Por: Federico Cedarri

La negociación por la aprobación del Presupuesto y Ley Impositiva 2023 comienza desentrañar las primarias intenciones entre el oficialismo y oposición que buscan recorrer el sinuoso trayecto para llegar a un pronto entendimiento.

Emerge una nueva fase  que apunta  a ser determinante para el devenir de los acontecimientos y que dilucidarán si se logrará finalmente alcanzar un viso de acuerdo y aprobar la ley de leyes antes de la finalización del Mundial de fútbol como aspira el gobernador Axel Kicillof.

En primera instancia, se puede afirmar que los alcaldes de Juntos que encabezan las tertulias negociadoras con el jefe de gabinete provincial,  Martín Insaurralde, tanto el líder de foro de intendentes correligionarios Miguel Fernández y el amarillo Julio Garro, dejaron en claro que si la provincia no abona una retroactividad por fondos adeudados del 2021 y 2022 con una actualización de acuerdo a la inflación será difícil arribara  a buen puerto.

Además, los intendentes opositores también reclaman imperiosamente el cobro por parte del IOMA de prestaciones que han efectuado los hospitales municipales.

“Hay deudas de fondos que nunca han llegado y que impidieron realizar obras que perjudicaron a los vecinos” explicó a PDS un legislador con conocimiento de lo hablado en los primeros aprontes.

“La aprobación del Presupuesto está atada al pago de las deudas, a partir de ahí podemos comenzar a hablar de lo que viene para el 2023”, sintetizó la misma fuente admitiendo la intransigencia de los alcaldes juntistas.

Según se desprende de fuentes del oficialismo, esas demandas de los alcaldes juntistas tuvieron una óptima recepción en la consideración de los funcionarios del Ejecutivo y las principales espadas legislativas del Frente de Todos que se habrían comprometido a avanzar resueltamente con las erogaciones adeudas a  municipios juntistas para allanar el camino de un pronto acuerdo.

El gobierno de Axel Kicillof descontaba que la oposición iba a ir por más en esta negociación,  en parte por la particularidad de ser un año electoral y tomando en cuenta que el Presupuesto duplica el gasto primario respecto al año en curso.

“Si nosotros presentamos un Presupuesto con el doble de gasto es de manual que la oposición va a pedir de piso una duplicación del Fondo de infraestructura Municipal”, razona un legislador peronista mensurando la negociación en marcha.

“Axel ha tomado en cuenta esto y es más que seguro que se llegará a un rápido acuerdo porque sería de mal  augurio no llegar a aprobar en tiempo y forma un Presupuesto cuando vas por la relección”, completó.

Alcaldes de Juntos: FIM y Fondo  de Seguridad por un total de 80.000 millones de pesos

En rigor, si hay un acuerdo primario en rededor  de la cancelación de las deudas que reclaman los municipios juntistas respecto a los años 2021 y 2022 recién allí comenzaría a esbozarse la construcción de estos dos fondos que fueron creados durante la gestión de Vidal y que en cierto modo constituyen la herramienta con la cuál  arribar a un entendimiento con los intendentes opositores.

El primero de ellos es el Fondo de Infraestructura Municipal por el que la provincia coparticipa un determinado monto de dinero de libre disponibilidad para los municipios mediante el cual los alcaldes pueden programar obras por fuera de lo que ya estipula el Presupuesto.

Los jefes comunales juntistas han manifestado que para el 2023 exigirán casi una duplicación de aquellos fondos asignados para este año: el número peticionado asciende a los 50.000 millones de pesos.

A ese valor, que no causó estupor en los negociadores del oficialismo que ciertamente lo esperaban, debe agregársele otro tanto para el Fondo de Seguridad que conlleva la provisión de recursos para garantizar un refuerzo a los intendentes en lo que refiere a la compra de patrulleros, cámaras y demás implementos que se consideren perentorios.

Los intendentes juntistas presionarán para que el Fondo de Seguridad  se eleve hasta los  30.000 millones de pesos.

En síntesis, la totalidad de recursos que reclamaran para votar el Presupuesto 2023, además de la cancelación de las deudas actualizadas por inflación, asciende a los 80.000 millones de pesos.

Del mismo modo, ha trascendido que además los intendentes opositores planean que para preservar el valor nominal de lo que reciban solicitarán complementariamente una nueva forma de distribución de los fondos.

Es decir, que el plazo estipulado para recibir aquel dinero se acote a los primeros cuatro meses del año para evitar la desactualización por el aumento del costo de vida.

Pedirán concretamente que en la primera de las cuotas durante enero se adelante el 50% del total  y que luego se abonen el resto en 4 desembolsos hasta el mes de mayo.

Para las erogaciones siguientes a la primera cuota, los alcaldes opositores buscarán una suma adicional que compense el deterioro que sufrirán eventualmente esos fondos por el aumento del costo de vida.

Los jefes comunales juntistas podrían incluirse en el menú de la negociación la consolidación de un nuevo patrón de distribución de los recursos que reemplace al CUD, persiguiendo una mayor celeridad y equidad en la transferencia de los fondos provinciales hacia los municipios.