Por: Federico Cedarri

El acaparamiento de la atención legislativa no está centrada con exclusividad en el contexto que conlleva el tratamiento del Presupuesto y la Ley Impositiva 2023.

Es que se han adelantado los tiempos parsimoniosos de la Justicia y la Corte Suprema bonaerense parece haber perdido la paciencia y emplazó al gobierno de Axel Kicillof para que defina una solución política para la situación previsional de la Caja que rige a los jubilados y pensionados del Banco Provincia.

En ese sentido, el máximo tribunal instó a no continuar con las dilaciones y avanzar en una resolución de fondo.

Al respecto, el Ejecutivo había escuchado la primera demanda de los ministros de la Corte allá por mediados del 2020 cuando le conminó a acordar con la oposición una solución integral para no tener que avanzar en la declaración de inconstitucionalidad de la norma votada durante el vidalismo.

Los amparos presentados por jubilados a lo que sumó el reclamo en la Justicia del gremio La Bancaria movieron a Axel Kicillof a acordar con los gremialistas un proyecto de ley que promueve la restitución de derechos como el 82% móvil y la vuelta de la edad jubilatoria a los 60 años.

La propuesta encontró en una primera instancia buena acogida en la bancada opositora, que optó en medio de un contexto de pandemia centrar la preponderancia más que nada en cumplir con el pedido de la Justicia dejando de lado la principal disidencia que esbozaban: que nuevamente el Estado bonaerense financiara en parte el déficit de la caja jubilatoria.

En rigor, el vidalismo había dispuesto que el sistema de composición del beneficio se recortaba al 75% móvil y pasase a depender de los aumentos que disponía ANSES en vez de continuar arraigados a los convenios salariales del gremio bancario que conduce el kirchnerista Sergio Palazzo.

El consenso alcanzado entre los sindicalistas bancarios y el Ejecutivo bonaerense retoma nuevamente la dependencia de los aumentos en sintonía con las paritarias del sector.

El acuerdo primogénito al que se había abordado entre las dos bancadas, más que nada para solventar el pedido de la Corte, fue desactivado de un plumazo por Mauricio Macri cuando le fue mostrado el proyecto que se iba a votar.

El ex presidente exigió a los diputados provinciales amarillos que rechazaran una propuesta que tiraba por la borda lo establecido por el vidalismo para combatir el déficit de la Caja, además de que consideró inaceptable que la provincia siguiera financiando un desfasaje que este año oscilará en torno a los 20.000 millones de pesos.

La propuesta de Kicillof determina que el desequilibrio se enjugará paulatinamente mediante dos combinaciones: el aumento de aportes de trabajadores activos y recursos del tesoro bonaerense.

El radicalismo prefirió en aquel momento acompañar la negativa de Macri, decisión que fue emparentada a la voluntad correligionaria de no entorpecer una relación que ya se presentaba borrascosa por el PRO.

Los centenarios no solamente se plegaron al rechazo amarillo sino que se unieron a un proyecto de minoría que preserva el espíritu de la reforma prácticada por Vidal y hace particular hincapié en que el Banco debe hacerse cargo del desequilibro con sus utilidades.

La Corte avisó que no puede seguir sosteniendo por mucho tiempo más una prórroga a la declaración de inconstitucionalidad, lo que ocasionaría para el erario bonaerense una pérdida cercana a los 100 mil millones de pesos en el pago de sentencias.

El radicalismo podría tener la llave de una eventual solución

Si bien los legisladores del partido centenario apoyaron en una primera instancia el despacho de minoría que impulsa el macrismo, mucha agua corrió debajo del puente entre correligionarios y amarillos luego de aquel episodio.

En rigor, el sector de legisladores que responde al ala dura del PRO que encarnan el bullrismo y las huestes del ex presidente no parecen dispuestos a brindarle apoyo a la propuesta del Ejecutivo.

El radicalismo bonaerense ha mostrado en las últimas semanas un sutil acercamiento hacia el larretismo, inclusive se habla de una hipotética composición electoral de los dos sectores tanto en el ámbito nacional como en CABA y provincia de Buenos Aires.

La situación podría desembocar en una posible fractura por lo menos a la hora de votar entre los tres sectores bien delimitados que componen Juntos.

En rigor, podría materializarse un escenario de divisoria de aguas como el que imperó durante el ocaso del 2021 cuando se refrendó el proyecto que habilitaba la reelección de intendentes y legisladores por un turno más.

En aquella ocasión, el entonces vidalismo votó corporativamente de manera contraria dejando en el rincón opuesto al radicalismo y el ala larretista que por entonces acaparaba el apoyo de la mayoría de los alcaldes amarillos.

Una situación émula permitiría al Ejecutivo dar una respuesta consistente al pedido de la Corte pero generaría otro cimbronazo en la maltrecha relación de los por ahora socios de la coalición opositora.

El tiempo de descuento que la Corte le extendió al gobierno de Kicillof pone en un brete a la fuerza opositora que debe definir con celeridad una estrategia común que no tense más una cuerda que se visibiliza cada día más rasgada.