Por: Federico Cedarri

Más allá del sinfín de polémicas que levantó en la opinión pública la modificación a la ley que limitaba la reelección de los intendentes, lo cierto es que los alcaldes del conurbano adquieren cada minuto que pasa un poder cada vez más arraigado dentro de la estructura provincial y no dudan un ápice en acelerar el avance para ocupar los lugares al mejor estilo de aquel emblemático ícono de los 80, el Pac Man.

Los intendentes justicialistas acentuaron la ofensiva en la última sesión del año y sabían fehacientemente, porque lo comentaban reservadamente, que si la ley se postergaba o no conseguía darse el debate por falta de número, se iba a tornar extremadamente complicado retomar las negociaciones en marzo.

Conscientes de eso, fueron por todo, expusieron todo su poder y también porque no decirlo aprovecharon la necesidad que exhalaba desde los alcaldes radicales para convencerlos de jugar a fondo esta partida.

Es más, los intendentes centenarios se mostraban demudados por la bronca porque sostienen que el nuevo coeficiente de distribución de los recursos coparticipables nuevamente los han discriminado en desmedro de los distritos oficialistas.

Sin embargo, prestaron su consentimiento y ejercieron un fuerte pressing sobre sus legisladores para aprobar las modificaciones a la ley de reelecciones como condición sine qua non: “Los intendentes nos dijeron que saquemos la ley de reelección como prioridad, y que el presupuesto lo aprobáramos de todos modos y después ellos pataleaban”, le dijo a PDS reservadamente un legislador boina blanca.

Hay que tomar en cuenta que más allá de que algunos parlamentarios mostraron su contrariedad por tener que refrendar una modificación a la ley que habían votado hace menos de cinco años, también es cierto que un puñado de ellos se verán beneficiados y tendrán la posibilidad de acceder a presentarse para buscar un nuevo mandato en el 2023.

La influencia del peronismo del conurbano en conjugación con La Cámpora ha quedado en evidencia especialmente luego de la irrupción de Martín Insaurralde en el gabinete provincial, lo que ha desencadenado en una incautación de puestos estratégicos en entes ligados al Estado bonaerense.

En ese sentido, los alcaldes del conurbano volvieron a reelegir a Humberto Vivaldo como director del Banco Provincia y lograron que Gustavo Menéndez ex mandamás del PJ bonaerense que no puso objeción alguna para la coronación de Máximo Kichner al frente del ente partidario, ocupe un lugar preponderante como lo representa la titularidad del Holding Grupo Provincia.

También el matancero Fernando Espinoza “cobró” como se dice en la jerga política con la designación de su alfil, Daniel Barrera, para continuar con un escaño dentro del Directorio del BAPRO.

A esta escalada de posiciones, hay que sumar los resortes legislativos que están en poder de referentes de los alcaldes peronistas, como es caso de Federico Otermín en la Cámara de Diputados, un soldado de Insaurralde con buena sintonía con La Cámpora; también Luis Vivona, que responde al ministro de Infraestructura, Nicolás Nardini, ejerce la Vicepresidencia Primera del Senado que se encuentra en la línea sucesoria.

La Cámpora también ostenta su porción de poder en el Parlamento, ejerce una Vicepresidencia, la Tercera, en el Senado con la bahiense Ayelén Durán y la jefatura del bloque en Diputados de la mano del olavarriense, César Valicenti.

En este esquema, se podría aventurar que Kicillof está prácticamente obligado a convivir con esta nueva denominación de poder, con fuerte presencia del conurbano y de la agrupación otrora juvenil que conduce Máximo Kirchner.

Los Legisladores le dijeron que no a Thea

Un caso que define en forma emblemática la debilidad que denota el mandatario bonaerense lo refleja el desbaratamiento que sufrió cuando mandó al Senado el pliego de su lugarteniente Federico Thea, ex secretario de Gobernación, para ocupar la estratégica presidencia del Tribunal de Cuentas ante la renuncia de Enrique Grimberg que desalojará su sillón el 28 de febrero próximo.

Este ente, que la letra no escrita expresa que debería pertenecer a alguien de la oposición por ocuparse palmariamente de controlar los gastos del mismo Estado, Kicillof pretende que pase a poder de alguien de su entera confianza, intención que fue sofocada en el Parlamento.

Este pliego fue rápidamente desestimado y ni siquiera ingresó en el temario de Labor Parlamentaria lo que es un claro indicativo del escaso poder del Gobernador por estos días dentro de la cofradía legislativa.

En ese escenario, es altamente probable que Kicillof deba negociar el nombre del titular de Tribunal de Cuentas con la oposición, como asimismo consensuar con Juntos los tres lugares de la Corte Suprema de Justicia que están vacantes.