Por: Ricardo Carossino

Luego del desalojo los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación en Wilde y la detención de trabajadores, además de la detención de un periodista que cubría las instancias del desalojo, hubo un fuerte y generalizado repudio desde varios sectores políticos, periodísticos y gremiales por el accionar de la policía bonaerense, como fue el caso más notorio del dirigente Juan Grabois quien denunció “la brutalidad policial”, criticando de manera directa al ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni.

Con más de 80 trabajadores y trabajadoras costureras, la Cooperativa se creó en Wilde en el año 2005 y se instaló en un espacio que antes era un basural. A partir de 2010 se inició un juicio comercial por parte de los herederos del predio.

Ante la gravedad de los hechos en el desalojo, Política del Sur investigó sobre la trastienda del hecho y según pudo indagar, ya se le venía advirtiendo a la titular del taller de costureras, Alicia Gutiérrez, que el desalojo era inminente, tanto de sedes judiciales como desde los ámbitos políticos.

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Las relaciones políticas de Gutiérrez

Este medio indagó sobre los antecedentes políticos de Gutiérrez, más allá del repudio al accionar policial, y de acuerdo a lo recogido por las fuentes consultadas, la dirigente es conocida por haber tenido relaciones con varios dirigentes políticos de Avellaneda, sin haber recalado nunca en el peronismo.

Se la referencia en la persona de un concejal de la UCR de Avellaneda, pero sin tener militancia dentro del radicalismo, al tiempo que se la señala como dirigente cercana en otro momento al Partido Obrero.

De acuerdo a testimonios en Off, Gutiérrez habría quedado desprotegida por el arco político de la Provincia de Buenos Aires en ambas cámaras por ciertas conductas internas que no habrían respetado los códigos internos de la política bonaerense por lo que a último momento recurrió al amparo del dirigente Juan Gabrois.

Grabois salió a denunciar la fuerte represión de la policía bonaerense y la detención de trabajadores y un periodista, pero reclamó que el desalojo era de “una fábrica recuperada”, sin embargo, según se supo no se trató de esa figura política y laboral.

Gutiérrez confieza lo que habló con el juez

El Ministerio de Seguridad bonaerense emitió un comunicado en el que explicó los motivos de la intervención policial. "En el día de la fecha, al haberse recepcionado un oficio judicial proveniente del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda, a cargo del Juez Pablo Bocaccia, se procedió al desalojo del inmueble sito en la calle Coronel Méndez 671, en el marco de una causa caratulada "Perugini Gabriel c/ Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada", indica el parte de prensa. 

De alguna manera, se intuye esta soledad política desde el momento que ella misma critica la falta de acciones por parte de los legisladores ante su reclamo por el predio que fue reclamado por herederos del dueño original.

Ya durante el mes pasado el operativo era inminente, y la presidenta de la textil, había contado a Télam que ese predio fue comprado de modo "informal" en 2005 y que luego fueron apareciendo "familiares herederos que no existían".

Gutiérrez confesó en declaraciones formuladas a Radio Gráfica, una conversación con el magistrado que llevaba la causa: “Nos preguntó por el apoyo político que teníamos. Le dijimos que habíamos hecho la presentación de una ley de expropiación, porque no nos quedaba otra, porque todas las pruebas decían que ganaba este sector inmobiliario".

En su momento Gutiérrez había conseguido media sanción de la Cámara Alta que se frustró en Diputados, y luego durante el gobierno de María Eugenia Vidal, sucedió lo mismo, pero a la inversa, ya que la cámara baja dio media sanción para la expropiación a favor de la cooperativa y los senadores provinciales detuvieron la iniciativa.

La respuesta oficial del Ministerio de Seguridad

Respecto de la denuncia por represión de la policía bonaerense, desde el Ministerio de Seguridad, salieron a explicar los hechos desde su visión como fuerza asistencial de la Justicia.

Desde el entorno del ministro Berni, su vocero de prensa, Marcelo Von Schmeling, aseguró que "la policía no hace el desalojo porque se le ocurre" sino que hace lo que la Justicia ordena ya que "actúa como auxiliar" de ella. 

También sostuvo que hubo agresiones de los desalojados y que un periodista se interpuso en el trabajo de la policía y que por esto fue "demorado";  se referiría al periodista Mauricio Polchi, quien difundió recientemente que fue llevado hasta la comisaría de Avellaneda.

"Habitualmente se dicen muchas cosas en Twitter, en redes, y después nunca van a donde tienen que ir, a hacer la denuncia. Entonces eso hay que cambiarlo. La policía no actúa sola, actúa por orden judicial y en el lugar están los funcionarios de la Justicia viendo el desalojo; hay sobradas pruebas de cómo fue el allanamiento, de cómo fue la reacción y de cómo fue el ataque a la policía y el incumplimiento del deber ciudadano de este periodista", agregó el vocero.

Sea la Justicia, sea la policía, sea la política, nada justifica que el derecho a la Propiedad Privada pase por encima al derecho humano de la seguridad personal, sabiendo que siempre la fuerza ejercida por las armas es superior y violatoria a la defensa ejercida por personas vulnerables y desarmadas. Acción esta en todo sentido repudiable por la conduca de las instituciones bajo el amparo del Estado. 

En ese sentido, con más de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos, el violento desalojo deja la incertidumbre sobre el futuro de los 86 trabajadores de la empresa. Desde La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) exigen que se reconozca el legítimo derecho a trabajar y políticas de protección para las y los integrantes de la empresa.