

El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, pidió conocer el “valor real” del monto que pagarán los ciudadanos con la actualización de los servicios de luz y gas anunciados por el Gobierno para el mes de junio. Además, criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y anticipó un impacto para el bolsillo.
“Las tarifas de luz y gas se dividen en tres partes: generación, transporte y distribución. La primera es la que no sabemos cuánto corresponde porque está siendo subsidiada y estamos pagando una generación que tiene significación de garantía de ganancia para las empresas y socializar sus pérdidas”, indicó en el programa Política de Sur, por Radio Urbe FM 97.3.
@OsvaldoHBassano 🗣"El problema que se le está planteando al consumidor es algo que no se ha cumplido, el derecho del consumidor esta por sobre cualquier pacto político, más allá de cualquier acuerdo con el FMI".
— Política del Sur (@PoliticaDelSur1) May 30, 2022
📻 | FM 97.3
Asimismo, el abogado señaló que desde ADDUC y otras asociaciones desaconsejan el aumento en las tarifas “en tanto no se aclaren los 30 años de privatización de los servicios públicos que no han sido beneficiosos y sí perjudiciales para el erario público”.
Esta medida tomada por el Gobierno viene de la mano del acuerdo con el FMI para cumplir con las metas pautadas. “El derecho de los consumidores es un derecho humano fundamental que está por encima de cualquier corporación, actividad política o pacto que se quiera firmar”, subrayó Bassano.
En otro orden, el titular de ADDUC desglosó el incremento en las tarifas, que tendrá distintos porcentajes según tarifa social, consumidores de clase media y los de mayores ingresos. A este último grupo se le retirará el subsidio y deberá abonar el total del costo de los servicios. “Estamos de acuerdo, pero no sabemos si el valor es el real”, insistió.
“Durante el gobierno de Mauricio Macri se les quitó la tarifa social a millones de personas. Por más que digan que la suba va a ser del 21 por ciento, hay que sumarle otras variables que implicarían un aumento entre el 40 y el 60 por ciento. A los que se les quite el subsidio deberán pagar un 400 por ciento más”, remarcó.
En ese sentido, Bassano criticó las medidas recientes del Ejecutivo. “En el último tiempo, lo único que hemos hecho fue olvidarnos de artículo 41 de la Constitución, que habla de la protección económica del consumidor y se privilegió la ganancia de un puñado de empresas en perjuicio de 47 millones de personas”, soltó.
Además, alertó sobre el impacto que estos aumentos tendrán en los precios. “Van a significar una sentida injerencia en el transporte de los alimentos y la mercadería, lo que va a producir un fuerte rebote para el bolsillo de los usuarios. No tiene por qué el FMI sujetar a una población por un negocio político”, sentenció.