Desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) difundieron en las últimas horas un informe en el que señalan que con la dinámica actual, el año 2022 cerraría con la inflación más elevada desde el año 1991.

La actual administración considera que la inflación es un fenómeno que se origina a partir de múltiples factores vinculados a las relaciones económicas entre los diferentes actores de una economía. En este marco, el diagnóstico realizado por el gobierno frentista sobre las causas de la inflación se enfocó en la importación de precios de los alimentos, la alta concentración de la economía local, la puja distributiva y las características de la estructura productiva que presiona a la depreciación del tipo de cambio.

Si bien, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó la aceleración de los precios de las materias primas que exporta el país, es menester señalar que la economía argentina tiene graves problemas sistémicos con respecto a la inflación. En este sentido, en marzo del corriente año la tasa de inflación se ubicó en 6,7% y registró la mayor cifra de los últimos 20 años, al mismo tiempo, que se proyecta una tasa de inflación para el mes de mayo del a 5,0%.

De igual modo, los diferentes programas llevados adelante por la actual gestión, como +Precios Cuidados, Cortes Cuidados y el lanzamiento de una nueva canasta de productos para comercios de proximidad denotan la ausencia de un programa macroeconómico integral. Asimismo, se proyecta que la tasa de inflación para el año 2022 se ubique cercana al 70,0%.

Alimentos

Tomando como objeto de análisis las trayectorias del nivel general del IPC y de la división Alimentos y Bebidas en número índice, se observa, a partir de las hipótesis de una variación mensual del 5,0% y 6,0% respectivamente, que entre mayo del corriente año y el mismo mes del año pasado, se registraron mayores incrementos en los últimos meses en la tasa de inflación de Alimentos y Bebidas por sobre el índice del nivel general de precios.

La alta concentración en la producción y comercialización de alimentos resultan ser la causa principal de los continuos aumentos de los precios de los alimentos. Si bien, la guerra entre Rusia y Ucrania aceleró el comportamiento alcista de los precios locales, la inexistencia de competencia impacta negativamente en los consumidores, ya que pocos oferentes de bienes pueden aumentar los precios a partir de su posición dominante en el mercado.

De igual modo, los beneficios extraordinarios de los sectores oligopólicos profundizan las desigualdades en la distribución del ingreso obstaculizando el desarrollo económico. Asimismo, el perjuicio también puede alcanzar a eslabones de la cadena productiva de algún sector afectando negativamente la actividad económica en su conjunto y restringiendo el crecimiento económico.

Por consiguiente, la elevada concentración económica existente en la producción y comercialización de alimentos derivó en abusos por parte de empresarios con una fuerte posición dominante en el mercado en pos de mayor rentabilidad. En este marco, la falta de competencia en los mercados nacionales de bienes implica no solo un nivel de precios superiores y fuertes barreras a la entrada a competidores, también un excesivo diferencial de beneficios con el resto de la cadena, lo que genera mayor desigualdad entre las firmas.

Precios y salarios

Al finalizar el período gobernado por la alianza Cambiemos, el poder de compra de los salarios reales retrocedió un 20% con respecto al valor de diciembre de 2015. Las continuas devaluaciones que impactaron en los costos productivos, la alta inflación y los aumentos exponenciales de las tarifas de los servicios públicos redundaron en un fuerte deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. En este marco, la irrupción de la pandemia del coronavirus agravó la crítica situación de la economía argentina en general, y de los trabajadores en particular, es decir, durante los meses de abril y agosto del año 2020, el histórico retroceso de la actividad económica derivó en la postergación de los acuerdos paritarios.

En esta coyuntura, la política de ingresos de la actual administración apunta a recomponer el poder de compra de los salarios reales a fin de elevar el consumo, y por ende la demanda global. Al respecto, el ejecutivo nacional anunció que, en los primeros días de junio, a través de un decreto, se elevará el piso del Impuesto a las Ganancias a $ 280.792, lo que significa un 24,3% más alto que los $ 225.937, que rigen actualmente. La actualización implicará que a 1,2 millones de trabajadores no los alcance el tributo.

De igual manera, la reapertura de las negociaciones paritarias a fin de revisar los acuerdos alcanzados a principio de año a causa de la aceleración de la inflación en los primeros meses del corriente año, dan cuenta sobre la orientación de la política económica del ejecutivo nacional, es decir, propiciar una mejora en las remuneraciones de los trabajadores. No obstante, la aceleración del aumento generalizado de los precios atentó contra las políticas de ingresos.

Proyección

Los posibles escenarios que se pueden proyectar con respecto a la inflación para el año 2022 son tres. Por un lado, que la canasta del IPC experimente un incremento en términos interanuales del 55,0% como consecuencia de la desaceleración de la inflación a causa de los diferentes programas como +Precios Cuidados, Cortes Cuidados, el lanzamiento de una nueva canasta de productos para comercios de proximidad, del mayor control sobre los formadores de precios y de la intervención del Estado nacional para evitar que los precios locales de las materias primas se acoplen a los internacionales y de un acuerdo entre todos los actores económicos y sociales a fin de evitar que la inercia inflacionaria continúe con su tendencia alcista. En este escenario, los acuerdos paritarios no serían objeto de revisión.

En contraposición, una inflación mayor o igual al 70,0% erosionaría el poder de compra de los salarios reales, con sus consecuencias negativas sobre el consumo agregado y, por ende, sobre la actividad económica. En esta coyuntura, la revisión de los acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresarios requerirían una urgente actualización. Cabe recordar que entre 2018 y 2019 el poder de compra del salario real retrocedió un 17,5%, lo que implicó una fuerte contracción de la demanda global como consecuencia de la caída del consumo.

Por último, es posible un escenario intermedio a los descritos.