Por: Federico Cedarri

La Cámara Baja bonaerense fue convocada para reunirse este miércoles desde las 11 de la mañana con la idea de darle tratamiento a diferentes expedientes girados desde el Senado, al tiempo que el oficialismo buscará por enésima vez introducir en la agenda de temas el texto del Ejecutivo que propicia la reforma al sistema previsional del Banco Provincia.

Respecto a esta última propuesta, la Corte Suprema ha puesto un plazo perentorio al gobierno de Axel Kicillof para encontrarle algún viso de solución política a la cuestión que la prive de librar la sentencia de inconstitucionalidad a la actual ley reformada por el vidalismo y exceptuarle a la provincia el pago de alrededor de 10.000 millones de pesos en concepto de juicios iniciados por jubilados y pensionados quienes reclamaron en la Justicia la conculcación de derechos adquiridos.  

Si bien el máximo tribunal dio al Ejecutivo un ultimátum para antes del fin del 2022 la propuesta no logra el consenso necesario y el bloque de Juntos, aunque con disidencias internas, por ahora se muestra unívoco y no se ha movido un ápice del apoyo a su propio despacho que aprovisiona lo fundamental de la reforma vidalista, y determina que el Banco con sus utilidades sea garantía del déficit de la caja previsional evitando los aportes del tesoro provincial.

En un primer momento, el radical Maxi Abad había acordado con el oficialismo que el bloque de Juntos daría media sanción al proyecto de Kicillof consensuado con La Bancaria que devuelve el 82% móvil y posibilita que la mujer acceda a jubilarse a los 60 años, pero tuvo lugar una intervención furtiva del ex presidente Mauricio Macri que ordenó a sus legisladores que no votasen algo que consideraba lesivo para el déficit provincial y deslegitimaba a la ex mandataria Vidal, por lo que hizo estallar el acuerdo preliminar.

El radicalismo para evitar problemas internos y algún tipo de fractura con sus socios se plegó al rechazo y además colaboró en la redacción de un nuevo proyecto que tiene la venia del bloque possista y los libertarios.

En un intento desesperado el gobernador Kicillof ejerció una fuerte presión en las últimas horas donde intentó visibilizar la negativa juntista y hurgó en el resquicio de la grieta opositora, distinguiendo al radicalismo y sus valores institucionales de un PRO alineado con Mauricio Macri que propende un carácter destructivo con tintes electoralistas.

Lo cierto es que el oficialismo negocia por estas horas con el bloque de la izquierda a fin de obtener el voto decisivo de sus dos legisladores para empardar fuerzas con la oposición, lo que le posibilitaría jugar la bala de plata del voto doble del titular de la Cámara, el lómense Federico Otermín.

Hoy parece ser la única chance concreta que avizora el peronismo para que la propuesta desembarque en el recinto y darle tratamiento, ya que la posibilidad de que algún legislador radical pudiese abstenerse o votar a favor parece quedar desechada de acuerdo a la moderación que se han prometido los socios de la coalición opositora para evitar episodios de disociación que deriven en algún tipo de ruptura.

La negociación no parece sencilla para un oficialismo que corre con desventaja y las opciones viables para revertir la ecuación distan de ser factibles.

Diputados convertiría en ley alcohol cero

La sesión del Cuerpo legislativo del próximo miércoles servirá para darle formalmente entrada al Presupuesto y a la ley impositiva, además de que el peronismo debe discernir el nombre de sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura.

Se desprende de fuentes del bloque oficialista que hasta el momento no se ha dado un cierre a la definición de esta encrucijada y si bien se estipula que Susana González y la camporista Maite Alvado serán las dos nominadas la determinación del orden en cuanto a titularidad y suplencia altera los ánimos en el espacio peronista.

La ensenadense no parece resuelta a bajarse del primer lugar y ser relegada por la legisladora que responde a la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

Se presume que la solución de este entuerto que tiene en vilo al oficialismo se alcanzaría minutos antes del comienzo de la sesión.

En lo que hay pleno consenso entre las fuerzas políticas es que se dé el visto bueno para convertir en ley las reformas al Código de Tránsito bonaerense, que posibilitará que sea plausible de sanción y retiro del vehículo cualquier conductor que reporte cualquier valor de alcohol en sangre además de haber consumido estupefacientes y psicofármacos.

De esta forma, alcanzaría la concreción un fuerte anhelo de las organizaciones de familiares de víctimas que venían exigiendo en forma insistente por una normativa que pudiera morigerar la cantidad de accidentes producto de conductores alcoholizados.

Otra de las iniciativas provenientes del Senado que tendría consenso para aprobarse sería la ley de pirotecnia cero, del senador peronista Eduardo Bucca, que prohíbe la venta y comercialización de fuegos de artificios con ruido y alienta la utilización de aquellos artefactos visuales tomando en cuenta el perjuicio que los primeros causan en niños y niñas con autismo.

Tienen chances de tratamiento otras iniciativas provenientes del Senado como el proyecto del senador radical, Agustín Máspoli, que estipula licencias parentales para concejales.

El incentivo a la industria vitivinícola bonaerense mediante la promoción de la actividad es otra de las propuestas que giró la Cámara Alta con media sanción y cuya autoría recae en el vicepresidente Primero de aquel Cuerpo, el malvinense Luis Vivona.

Del mismo modo, podría convertirse en ley una iniciativa del senador lomense, Adrián Santarelli, que persigue la concreción de una plataforma digital de gobernanza ambiental.

Además, podrían  ser incluidos en el temario otros expedientes como la conformación de un régimen de empleo joven de la senadora de Juntos, Daniela Recih; y la creación de un registro provincial de beneficiarios de seguros de vida de su par de bancada, Aldana Ahumada.

Dentro del Orden de Día se aprecia una iniciativa del ex diputado juntista, Adrián Resico, que indica la eximición para las cooperadoras escolares del pago de mantenimiento de cualquier servicio provisto por el Banco Provincia.