Por: Federico Cedarri

La Cámara de Diputados bonaerense podría llamar a una sesión en el transcurso de la semana para darle entrada formal al Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva.

Pese a que paralelamente se comenzaron desarrollar las reuniones de los legisladores con los ministro de Axel Kicillof, de hecho ya desembarcó el titular de Educación, Alberto Sileoni, y el martes se encuentra agendado el mandamás de Arba, Cristian Girard, es menester llevar adelante el trámite meramente formal de generar ingreso parlamentario a las propuestas del Ejecutivo.

Más allá de las encuentros legislativos de rigor que se abocan a criterios institucionales, las negociaciones se llevan adelante en sitios extramuros del Palacio Legislativo: allí el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y los alcaldes juntistas Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, Julio Garro y el radical Miguel Fernández tratan de hilvanar y darle forma a la composición de un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para garantizar recursos adicionales a las comunas en el transcurso del año electoral.

La oposición pide concretamente que ese fondo sea de 60.000 millones de pesos, duplicando el monto que se dispuso este año, además de exigir una cláusula de actualización en caso de una suba desmedida del costo de vida.

Los alcaldes opositores solicitan además que el dinero que reciba la provincia de Buenos Aires del Gobierno nacional de manera discrecional por fuera de la pauta de coparticipación también sea redistribuido a las intendencias mediante el criterio CUD (Coeficiente Unico de Distribución).

El oficialismo tiene intenciones de convertir en ley las modificaciones al Código de Transito bonaerense, la llamada normativa de alcohol cero que empujó con ahínco el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio.

La iniciativa fue aprobada en forma unánime en el Senado provincial donde a la propuesta oficial se le incorporaron insumos provistos de los plenarios con integrantes de Asociaciones de Familiares de las Víctimas y funcionarios de comunas donde propuestas similares ya están en marcha.

Asimismo el Frente de Todos aspira a que logre la sanción definitiva la restricción a la venta y comercialización de artefactos de pirotecnia en el ámbito bonaerense.

El proyecto del senador peronista, Eduardo “Bali” Bucca, pregona la prohibición de fuegos de artificio sonoros y propone su reemplazo por aquellos artefactos visuales con la intención de preservar la salud de los niños y niñas con autismo.

Una de las espinosas cuestiones que aún debe dilucidar el oficialismo tiene que ver con las designaciones de sus representantes al Consejo de la Magistratura.

Cabe consignar que el peronismo había acordado preliminarmente que la ensenadense, Susana González, fuese la Consejera titular y como suplente quedase la camporista, Maite Alvado, sin embargo una petición de último momento de la agrupación que comanda Máximo Kirchner solicitando intempestivamente el primer lugar para su representante hizo que el precario consenso establecido con antelación se hiciera trizas.

Según pudo averiguar PDS aún no está zanjada la cuestión referente al orden de las dos postulantes, ya que González hizo saber hacia el interior del bloque que conduce el olavarriense, César Valicenti, su negativa de ceder ese lugar previamente consensuado y no piensa moverse un ápice de esa postura.

Se descarta un inmediato tratamiento de la Ley BAPRO

La Suprema Corte de Justicia Bonaerense volvió a dirigirse al gobierno bonaerense exigiéndole premura en la consolidación de una solución política ante la inminente declaración de inconstitucionalidad que viene postergando sobre la norma votada durante el vidalismo, lo que le ocasionaría pérdidas millonarias a la provincia en concepto de erogación de juicios con sentencia pronunciada.

Cabe destacar que el gobernador Axel Kicillof llegó a un consenso con el gremio La Bancaria para la construcción de una iniciativa que devuelve la posibilidad del beneficio del 82% móvil, que durante la reforma del 2017 pasó al 75%, y además restituye el beneficio a las mujeres de volver a jubilarse a los 60 años, actualmente rige como edad tope los 65 años.

La propuesta del Ejecutivo incorpora una suba de aportes para los trabajadores activos para enjugar el déficit de la Caja previsional a lo que se sumarán recursos provenientes del tesoro bonaerense.

Justamente esta última cuestión fue la que desmoronó el acuerdo primario al que habían arribado el peronismo y Juntos, ya que el ex presidente, Mauricio Macri, cuestionó severamente a sus legisladores que votasen una propuesta que, según su criterio, engrosaba el déficit fiscal bonaerense para financiar jubilaciones que consideraba de privilegio.

Así fue que la oposición conformó un despacho de minoría que dispone que el Banco debe responder con sus utilidades para sanear el desfasaje y mantiene a grandes rasgos el espíritu de la ley que rige actualmente.

Por ahora, los socios radicales se mantienen incólume detrás del despacho de minoría y desbaratan cualquier intención del peronismo de encontrar algún resquicio de apoyo correligionario explorando sus desacuerdos internos con el PRO.

Antes esta difícil coyuntura para el Frente de Todos se puede avizorar que será extremadamente complicado que la propuesta llegue al recinto en el presente año legislativo, salvo que durante los idus de diciembre cuando se produzca el tratamiento del Presupuesto pueda ser anexada como prenda de negociación.