Por: Federico Cedarri

Se abre el telón del periodo ordinario en la Legislatura bonaerense, en principio solo se ha confirmado la sesión en la Cámara Baja para el miércoles 16 de marzo a las 15 horas, mientras que el Senado discute estrategias entre los  dos bloques mayoritarios para determinar la suerte de Juan Pablo Allan citado a indagatoria por el juez Ernesto Kreplak.

También entran en zona de definición la conformación de las comisiones que, según trascendió, quedarán las tres más resonantes, tanto Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General para el oficialismo en las dos Cámaras por ser los espacios de análisis que mantienen relación estrecha con el Ejecutivo, mientras que se negocia que la composición de las mismas tenga mayoría de Juntos para prodigar un equilibrio político.

Idéntica situación acontecería en las que presida la oposición que por estas horas pulsea para quedarse con Salud y Educación en ambos Cuerpos.

En Diputados, el oficialismo aspira a que pueda tratarse este miércoles en el recinto el traspaso del Instituto Biológico Tomás Perón a sociedad de Estado para que el ente pueda abocarse a la fabricación de vacunas y medicamentos.

Sin embrago, encuentra enconada oposición de sectores sindicales que objetan que la letra chica del proyecto no contempla la suerte que correrán los empelados públicos que reportan en el Instituto y que se entiende, al profesionalizarse el mismo, deberán pasar a otra orbita del Estado provincial.

En se sentido, los trabajadores solicitan que se contemple en el proyecto que se les reconocerá la antigüedad y una derivación hacia la órbita del Ministerio de Salud.

Habrá que ver si el oficialismo accede a practicarle las modificaciones en la reunión de Labor Parlamentaria para poder tratar la propuesta en el recito durante la primera reunión ordinaria.

La iniciativa que sí despierta un consenso unánime en las bancadas mayoritarias es la que refrenda el Consenso Fiscal firmado por la provincia de Buenos Aires con la Nación  en diciembre pasado, y que estipula que el Ejecutivo  bonaerense se compromete a garantizar sostenibilidad financiara en el marco de su deuda privada y a avanzar en la simplificación tributaria.

Este proyecto de Ley  fue expresamente pedido a los legisladores oficialistas cuando visitaron al gobernador Kicillof.

Otra de las propuestas que podría aprobarse y que despierta cierto consenso opositor es la emergencia económica y tarifaria de empresas recuperadas por lo cual aquellos emprendimientos podrán contar con una tarifa social subsidiada para la producción y acceso preferencial  a líneas crediticias del Banco Provincia.

Otra de las normativas que el oficialismo tratará de llevar al hemiciclo tiene que ver con la modificación de la ley de jubilación del BAPRO, que recupera reivindicaciones para los trabajadores pasivos como la posibilidad de acceder al 82 por ciento móvil al momento de jubilarse y la mujer podrá volver a hacerlo a los 60 años.

Estos derechos habían  sido conculcados durante la gestión de María Eugenia Vidal por lo que el Ejecutivo, ante un mandato de la Suprema Corte provincial, llegó a un entendimiento con los gremios bancarios y consensuaron una nueva ley.

Las diferencias de criterios con la oposición se enmarcan en el déficit que sigue generando la Caja, desde el proyecto oficial proponen que el Estado financie una parte del mismo con recursos propios hasta que paulatinamente, por una suba de los aportes de los trabajadores activos, se vaya reduciendo la brecha deficitaria.

Aquí la oposición objeta que se erosione la tesorería provincial para apoyar a una caja jubilatoria y sostienen que la misma debería encontrar la forma de financiarse con recursos genuinos como dispone la ley actual votada en 2017.

Se presume que la propuesta comenzará una ronda por distintas comisiones donde el oficialismo deberá sumar voluntades para destrabar el desacuerdo con la oposición.

Otro de los expedientes que será girado a comisión será el presentado por el titular del bloque oficialista,  César Valicenti, que apunta a generar las condiciones para la formación de una Comisión Investigadora contra los procederes del procurador Julio Conte Grand, acusado por el peronismo de participar en el armado de una supuesta mesa judicial para perseguir opositores.

Todo indica que el expediente será girado a comisión donde el FDT intentará emitir dictamen para llevarlo al recinto y aprobarlo por mayoría simple, para dotar de entidad institucional a la conformación de la Comisión  que le permita avanzar hacia el juicio político contra el funcionario que nombro Vidal.

La Cámara Baja también tomará conocimiento de la modificación de nombre de la bancada de Cambio Federal que pasará a llamarse Espacio Abierto y que se referencia en el alcalde San Isidro Gustavo Posse.

Sus integrantes son: el oriundo de San Martín, Walter Carusso y el necochense, Martín Dominguez Yelpo.

Explican los legisladores que la decisión de modificar el nombre del espacio radica en la necesidad de darle pertenencia a un espacio puramente radical que se acuesta en el liderazgo de Posse y que trabajará codo a codo con la bancada de Juntos.

Senado con desacuerdos ante la premura por resolver el pedido de indagatoria de Allan

Si bien se especulaba que el martes 15 de marzo la Cámara Alta provincial podría tratar la situación del llamado a indagatoria de Juan Pablo Allan, desajustes entre las fuerzas que componen el universo parlamentario, hicieron que sea desestimada la opción.

Ahora se espera que pueda llegar alguna convocatoria para el jueves o viernes de la presente semana.

En rigor, la convocatoria del juez Kreplak está pautada para el lunes 21 de marzo por lo que el Cuerpo deberá tomar irremediablemente una posición al respecto.

Desde la oposición juntista estipulan que la provincia al no tener ley de fueros debe amparase en la nacional, lo que le permitiría al legislador presentarse ante la justicia sin perder sus atributos.

Sin embargo, desde el Frente de Todos se escudan en la fría letra del Código de Procedimiento Penal que determinaría que el legislador debe perder sus atribuciones cuando se presente ante el juez, ya sea por una suspensión transitoria o definitiva de las mismas.

El equilibrio de fuerzas dentro del Cuerpo, 23 legisladores  que componen cada espacio, hace que deba llegarse a un consenso por el que trabajan a contrarreloj desde ambos bandos, ya que el peronismo no querría exponerse a una votación en el recinto cuando no lograría las 31 voluntades  necesarias para quitarle los atributos a Allan.

Desde ambos campamentos le conforman a PDS que están buscando, amparados en hermetismo, una solución intermedia para que el legislador pueda presentarse ante el juez sin perder los fueros.

También está en agenda la definición de los escaños vacantes en el Directorio del Banco Provincia, de los cuáles la oposición reclama tres asientos.

Otro tema que parece no tendrá una definición inmediata será el pliego del presidente del Tribunal de Cuentas, Kicillof insiste con un propio: Federico Thea.

El inconveniente para el Gobernador radica en que tanto en la oposición como el oficialismo no despierta entusiasmo ni convence perpetuar sin consenso a alguien que controlará exhaustivamente los números de las futuras administraciones, tanto provincial como municipales.