La abogada de Marcos Bazán, uno de los dos detenidos por el femicidio de Anahí Benítez, criticó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, que rechazó la prisión domiciliaria y aseguró que insistirá con la solicitud. "La vamos a seguir peleando hasta marzo del año que viene", adelantó.

En diálogo con el programa Política del Sur, la letrada sostuvo que "ellos dicen que por el apoyo de las organizaciones sociales podría fugarse", sobre uno de los argumentos que habría expuesto el Tribunal en la resolución.

Durante la audiencia desarrollada la semana pasada, la madre de la víctima, Silvia Pérez Vilor, se opuso al arresto domiciliario para el imputado y pidió que se fijara una fecha para el inicio del juicio. Ambas demandas fueron respondidas de forma favorable para la parte acusatoria del caso.

#Policial | Cristina Fau 🗣 "La vamos a seguir peleando para marzo del año que viene (...) tiene fecha recién para el año que viene. Para una persona que está presa hace 5 años es muchísimo".

📻 | FM 97.3

— Política del Sur (@PoliticaDelSur1) July 15, 2022

"Nosotros hicimos una audiencia para lograr esto, hasta que la denunciante manifestó que se podría fugar", recordó la defensora de Bazán, al estimar que el planteo de Pérez Vilor habría sido determinante para el fallo negativo en contra de su cliente.

Los jueces Santiago Daniel Márquez, Claudio Jorge Fernández y Daniel Julio Mazzini definieron que Bazán sea juzgado junto al otro sospechoso, Marcelo Sergio Villalba, (45) desde el 1 de marzo del año próximo.

En la resolución, los magistrados Fernández y Mazzini determinaron que "resulta altamente probable que de conceder una medida morigeradora a la prisión preventiva al acusado, el mismo intentará eludir la acción de la Justicia y obstruir la producción de la prueba que se ventilará en el debate".

Por su parte, en su voto disidente, el juez Márquez recordó la resolución de la Sala I del Tribunal de Casación Penal en la que había asegurado que era "oportuna una readecuación de las formas de garantizar la sujeción a proceso, acudiendo entonces a medios menos lesivos y que puedan resguardar la eficacia necesaria para afianzar la justicia sin desmedro de las garantías constitucionales que rodean la presunción de inocencia".