El recorte a las obras sociales sindicales que anunció el Ministerio de Economía hace unos días sigue generando tensión entre el flamante ministro Sergio Massa y la CGT. El ajuste anunciado iba a revertirse, según las versiones periodísticas, pero al final los recursos para el sector volverán recién el año que viene, según adelantaron voceros cercanos al ex intendente de Tigre. Esto podría romper la tregua con los gremios, que alertaron sobre un posible colapso del sistema si no se garantizan los recursos.  

Se trata de una compensación por el crecimiento del gasto en atención a los afiliados discapacitados del sistema solidario de salud, que demanda unos 6 mil millones de pesos por mes y que ya entró en un quebranto técnico por falta de recursos. La definición del ministro de Economía está en línea con la disciplina fiscal que se impuso desde el inicio de su mandato y con las restricciones propias del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.

No obstante, y para evitar una cesación de pagos generalizada el líder del Frente Renovador se comprometió a echar mano de otro fondo, que había retenido Martín Guzmán, por un total de 24 mil millones de pesos para robustecer el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la herramienta que les reembolsa a las obras sociales el costo de los tratamientos médicos y remedios más caros.

COMUNICADO: RESPECTO A LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 826/2022

La aludida Decisión Administrativa fue dictada con el objetivo de ordenar las cuentas públicas, uno de los principales objetivos del ministro de economía @sergiomassahttps://t.co/Fo4uun3iuT

— Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) August 25, 2022

En los hechos, y siempre pendiente de la letra chica, la herramienta ofrecida por Massa tendrá efectos financieros similares a la que reclamaba la CGT. La diferencia es que lo comprometido por Alberto Fernández desde el año pasado implicaba una solución de fondo y acaso definitiva para el desfinanciamiento provocado por el crecimiento incesante del costo de las prestaciones para discapacitados, en particular los servicios educativos y de transporte para esos afiliados. Mientras que la propuesta del ministro dejará una vez más a la central obrera sujeta a una constante negociación para garantizarse que sus prestadoras de salud no entrarán en quiebra.

Así, Massa descartó poner su firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que circuló por distintas áreas del Ejecutivo desde principios de año y que establecía la absorción por parte del Estado del costo de los traslados y de la educación de los afiliados a las obras sociales con alguna discapacidad. Pero además de desechar esa alternativa que hubiera encarrilado la problemática en lo inmediato, la determinación del funcionario encendió las alarmas en la CGT porque someterá la resolución a una discusión en el Congreso de resultado incierto para el Gobierno.

De hecho, el Presupuesto 2022 naufragó por la negativa de la oposición a darle tratamiento parlamentario. Tanto la central obrera como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado de administrar el FSR, destacan que del total de los recursos ingresados al Fondo Solidario mediante la recaudación, la mitad se destina al rubro de discapacidad. Y algo más el 50 por ciento de esas prestaciones (un cuarto del total de lo que se recauda) es captado por entidades de servicios para esos afiliados que prestan tareas de educación o transporte, pero no estrictamente sanitarias.

Son instituciones que forman parte del sistema desde hace medio siglo y que también integran la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organizaciones no gubernamentales en general ligadas a la Iglesia Católica. Esos sectores fueron los más refractarios hasta ahora a una normativa que les quitara a las obras sociales el peso de financiar con recursos propios esas prestaciones.