Gremiales | 15 sep 2022
SALUD PUBLICA
La pandemia y el ajuste profundizan la crisis de las obras sociales sindicales
Luego del golpe que significó la aparición del coronavirus, la disciplina fiscal que impuso Sergio Massa complica la llegada de recursos. Las negociaciones se multiplican pero los fondos no aparecen. Discapacidad, el talón de Aquiles del sector.
Por: Diego Lanese
Esta semana, los trabajadores de la justicia nacional realizarán un paro reclamando ser parte del saneamiento de la obra social que los atiende. En el marco de una vieja interna en la Corte Suprema de Justicia, el año pasado se decidió intervenir la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que desde hace tiempo está en la mira por el mal manejo de los fondos y los problemas en las prestaciones. El caso no es una excepción y se da en momentos que los gremios miran con alerta el recorte de los gastos del Estado nacional, que limitó la llegada de fondos necesarios para que la seguridad social garantice la atención. La pelea por el reconocimiento de las prestaciones por discapacidad, un viejo anhelo de la dirigencia gremial que se sigue negociando con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. La contracara de la crisis son las prepagas, la salud privada, que facturaron en cinco años más de 40 mil millones de dólares.
La salida de Martín Guzmán de la cartera de hacienda aceleró una crisis que obligó al Gobierno nacional a ajustar las cuentas públicas y los sindicatos cayeron en desgracia. En una primera señal, Massa anunció que sólo se enviarían este año 15 mil millones de pesos a las obras sociales, lo que genera un déficit operativo de 35 mil millones, lo que puso a la dirigencia en alerta. Antes de partir a Estados Unidos, el ex titular de la Cámara de Diputados se reunió con la conducción de la CGT, para charlar sobre la situación. Allí hubo algunos avances, pero se sostuvo la decisión de frenar los desembolsos, hasta que se destrabe la negociación con el FMI. En agosto, según pudo saber Política Del Sur, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que atiende los tratamientos de alto costo y que es el corazón del sistema solidario, gastó todos sus recursos, entre los gastos en prestaciones en discapacidad y ayuda a obras sociales chicas. “Este mes habrá que ver cómo se resuelve”, admitieron en Azopardo.
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— infocamioneros (@cgt_camioneros) August 31, 2022
El Secretario General de la CGT, Pablo Moyano, junto Mario Manríquez, Cristian Jerónimo, Omar Plaini y Pablo Flores se reunieron con el Ministro de Economía Sergio Massa dónde conversaron sobre la actualidad económica y social de los trabajadores, asignaciones familiares pic.twitter.com/cKMAyblZ85
El tema de la discapacidad es crucial para la dirigencia. Desde hace muchos años quieren que la agencia destinada al sector se haga cargo de los gastos de transporte, educación y otros. Incluso ya hay un decreto elaborado, que fue aprobado por la conducción de la CGT, que está en el escritorio de Alberto Fernández. La idea es que la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se hagan cargo de los 6 mil millones de pesos mensuales que requiere el sector, que representan la mitad del gasto total en discapacidad. Pero el viaje de Massa congeló este paso y crece la incertidumbre. Esto generó problemas en los pagos de los prestadores y en las últimas semanas hubo protestas en todo el país.
Ante esto, la SSS y el Ministerio de Economía salieron a desmentir recortes o ajustes, en el marco del plan de redistribución de partidas que afectó a educación (unos 50 mil millones de pesos) y salud (10 mil millones). “En relación a los discursos y trascendidos mediáticos, en lo que respecta a las partidas nacionales para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se comunica que no existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del Gobierno nacional”, aclaró la entidad. “La determinación del Gobierno nacional ha sido siempre en favor de acompañar a las personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320 por ciento el valor de las prestaciones” expresó el organismo. Los prestadores de todo el país se quejaron de retrasos, que en un contexto inflacionario hace que no sea rentable atender a estos pacientes, lo que dificulta el funcionamiento del sistema. Al respecto, la superintendencia dijo que en el último período facturado (junio), “que se encuentra en proceso de pago, se comunica que, del total de las obras sociales, 216 ya percibieron el 100 por ciento, 16 recibieron entre un 99 por ciento y un 50 por ciento, 12 de ellas entre un 49 por ciento y un 30 por ciento, y el resto (13) entre menos de un 29 por ciento”.
— 🇦🇷 Superintendencia de Servicios de Salud 🇦🇷 (@SSSALUD) September 9, 2022