Integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, funcionarios, familiares y vecinos realizaron este domingo una marcha y un acto en memoria de las víctimas a 35 años de la "Masacre de Ingeniero Budge", el primer caso de "gatillo fácil" desde el regreso de la democracia en 1983 que fue denunciado públicamente por la sociedad civil y en el que policías bonaerenses acribillaron a balazos a tres jóvenes.

Los homenajes comenzaron pasadas las 10 con distintas actividades en la esquina de Figueredo y Guaminí, en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora.

La conmemoración se realizó en el marco del "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional", declarado en 2013 con el objetivo de recordar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Por la tarde, se realizó una marcha donde se colocó un cartel por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el cual se señalizó el lugar de los hechos.

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, no pudo estar presente por contraer Covid, pero en su representación habló Mariano Przybylski, director de Violencia Institucional de la Secretaría. También participaron de la jornada la intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

Abrazo en este día tan especial a lxs familiares y amigxs de Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, asesinados hace 35 años por parte de tres suboficiales de la bonaerense. pic.twitter.com/EvFLbiR61N

— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) May 8, 2022

"Señalización a 35 años de la Masacre de Ingeniero Budge", indicó el afiche difundido por las redes sociales oficiales y firmados distintas áreas del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Lomas de Zamora y la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV).

El caso

El 8 de mayo de 1987, alrededor de las 19, Oscar Aredes (19), Roberto "Willy" Argañaraz (24) y Agustín Olivera (26) conversaban y bebían cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, cuando fueron asesinados a balazos por tres policías bonaerenses.

Supuestamente, Olivera y Argañaraz habían tenido un inconveniente menor con la dueña de la despensa en la que compraron la cerveza, por lo que los efectivos habrían concurrido al lugar alertados por la denuncia de la mujer.

A raíz de lo ocurrido acusaron al suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, al cabo primero Juan Alberto Miño y al cabo Isidro Rito Romero, quienes argumentaron que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas estaban armadas.

En tanto, los médicos forenses determinaron que Olivera presentaba 12 heridas de bala y Aredes 7, en su mayoría por la espalda en ambos casos, mientras Argañaraz tenía al menos 3 impactos en la cabeza efectuados a corta distancia.

Ante esta situación, el barrio donde residían los jóvenes se movilizó inmediatamente en las calles en reclamo de justicia y contra la represión policial, un tipo de protesta poco habitual en aquellos primeros años del retorno de la democracia y que, a su vez, se enmarcaba en un ambiente aun convulsionado por el levantamiento militar "carapintada" de la Semana Santa de 1987, que desde Campo de Mayo mantuvo en vilo a todo el país.

Participaron de la jornada @PrzMariano, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la @SDHArgentina, @MatiasF_Moreno, subsecretario de @DerHumanosPBA, @marinalesci, intendenta Interina del @MunicipioLdeZ y @danyvilar. pic.twitter.com/zmwQes2CTd

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) May 8, 2022

En mayo de 1990 se llevó a cabo un primer juicio oral en el que Balmaceda y Miño fueron condenados a 5 años de cárcel por "homicidio en riña", y Romero a 12 por "homicidio simple".

Pero ese fallo fue anulado luego por la Suprema Corte de Justicia provincial que dio por probado que existió una manipulación de las pruebas y ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó en junio de 1994.

En ese segundo debate los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple, pero no quedaron detenidos hasta que el fallo quedó firme.

Esa confirmación de la sentencia se produjo en 1998, cuando se ordenó la detención de los tres condenados, pero estos se fugaron antes de ser capturados.

Recién en 1999 Romero fue capturado y, finalmente, en 2006 cayeron Miño y Balmaceda; y así comenzaron a purgar de manera efectiva con su condena, la cual ya se les dio por cumplida.