Por: Diego Lanese

El tratamiento del presupuesto 2023 trajo dos derrotas para los gremios, vinculadas a sus obras sociales. Por un lado, se desestimó la propuesta del “dipu sindical” Sergio Palazzo, que buscaba imponer una tasa extra a los afiliados que decidan traspasar sus aportes a una prepaga. Además, la oposición rechazó dos artículos que permitían conseguir fondos extras para financiar las entidades sanitarias. Esto generó malestar en la CGT, que recurrieron a Sergio Massa para plantearle su preocupación. Es que desde hace años se viene hablando de una crisis de financiamiento de la seguridad social, que la pandemia profundizó. En este contexto, se conocieron datos oficiales que marcan que disminuyó la cantidad de afiliados en este sector, que migraron al sector público. Para los especialistas, el aumento del empleo informal explica esta situación, que está en la agenda prioritaria de la dirigencia. Los medicamentos, los insumos que se volvieron un “agujero negro” para las cuentas del sector.

Esta semana, el INDEC difundió su informe sobre indicadores de condiciones de vida, que tiene un ítem destinado a la cobertura médica. El mismo estableció que por estos días, “el porcentaje de pacientes con obra social o prepaga disminuyó casi cuatro puntos entre el primer semestre del 2018 y 2022”. En la actualidad, si se considera el conjunto de la población, “el 66 por ciento de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 33,9 por ciento sólo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 9.866.000 personas”. Si lo comparamos al 2018, el porcentaje de la población en la seguridad social era del 69,5 por ciento, casi cuatro puntos menos.

Según el reporte, estos cambios “se atribuyen al aumento del empleo informal y del precio de la cuota de las prepagas”. “Este proceso fue continuo desde el 2018, con un descenso más pronunciado de la cobertura médica de obras sociales o prepagas durante la pandemia, hecho que puso mayor tensión en el sistema público, por el fuerte incremento de la demanda de prestaciones”, analizó el informe. El dato muestra que el proceso de desfinanciación que denuncian en la CGT se mantiene y profundiza. Por eso, luego del fracaso de los instrumentos planteados en el presupuesto, la dirigencia se sentó con Massa a reclamar fondos para las obras sociales. Allí, según pudo saber Política del Sur, hubo un compromiso de girar 16 mil millones de pesos hasta fin de mes. Pero la dirigencia desconfía. El plan de “equilibrio fiscal”, eufemismo usado por el oficialismo para hablar del ajuste de las cuentas públicas, hace difícil que se salga de esa senda de austeridad, más allá de lo dicho por Massa.

En la reunión, se plantearon diversas alternativas, como congelar algunos costos que las obras sociales deben afrontar. El principal pedido fue que se incluya a los medicamentos en el congelamiento que Massa adelantó en estos días. Este mes vence el acuerdo con la industria farmacéutica que comprometía que estos productos no suban por encima de la inflación. “No se cumplió nunca”, fue el comentario de uno de los dirigentes presentes en la cumbre con el ministro de Hacienda. En este plano, los laboratorios ya plantearon que la renovación del acuerdo, que vence el 18 de noviembre, tendrá como condición que los tratamientos suban al ritmo del IPC. Lo cierto es que Massa quiere incorporar a los tratamientos en la canasta de productos congelados que negocia con empresarios, pero hasta el momento no logra consenso.

Impacto económico de medicamentos de alto precio/costo en la seguridad social de #Argentina . El caso del Instituto de Obra Social para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

| MEDICINA (Buenos Aires)https://t.co/HRAEuZKXnI pic.twitter.com/2dSvRpX40U

— Martín Cañás (@mac_anas) October 19, 2022

Para entender el peso de los medicamentos en la seguridad social, en especial las obras sociales sindicales, se conoció un paper que analiza el impacto de los denominados MAC (medicamentos de alto costo) en las finanzas del sector, y donde se alerta del crecimiento de estos tratamientos, por lo general importados, en la torta de cobertura. El trabajo fue realizado por un grupo de investigadores a partir de la obra social de las fuerzas de seguridad IOSFA, y concluyó que a la luz de los resultados, “se deduce que los MAC constituyen un riesgo potencial de desfinanciación del sistema de salud si son abordados de manera atomizada por cada subsector”. Por lo cual, los medicamentos de alto costo “requieren de políticas globales de carácter nacional y/o regional”.

Según los datos concretos, el gasto total anualizado fue 57 millones de dólares, y por usuario 6.220 dólares. “Solo 1,9 por ciento de los afiliados requirieron medicamentos de alto costo, aunque el gasto fue del 21,9 por ciento de los ingresos (aportes + contribuciones)”.