Por: Federico Cedarri

En el amanecer del periodo ordinario la Legislatura comienza a desperezarse y se prohíja un movimiento de piezas que preanuncia las estrategias y juegos políticos que impregnarán el año de transición.

El Senado provincial se convierte en escenario de una nueva zaga de lo que se ha convertido en el culebrón del verano: la causa que investiga una supuesta mesa judicial pergeñada para perseguir opositores durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Uno de los participantes de aquellos encuentros que se denuncian, llevados a la práctica en la sede porteña del Banco Provincia, es el actual senador provincial del PRO Juan Pablo Allan.

El juez interviniente en la denuncia presentada por la interventora de la AFI Graciela Caamaño, es el platense Ernesto Kreplak que en los últimos días acentuó la ofensiva contra el legislador y no solo logró ingresar a su oficina del anexo del palacio legislativo con el visto bueno del voto del Cuerpo, sino que ahora redobló la apuesta y pide el desafuero del senador para indagarlo el día 21 de marzo.

El bloque de Juntos anticipó su postura públicamente y sin medias tintas: la intención es resistir cualquier tipo de quita de los atributos que hoy tiene el legislador platense.

“La causa es una farsa, no hay sustentabilidad para pedir un desafuero”, explica ante PDS un enojado senador juntista.

El inconveniente que tiene el oficialismo para dar el visto bueno al pedido del juez es que en la provincia de Buenos Aires no existe una ley que estipule la quita de fueros como en el ámbito nacional, lo cual hace extremadamente difícil quitar los atributos que revierten a los legisladores.

Sin embargo, el Frente de Todos ha tomado esta cuestión como una especie de cruzada y tiene la particularidad de que este episodio que involucra a Allan viene ciertamente encadenado a la denuncia que efectuó el bloque de diputados contra el procurador, Julio Conte Grand, porque habría avalado la supuesta mesa judicial.

En la Cámara Baja, el espacio que comanda el camporista Cesar Valicenti pidió la conformación de una comisión investigadora para Conte Grand, con potestad para llamar testigos e intentar encaminar la formación de un proceso de juicio político que desemboque en el desplazamiento del Procurador elegido por  Vidal.

En el Senado continúa desenvolviéndose un nuevo episodio concatenado con el anterior que involucra al bloque del Frente de Todos embarcado en la empresa de lograr que el senador Juan Pablo Allan, hoy ligado políticamente a Patricia Bullrich, sea indagado el día 21 de marzo.

El oficialismo no quiere tropezar con el costo político que podría aparejarle el llamado a una sesión especial para tratar el desafuero de Allan, no desean correr el riesgo de que la intentona no prospere por falta de número lo que le infligiría al peronismo una sonora derrota.

Es que para tal menester se necesitan fehacientemente los dos tercios de los senadores del Cuerpo, unas 31 voluntades y hoy cada bloque ostenta la equilibrada suma de 23 legisladores.

El oficialismo busca una punta reglamentaria

El espacio que capitanea Teresa García tiene a sus asistentes jurídicos envueltos en la vorágine de encontrar el resquicio salvador para que Allan pueda presentarse ante Kreplak sin perder los atributos.

Según pudo recabar PDS, desde el espacio frentista se ilusionan con la posibilidad de sentar a Allan en el banquillo de los acusados: razonan que el hecho simbolizaría ante la opinión pública una condena moral para lo que consideran un proceder inescrupuloso.

El kirchnerismo ha visualizado la posibilidad de arremeter contra un miembro de Juntos poniendo a prueba la unidad que de hecho sostienen  dentro de la bancada opositora pero que tienen profundas diferencias de criterio sobre determinados temas.

Pese a que el radicalismo aduce que se mantendrá univoco a la postura de rechazo con sus pares de bancada amarillos, hay legisladores que sienten alguna incomodidad con el quedar presos de un escándalo del que se sienten alejados y distantes.

La carencia empática es producto de la poca participación que se le dio al radicalismo durante el gobierno de Vidal, al advertir que las grandes decisiones las tomaban los dirigentes del PRO y los miembros centenarios parecían convertirse en convidados de piedra: “Solo nos llamaban para la foto pero no nos tenían en cuenta, así fue durante los cuatro años”, musita con bronca ante PDS un legislador boina blanca.

El bloque que comanda Teresa García, que tiene un contacto fluido con la vicepresidenta Cristina Kirchner, se encuentra sumergido en encontrar una vuelta de tuerca a esta verdadera encrucijada en que el juez Kreplak sumió al Senado.

Cerca de la titular del bloque sostienen criteriosos que no se deben dar pasos en falso que pudieran provocar un efecto boomerang, con acusaciones cruzadas de parcialidad hacia Kreplak, que es lo que sostienen desde Juntos, y que el tal consecuencia traiga aparejado que el expediente pueda ser derivado hacia otra competencia y eventualmente desactivarse el proceso: “Tenemos que lograr un mecanismo que permita una interpretación del reglamento interno que posibilite a Allan presentarse ante el magistrado sin perder los atributos”, explican cerca de García.

Por su parte, también desde Juntos estudian otras posibilidades: se hipotetiza que el senador implicado en la investigación pueda presentase en forma espontánea en la Justicia y expedir un escrito que oficie de declaración, con lo cual driblearía la indagatoria presencial.

Esta estrategia, cuentan fuentes del bloque opositor, tendría como objetivo desmontar lo que consideran una ofensiva sin fundamentos sustentables del peronismo para horadar la unidad opositora.