía al 33% y hoy tenemos 100%, reclamamos que se le brinde a los intendentes la posibilidad concreta de un resarcimiento de recursos en torno a  los 5.000 millones de pesos”, señaló la misma fuente a este portal.

Más allá de la buena predisposición de ambas partes para continuar el diálogo parece difícil que las diferencias puedan zanjarse antes de la finalización del Campeonato del Mundo, por lo que el escenario más factible es que se sesione en una extraordinaria sobre el ocaso del 2022 o en su defecto durante los primeros destellos del 2023.

Los recursos que recibe la Provincia de Nación en la mira opositora

En la sinuosa negociación que transitan los principales operadores tanto del oficialismo como de la oposición se coló una petición opositora que puede traer aparejado el despertar de una fuerte polémica: solicitan que todos los fondos que reciba la Provincia de Nación por fuera de la pauta de coparticipación sean distribuidos de manera equitativa a los municipios.

“Esa cuestión la veo verde, no creo que pueda compatibilizarse”, analizó un legislador oficialista ante este medio.

También genera reparos en el peronismo otro pedido opositor, que la primera cuota del FIM se devengue en el mes de enero y se precipite el 50% del dinero acordado, prorrateándose el resto en los siguientes tres meses con una actualización acorde al índice inflacionario.

Más allá de la vorágine mundialista que ha ralentizado las negociaciones, que parecen moverse a muy escasa velocidad, es factible que con el transcurrir de los días amanezcan más definiciones especialmente en lo que tiene que ver con las deudas a los municipios.