Por: Federico Cedarri

Dejó su huella la discusión encarnizada que tuvo lugar la semana precedente con trasfondo en el proyecto de reforma del sistema previsional del Banco Provincia, donde las acusaciones que cruzaron el espectro delimitado entre las dos fuerzas mayoritarias parlamentarias contribuyeron tácitamente a ralentizar la discusión en lo que tiene que ver primordialmente con el Presupuesto y Ley Impositiva.

Es que la desconfianza que asomó entre las principales espadas legislativas no fue lo más acorde para activar la celeridad en las negociaciones que venían desenvolviéndose dentro de los tiempos previstos.

La acusación de Axel Kicillof al PRO de mezquindad política por no involucrarse ante la petición de la Corte Suprema que amenaza con declarar la inconstitucionalidad de la reforma votada por Vidal desarmó parcialmente el andamiaje que estaba construyendo pacientemente su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con los alcaldes juntistas representados por el amarillo Julio Garro y el radical Miguel Fernández.

De hecho,  durante las primeras reuniones acaecidas el lomense había dado el visto bueno para la constitución de tres mesas de discusión para abordar las temáticas que constituían las preocupaciones de los intendentes.

Se habló específicamente de construir una instancia para dialogar sobre el Presupuesto mismo, otra para abordar las inquietudes de la oposición respecto a la Ley Impositiva y recursos tributarios, y un último reducto donde tendría lugar quizás lo más espinoso de la cuestión: la cancelación de las deudas que la provincia tiene con los municipios, ya sea por IOMA y el  IPS, además de los atrasos y desactualizaciones que reclaman los intendentes juntistas de fondos para obras.

En rigor, todavía no se pudieron materializar los tres espacios de discusión y bastante tuvieron que ver las diatribas en las que se enmarañaron los principales actores políticos y legislativos respecto a la Ley BAPRO.

Vale recordar que desde Juntos están exigiendo como condición sine qua non que se comiencen a saldar las deudas de fondos adeudados a las alcaidías para poder avanzar en un segundo acto con el debate de lo que tiene que ver con el Presupuesto y Ley Impositiva.

No obstante, adentraron al Jefe de Gabinete de las condiciones para darle el visto bueno a los proyectos del Ejecutivo con miras al 2023.

En síntesis, exigen alrededor de 50.000 millones de pesos para el Fondo de Infraestructura Municipal, adelanto del 50% en la primera cuota de enero y el resto prorrateado durante los tres meses siguientes hasta abril con actualizaciones permanentes de acuerdo al nivel de la inflación.

Del mismo modo y complementariamente requieren que el Fondo de Seguridad se eleve al número de 30.000 millones de pesos.

Según pudo averiguar PDS de fuentes ligadas a la oposición juntista, hasta el momento no hubo respuestas por parte del Ejecutivo a las solicitudes elevadas: “Tuvieron una buena primera reunión los intendentes con Insaurralde, donde se comprometió a la consolidación de tres mesas de discusión pero hasta ahora no volvieron a comunicarse”, soltó un legislador del PRO que se mantiene al tanto de la negociación.

“Pero antes que nada se deben pagar las deudas a los distritos para poder avanzar”, aclaró la misma fuente.

También deslizó que los intendentes juntistas mantienen un moderado optimismo no exento de desconfianza con la administración de Kicillof: “El Gobernador les ha cumplido poco por eso mantienen bajas expectativas aunque finalmente terminen acordando”, sentenció el diputado amarillo a este portal.

La Ley  BAPRO podría incorporarse a la negociación global

Tal cual lo anticipó PDS es factible que el proyecto del Ejecutivo de reforma del sistema previsional del Banco Provincia se suba a la discusión que contempla al Presupuesto y Ley impositiva.

Es que la expectativa del gobernador Kicillof es poder tener los tres proyectos aprobados antes de que finalice el 2022 y así poder gambetear la amenaza de inconstitucionalidad del máximo tribunal bonaerense.

La ventana de tiempo que se abre entre la finalización del Mundial y la llegada de la navidad aflora como la fecha estipulada para la discusión parlamentaria.

En tanto, en el peronismo no cayó para nada bien la ausencia de los legisladores de Juntos en la Cámara Baja para dar entrada al Presupuesto y Ley Impositiva, más allá de su rechazo explícito al proyecto de reforma de la Ley BAPRO.

“Deberían haberse sentado aunque sea para darle entrada a los proyectos del Ejecutivo y después irse, es una mala señal de cara al futuro y algo que alimenta la desconfianza en el marco de negociaciones tan complejas”, explicó a PDS un diputado peronista en alerta por el estancamiento de la discusión legislativa.

“Ellos están muy firmes con el rechazo a la Ley BAPRO y por mi experiencia eso no ayudará a la discusión por el Presupuesto”, completó el parlamentario con un sesgo de preocupación.

La oposición juntista estaría predispuesta a reabrir la discusión en lo que refiere al proyecto de reforma del sistema previsional del BAPRO, pero enfocándose particularmente en lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria.

“El debate lo vamos a dar por la movilidad, pero no por el grueso del proyecto de Kicillof que posibilita que el déficit de jubilaciones de privilegio recaiga sobre el tesoro bonaerense”, avisa otro legislador juntista a este medio.

“El Banco debe ser garante del desfasaje con sus utilidades y eso no lo negociamos”, advirtió tajante.

Desde la bancada opositora argumentan que la Corte pone en tela de juicio el inciso respecto a lo que tiene que ver con la movilidad de las jubilaciones, que pasaron a depender de los aumentos dispuestos por Anses a partir de la reforma de 2017 en vez de regirse por las paritarias de sector como reclaman los sectores gremiales bancarios.

La irreductibilidad de las posiciones augura un escenario de tensión inquietante en la continuidad de la discusión parlamentaria que deberá irremediablemente reactivarse en los próximos días.