El secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, reclamó que falta de voluntad por parte del Gobierno nacional para elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil y consideró que “es una vergüenza que esté por debajo de la canasta de indigencia”.

“Debería elevarse considerablemente para poder, no solamente estar por encima de la canasta de la indigencia, sino también de la canasta de la pobreza. Eso requeriría un aumento del 100%”, subrayó el también titular de ATE en declaraciones para Política del Sur.

En esta línea informó: “Se ha generado un ámbito para discutir el aumento previo a la reunión que vamos a tener, con lo cual esta puede llegar a ser una formalidad donde el Ministerio de Economía y el de Trabajo traten de imponer en acuerdo con los empresarios o un incremento que nos satisfaga”. “Estamos muy preocupados porque el retraso es muy grande y no hay ni una muestra de voluntad realmente de mejorar la situación”, insistió.

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— Política del Sur (@PoliticaDelSur1) November 22, 2022

“Queremos discutir  una disposición que se supere largamente el nivel de la canasta de la indigencia y se supere largamente la inflación que este año va a estar alrededor del 100%. Estas son las dos cuestiones como criterios generales que estamos planteando y lamentablemente no hemos podido tener un ámbito en el cual poder discutir”, aseveró.

En este punto apuntó contra “los grandes empresarios que son los que fijan no solamente los precios sino también los salarios”. “La preocupación por la elevación de costos y de precios por aumento del salario no la plantean las pymes, lo hacen los grandes grupos empresariales”, disparó y advirtió que “ellos tienen extraordinarias ganancias en base a eso y a políticas de exportador que los tienen como beneficiarios directos”.

Asimismo, evaluó que “el argumento de que si se aumenta el Salario Mínimo Vital y Móvil se incrementa el déficit fiscal porque se elevan los ingresos de las políticas sociales es otra falacia, porque no está mal que los ingresos sociales estén atados al salario mínimo, lo que está mal es que más del 50% de la población económicamente activa en la Argentina sea precaria”.

Aseguró que en caso de que el aumento acordado no sea satisfactorio se producirán “demandas de los trabajadores y las trabajadoras que va a dar cuenta, una vez más, que este Gobierno, llevado a discusión para enfrentar las políticas neoliberales, repite más de lo mismo”.

“Desde la Central no podemos quedarnos pasivos ante una situación de tanta gravedad. Hace meses que venimos reclamando un aumento de emergencia y sigue sin suceder”, añadió.

Sentenció que “la posibilidad de conciliar no aparece porque el Ministerio de Trabajo queda subordinado al Ministerio de Economía y este, a su vez, está subordinado al FMI que es una trampa en la que el Gobierno se ha metido y el problema es que los grandes perjudicados son los trabajadores”