Por: Diego Lanese

Los estatales nacionales acordaron en junio pasado una mejora salarial del 60 por ciento, y revisar el impacto de la inflación en octubre. Pero julio y agosto fueron meses “calientes” en materia de inflación, con incrementos mensuales por encima de los siete puntos, lo que desdibujó el acuerdo vigente. Por eso, las bases y algunos sectores combativos del gremio ATE comenzaron a presionar a la conducción nacional, para reclamar un adelantamiento de cuotas, y de la revisión. Ante la falta de respuesta, y de cierta tensión en la relación del sindicato con el oficialismo, luego de la intempestiva salida de Claudio Lozano del Gobierno, lo que generó críticas y un distanciamiento con la gestión nacional.

El paro de ATE fue anunciado esta semana luego de una cumbre de la conducción nacional del gremio, que lideró Hugo “Cachorro” Godoy. Luego de un duro informe político, donde la dirigencia insistió en los problemas que genera el acuerdo con el FMI, se votó la medida de fuerza, programada para el 27 de septiembre. El pliego de reclamos incluye “aumento de emergencia, aumento de la paritaria por encima de la inflación, el adelantamiento de los tramos del 2022 al 2023 y el cumplimiento de los 30 mil pases a planta permanente acordados con el Gobierno nacional”. Además, se volvió a hablar de la necesidad de aprobar el salario universal, un proyecto que impulsa una parte del oficialismo, con ATE y la CTA Autónoma a favor de la medida.

27 DE SEPTIEMBRE: PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN EN TODO EL PAÍS! pic.twitter.com/VEZOFLJBFt

— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) September 19, 2022

El Gobierno nacional y los gremios de trabajadores estatales acordaron en junio un aumento salarial de 60 por ciento para el período junio 2022-mayo 2023, con revisión en octubre de acuerdo a la evolución de la inflación, se informó oficialmente. La mejora se abonará en cinco cuotas, de las cuales la primera será del 16 por ciento desde el 1° de este mes. El resto de las cuotas serán: 12 por ciento a partir del 1° de agosto de 2022; 12 por ciento desde el 1° de octubre; 10 a partir del 1° de enero de 2023 y 10 por ciento a partir del 1° de marzo de 2023. A nivel global, el acuerdo contempla un aumento de hasta el 70 por ciento para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) a partir del incremento adicional del 10 por ciento en el valor de las unidades retributivas que conforman los ingresos básicos, explicó ATE en un comunicado.

En la previa, las bases mostraron su descontento por el retraso en la medida, y recordaron que prácticamente se llega a octubre, cuando debe cobrarse una de las cuotas del convenio. En varios organismos del estado nacional hubo en estos días asambleas y reuniones informales, para intentar cambiar la actitud de la dirigencia nacional. En este sentido hay críticas respecto a cómo se manejó la relación con el gobierno, que está en su peor momento. “Se hizo mucha política, pero en tres años no se lograron mejoras con esta postura”, sostuvo una fuente cercana a ATE, ante la consulta de Política del Sur. La salida de Lozano del Banco Nación generó malestar, y alejó al espacio –nucleado en Unidad Popular –del Frente de Todos. “Hay que salir a la calle contra la política de ajuste”, afirmaron las fuentes del gremio, que reconoció que “el malestar de las bases” fue clave en el llamado a realizar el paro.

En este sentido, el Instituto de Pensamiento y Política Públicas (IPyPP) que dirige el propio Lozano difundió en estos días un duro documento, donde analiza los indicadores económicos y sociales del primer semestre del 2022. El trabajo, con datos oficiales, muestra que “tres de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo”. “Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 26,1 por ciento de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 42,3 por ciento en el caso de la población femenina”, recalcó el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur. A partir de este punto, uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras “son pobres y el 4 por ciento son indigentes”. Además, la entidad difundió que “la pobreza se extiende al 34,1 por ciento de las personas mientras la indigencia supera el 8 por ciento”.

“El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza (47,8 por ciento), mientras que el 12 por ciento no logra siquiera acceder a una alimentación mínima. Entre las y los jóvenes de 18 a 24 años, cuatro de cada diez son pobres (42 por ciento), a la vez que el 11,7 por ciento son indigentes”, analizó el IPyPP. Los datos, que se presentaron en la reunión que definió el paro, sirvieron para terminar de darle forma a la protesta. Además, esta semana la dirigencia estatal acompañará la jornada de lucha del 21, que llevarán adelante personal de salud, como enfermería y médicos nucleados en FESPROSA.