Por: Federico Cedarri

La impresionante sequía que azota a buena parte de la zona central del país en la que la provincia de Buenos Aires constituye el núcleo duro de la siembra, aflige de sobremanera a los productores y también despertó la preocupación de legisladores ligados a aquellos sectores.

En ese sentido desde la bancada de Juntos le exigen al gobernador, Axel Kicillof, que dicte en forma perentoria la Emergencia Agropecuaria en territorio bonaerense a fin de poder ampliar la asistencia, no solamente a los productores agropecuarios, sino también a integrantes del rubro ganadero que se encuentran sufriendo los efectos devastadores de este fenómeno climático que encuentra similitudes con el vivido en 2018, y que privó al país de importante cantidad de divisas y devino en el posterior requerimiento de recursos al FMI.

La propuesta fue elevada por el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, y encuentra su fundamento en la preocupante situación en la que se encuentran los ruralistas de la provincia de Buenos Aires con serios riesgos de perder importantes porciones de las cosechas de maíz y la de soja que se levantará en marzo.

El legislador también explicó que la propuesta contempla una prórroga de impuestos y una prohibición de ejecuciones para aquellos que hayan refinanciado deudas y no puedan afrontar los pagos a raíz de esta angustiante situación.

Asimismo también destacó ante PDS que la ganadería sufre idénticas consecuencias que posteriormente repercutirán en el plato de comida de los bonaerenses: “La falta de lluvias está secando la pastura lo que produce que se tenga que comprar alimentos balanceados para los animales o rollos de pastos, los cuales por decantación encarecen el kilo de ese animal en pie y luego el consumidor verá reflejado en el mostrador un mayor valor en el precio de la carne”.

Bugallo también expresó su desencanto por lo que considera una presión impositiva asfixiante para los hombres de campo: “Hoy un productor que produce por 100 ve que se le van 70 en impuestos  y solamente le quedan 30 para costear los insumos, renovar maquinarias y pagarle al personal”.

“En promedio cada distrito bonaerense le entrega a la Nación 3500 millones de pesos en concepto de retenciones, de los cuáles después les vuelve una cifra irrisoria”, completó.

En relación con un tema en boga que acapara la atención por estos días sobre la posibilidad de que el gobierno al prorrogar el Presupuesto no tenga potestad de fijar retenciones durante el 2022, el legislador precisó que el impuesto además de su estructura distorsiva es inconstitucional: "Quedó establecido que el 31 de diciembre de 2021 caducaba ese régimen y al no sancionarse un nuevo cálculo de recursos que prorrogase la medida esta quedó sin fundamento”.

Sin embargo, relativizó la posibilidad de que el Gobierno no pueda efectuar retenciones al asegurar que la cuestión se debería judicializar porque el Poder Legislativo no tiene la potestad de tomar una decisión de este tipo, al tiempo que puso en duda el papel de la justicia competente al respecto: “Si nunca dieron la razón de que las retenciones son inconstitucionales porque te sacan más del 30% de los producido que es el tope que marca la Constitución, veo muy difícil que pueda dar aval y respaldar una medida así”.

También reflejó su inquietud por el escenario que se vislumbra en el país ante la sequía reinante, la falta de dólares que necesita el Gobierno y un acuerdo que no se termina de sellar con el FMI: “Estamos peor que en el 2018 cuando aquella sequía dejó sin divisas al gobierno de Macri y hubo que recurrir al FMI, en esta ocasión son más generalizadas las pérdidas por lo que el gobierno se verá forzado a acordar con el Fondo porque de otra manera el país corre importantes riesgos económicos que influirán no sólo en la falta de inversión sino también en los niveles de inflación y el deterioro de la moneda”, aventuró Bugallo.

La uniformidad en la defensa de Conte Grand comienza a zanjar las diferencias en Juntos

En lo que concierne al escenario legislativo, Bugallo admitió que la discusión sobre la normativa que subsanó una mala interpretación de la norma pero que permitirá finalmente una nueva posibilidad de reelección para intendentes y legisladores, generó cierta rispidez en el bloque de Juntos, fundamentalmente entre los legisladores del PRO: “Nuestra posición siempre fue la misma desde que votamos la ley, oponernos  al reelección ininterrumpida de los intendentes, fuimos consecuentes con lo que sostuvimos desde siempre”, afirmó enérgico.

Pero creyó oportuno no caerle a sus socios, radicales y legisladores amarillos ligados a los intendentes: “Ellos votaron lo que consideraron una mala interpretación de la norma, a lo que se sumó la presión de los intendentes, pero es totalmente atendible”, justificó.

Bugallo destacó que la jugada del oficialismo de impulsar el juicio político al procurador, Julio Conte Grand, contribuyó a remediar parcialmente las diferencias que se habían despertado en el bloque opositor: “Esa maniobra del kirchnerismo nos volvió a unir, no solamente a nosotros, sino que también unificamos fuerzas con los legisladores de Cambio Federal, que habían votado a favor de la reelección de intendentes,  y los de Avanza Libertad”.