Por: Federico Cedarri

Semana trascendental la que se avizora en el ruedo legislativo, ya que según se presume y los indicios avalan una importante posibilidad de que así suceda, se pueda dar finalmente el 28 de diciembre el tratamiento conjunto en ambas Cámaras del Presupuesto, Ley impositiva, endeudamiento, Ley de Ministerios y amenaza colarse en el debate la modificación  a la ley que pone límites  la reelección de los intendentes, situación que acapara los flashes del remanido supermartes.

Y justamente esta última temática es la que ha desplazado al Presupuesto del centro de la escena, porque si bien todavía no hay un acuerdo consistente por los recursos que dispondrán los alcaldes para afrontar el 2022, hoy la preocupación central esta puesta en los dos proyectos en boga para darle coto a una polémica originada en la ley votada en 2016 y que intentó poner freno a la reelección indefinida.

Los intendentes del PRO, salvo Jorge Macri que se desplazó hacia el Gobierno de la Ciudad, junto a sus socios radicales contemplan absortos como sus colegas peronistas exploraron un vericueto que deja la normativa, que no contempla como mandato completo a quienes no hayan llegado a los dos años, y están pidiendo incesantes licencias para abandonar sus cargos antes de que se cumpla tal plazo, lo que posibilito que alrededor de 30 alcaldes hayan saltado el cerco de sus distritos para exiliarse en puestos del Ejecutivo provincial y nacional.

Ante esta realidad que consideran absolutamente desventajosa es que instaron a sus legisladores a avanzar decididamente en una modificación que reinterprete la ley, o sea que legisle hacia adelante y tome como primer mandato el del 2019 para permitirles un turno más.

Pero a la vez,  sugieren introducir una modificación en el artículo 3 que contemple como mandato a quienes hayan ejercido aunque sea un día del mismo: una forma de costear y aminorar en cierto modo el costo político que  suponen pagará la coalición opositora ante la opinión pública.

El Proyecto que presentó el platense referenciado en Julio Garro, senador Juan Pablo Allan, con el acompañamiento del peronista que en la interna actuó como compañero de ruta del radicalismo, Joaquín De la Torre, viene en cierto modo a replicar lo que los intendentes juntistas consideraron una carajeada de Vidal con su comunicado oponiéndose a cualquier cambio;  y a dejarla expuesta como responsable de haber propiciado la alquimia legislativa de la que hoy se sirven para su beneficio los alcaldes peronistas.

No obstante, hay que certificar que el peronismo no termine imponiendo en diputados el proyecto de ley auspiciado por Walter Abarca que si bien esta direccionado hacia cuestiones más estructurales,  un resquicio del mismo habilita la autonomía municipal para los distritos: ergo, piedra libre para reelección indefinida de intendentes amparándose en una manda que hoy por hoy la Constitución provincial no contempla.

Cabe consignar que para habilitar el debate de este tipo de propuestas la Cámara Baja necesita constituirse en comisión con un número de 62 legisladores presentes, si bien después en la votación nominal basta con mayoría simple para aprobarse.

Desde el lado del PRO se oponen los sin tierra, el vidalismso residual que maneja legisladores que no tiene intendencias, y que se referencian en Alex Campbell, Matías Ranzini y Daniel Lipovetzky y que suman 12 legisladores, a los que haría que sumarle el repudio a las reelecciones de los 12 massistas, que continúan por orden del titular de la Cámara de Diputados nacional en su tesitura de mantener lo votado hace cinco años, con la íntima premisa de poder ganar terreno en el conurbano sur al no tener la competencia, imaginan, de los popes de los distritos más populosos.

Si a este número le agregamos los tres diputados de Espert que se oponen, según manifiestan, al contubernio entre las dos coaliciones mayoritarias, y los 2 legisladores de izquierda que no acompañaran una iniciativa de  este tipo, sumamos 26 legisladores, número que no alcanza a abortar preliminarmente el quórum y podría dar el visto bueno al debate.

También habría que agregarle la negativa del sector de Evolución Radical que maneja Martín Lousteau, y que capitanea en la Legislatura, Pablo Dominichini, que ha dejado trascender su oposición a dar un paso hacia atrás en la legislación poniendo el acento en el poco tino de discutir una iniciativa de este talante en un delicado momento político.

Mientras que el oficialismo radical amontonado dentro del cerco que construyó el titular de ese espacio, Maxi Abad, apoyan fervientemente el pedido de la liga de intendentes centenarios de acelerar una modificación que contemple la desventaja institucional que hoy tienen esos alcaldes en relación a los representantes del Frente de Todos sin ahondar en el desvarío, sostienen, de la reelección indefinida.

En el Senado ocurre algo similar, se necesitan 32 legisladores para darle vista el tratamiento del proyecto de Allan, y quienes se oponen son los los legisladores vidalistas Walter Lanaro y Owen Fernández a quienes acompañarían su par de la CC, Andrés De Leo y los cuatro massistas: Spadone, Pallares, Martínez y Vannelli.

 Presupuesto: Discusión sin pausa por un acuerdo que aún no llega

En lo que concierne a la discusión por la Ley de Leyes, la misma  ha perdido intensidad y algo de trascendencia mediática,  también ha quedado ciertamente relegada en las negociaciones prueba de ello es que aún, a un día de su hipotético tratamiento, no se ha llegado  a un acuerdo en lo que concierne a los números de  los recursos que dispondrán los intendentes mediante el Fondo de Infraestructura Municipal.

El tironeo está latente entre la administración de Axel Kicillof que ofrece 18 mil millones de pesos,  más 7 mil de pesos del Fondo de Seguridad, valor que dista sustancialmente de los 35 mil millones de pesos que piden de mínima los intendentes opositores.

Además los legisladores juntistas tiene el mandato de sus alcaldes de no avanzar en las negociaciones hasta que le garanticen la condonación de la devolución del Fondo Covid que la provincia exige que los distritos le hagan efectiva o en su defecto lograr una prórroga del cronograma de reintegro que tenga punto de largada en diciembre de 2022.

También exigirán que se apresure la devolución de cuantiosas deudas que organismos provinciales como IOMA despuntan con los municipios opositores.

Además de la implementación de un nuevo Código Unico de Distribución de recursos coparticipables que contemple acabadamente las necesidades del interior. 

Resta definir los cargos que la oposición exige en la Sub Contaduría y Sub Tesorería, la Defensoría del Pueblo y en Banco de la Provincia de Buenos Aires que debe reponer  cuatro escaños para asegurar su funcionamiento.

Según han informado a PDS fuentes cercanas a la negociación: 3 sillones serían para la oposición, y habria acuerdo en que los ocupen el tandilense radical, Carlos Fernández, cercano a Maxi Abad; Diego Rodrigo, también boina blanca, que continuaría ejerciendo su cargo en el Directorio y el tercer lugar quedaría para Bruno Screnci, alguien cercano al  diputado nacional Diego Santilli, y que se desempeñado recientemente como titular de la cartera de Gobierno en CABA.

En lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo esta ría todo dado  para mantener por cinco años más al peronista Guido Lorenzino.

La Ley de Ministerios se preesume que también será refrendada por la Legislatura para poder darle marco institucional a la creación de las nuevas caretras de medio Ambiente, Transporte y Cultura.

Asimismo, el Senado aprobaría mayoritariamente el pleigo del flamante titular de Educación, Albero Sileoni.