Por: Federico Cedarri

El peronismo acentúa su embestida contra el procurador de la Corte Suprema, el vidalista Julio Conte Grand, ante los hechos de reciente conocimiento público donde se pudo apreciar en un video al ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, jactarse ante empresarios y legisladores afines de la posibilidad de tener una Gestapo (fuerza represiva de Adolf Hitler) para acabar con las organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires.

Ante esa circunstancia, el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados que comanda el camporista, Cesar Valicenti, presentó una nota en carácter de urgencia al titular del Cuerpo, Federico Otermín, pidiendo el inicio del juicio político contra el funcionario debido a que consideran pertinentes que las recurrentes malas actuaciones constituyen un causal de mal desempeño.

De acuerdo a lo que se menciona en la misiva, la Cámara de Diputados tiene la misión constitucional de denunciar este tipo de irregularidades ante el Senado provincial por el delito de mal ejercicio de funciones públicas.

Los diputados peronistas esgrimen que existen tres claros emergentes que condicionan severamente la continuidad de Conte Grand al frente de la Procuración.

La primera de ellas tiene que ver la pertenencia partidaria del funcionario cuestionado a la fuerza opositora de Juntos y, según advierten, la subordinación del mismo a los líderes de ese espacio como lo demuestra el almuerzo ocurrido días atrás con el ex presidente, Mauricio Macri.

Otro de los apéndices lo determina la persecución montada desde estructura del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada por el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal.

El tercer punto acusatorio tiene relación con la efectiva instrumentación del Ministerio Público para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video antes mencionado que involucra al ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas.

Más adelante, la misiva aclara que los hechos de los que se acusa  a Conte Grand: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita son todos plausibles de delitos y están contemplados en el Código Penal.

Esta situación, según describen los legisladores oficialistas, los lleva a concluir que el procurador Conte Grand no se encuentra en condiciones éticas, legales y constitucionales de conducir el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Estiman que la única solución que prevé la Constitución Provincia para este tipo de situaciones de gravedad institucional es el juicio político que instan a que se inicie de manera perentoria.

Los legisladores solicitan que el Cuerpo cite a declarantes para acentuar las acusaciones

En la carta dirigida a Otermín los diputados peronistas entienden que para solidificar el argumento y darle una consistencia mayor a las acusaciones la Cámara Baja proceda a citar a declarar a Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora; Enrique Ferrari, fiscal General de Lomas de Zamora; Hugo y Pablo Moyano del Sindicato de Camioneros; Natalia Rousellión, directora de Alcaidía Tercera de La Plata; Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia; Roberto Cipriano García, secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria; Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de Vidal; Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia, Julio Garro, alcalde de La Plata; Juan Sebastián De Stéfano, ex titular de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia; y el senador provincial del PRO, Juan Pablo Allan.

La Cámara Baja deberá decidir en los próximos días en base a la declaratoria de los testigos si eleva la acusación al Senado bonaerense que es quién tiene la potestad en última instancia de remover mediante el voto de los dos tercios a Julio Conte Grand.

En los corrillos de la Cámara Alta se menciona que la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, anda poroteando que legisladores podrán acudir de manera presencial el día 11 de enero para una sesión especial en la que podría tratarse la acusación.

Cabe destacar que para poder iniciar una reunión legislativa de este tipo el Cuerpo necesita quórum y el mismo solo se logra con la presencia de un puñado de senadores de Juntos.

Por lo que pudo recoger PDS, fuentes de la bancada opositora estiman como poco pertinente adelantarse a los hechos, pero dejan  trascender que será dificultoso que el oficialismo pueda llevar a cabo un encuentro de este tipo. “No nos vamos a montar al show que seguramente querrá montar el Frente de Todos”, soltó escueto un legislador de Juntos.