martes 05 de julio de 2022 - Edición Nº1308

Avellaneda | 9 jun 2022

DERECHOS HUMANOS

Yacoy reclamó que “Castillo tiene que estar en una prisión común”

El secretario de Derechos Humanos de Avellaneda criticó la prisión domiciliaria otorgada al represor. Sostuvo que la Justicia que “les da beneficios en contra de lo que dice la Constitución”.


El secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy, criticó la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado el represor Horacio Castillo, dueño del Colegio San Diego, ya que remarcó que “por las pruebas que hay, tendría que estar cumpliendo la prisión preventiva en una cárcel como determina el sentido común”.

“Estamos pidiendo en estas horas, sobre todo al titular del Juzgado Federal 3, el doctor (Ernesto) Kreplak, que se revoque este beneficio inexplicable de la prisión domiciliaria al represor Castillo, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias y de elementos probatorios que determinan que esa culpabilidad es concreta. Tendría que estar cumpliendo la prisión preventiva en una cárcel como determina el sentido común”, sostuvo el abogado especializado en derecho penal y derechos humanos en declaraciones para Política del Sur.

En este marco, precisó: “Castillo fue uno de los numerarios del ex Infierno, Brigada de Investigación de Lanús con asiento en Avellaneda. En 1979 mientras fundaba el Colegio San Diego de la localidad de Wilde, también desempeñaba funciones en el Pozo de Banfield y en el Infierno, en su rol de oficial principal, no era un simple soldado que recibía órdenes, era uno de los que la daban, hasta 1986 que se retiró como comisario de la Brigada de Investigaciones de Lanús”.

“Lo que hay que tener en cuenta es que la cantidad de elementos probatorios, las denuncias de las víctimas Callejas, Albariño Blanco, no solamente dan cuenta de la realización de torturas, sino todo lo que tenía que ver con los abusos sexuales. Se lo está imputando y procesando por ser autor penalmente responsable de delitos sexuales y persecución al colectivo trans. La imputación es extremadamente seria para que esté en libertad, la prisión domiciliaria es una libertad encubierta”, subrayó.

Y luego remarcó: “Cada martes concurro a las audiencias en los que se juzgan los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Infierno, tengo la responsabilidad de ser abogado de víctimas y la verdad que no hay un mínimo arrepentimiento de nada, ni un solo indicio de que es lo que hicieron. Ese pacto de silencio hace que estos delitos sean continuos y esta Justicia es muy permisiva”.

Deudas del Gobierno

Luego, el profesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda se mostró crítico con el Gobierno nacional porque si bien “tiene algunos aciertos en materia de derechos humanos sigue habiendo un saldo deudor”.

“No puede ser que no hayamos podido reformar y ampliar la Corte, que esa reforma judicial que se exige no se haya podido llevar adelante, porque cualquier sociedad civilizada necesita tener la tranquilidad que los genocidas están en el lugar que tienen que estar”, enfatizó.

Evaluó que “hay un problema que se viene sucediendo hace muchos años” y es “hay un deterioro en la manera de abordar el tema” de las políticas de derechos humanos.

Los juicios tienen que ser parte de la agenda pública. Estamos juzgando los que vinieron a implementar una nueva matriz económica, los que vinieron a implementar un modelo para facilitarle al capital transnacional la instalación en este país, a costa de barrer, eliminar a una inmensa cantidad de personas que podían ser un obstáculo para la implementación del modelo económico que perdura hasta nuestros días”, concluyó Yacoy.

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