Por: Federico Cedarri

Durante el mes de diciembre próximo la Legislatura provincial se convertirá en el centro neurálgico donde se concentrarán las discusiones más trascendentes del segundo tramo del gobierno de Axel Kicillof.

No solamente el Presupuesto y la Ley Impositiva convergerán en un diciembre caliente y con un atolladero de discusiones que precederán a su tratamiento, sino que también hay otras propuestas en carpeta que despuntan y que amenazan con generar idénticas polémicas y fuertes contrapuntos.

Uno de los temas candentes que asoma y que había sido ya tímidamente esbozado durante la primera parte del año, tiene que ver con propiciar una modificación a la normativa que imposibilita más de una reelección a los alcaldes y legisladores bonaerenses.

Durante el otoño se pergeñó que los intendentes podrían ir a la Justicia para intentar cambiar la interpretación de la norma, es decir que se tome como primer mandato el comenzado en 2019, que es en rigor el período posterior a la sanción de la ley que se materializó en 2016.

La  14.836 toma como primera gestión a la iniciada en 2015, por esto es que de no mediar una modificación a la misma, debería producirse en 2023 un importante recambio de intendentes en toda la provincia de Buenos Aires.

Muchos jefes comunales han convalidado el atajo de cortar el mandato y zambullirse en las listas para legisladores provinciales, con la posibilidad fehaciente de poder postularse en 2023 como si hubiera transcurrido un mandato de transición.

Otros alcaldes de renombre han pedido licencias en sus distritos, ya que la letra de la ley se lo permite y les caduca el mandato, como el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurrade y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que tomó a su cago el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Si bien posteriormente la acentuación de la cuarentena que se desplegó sobre fines de mayo y principios de junio atemperó las discusiones por este tema, a partir del protagonismo asumido por los intendentes peronistas del conurbano en la remontada oficialista en la provincia el tema ha vuelto a instalarse con fuerza.

Y en esta ocasión, según pudo saber PDS, hay varios alcaldes de Juntos que gobiernan en distritos del Gran Buenos Aires que no verían con malos ojos una modificación elegante a la ley que contemple como primer mandato al del 2015.

Los jefes comunales opositores si bien darían un guiño para que el primer mandato de los intendentes pueda interpretarse a partir del 2019, no propician que la ley caiga y sostiene que la particularidad debe ser extendida para los legisladores también.

“Una buena salida sería ver la posibilidad de un mandato más, pero no podemos retroceder tanto como volver a la reelección indefinida”, explica contemporizador un senador opositor a este portal.

Según pudo recabar PDS, para los legisladores de Juntos no constituiría un impedimento votar una modificación a lo refrendado hace cinco años cuando en tándem la entonces gobernadora Vidal y Sergio Massa había llegado a un acuerdo para votar una ley de esta calibre.

Los diputados y senadores opositores exteriorizan cierta decepción con la ahora diputada electa porteña y sostienen en voz baja que abandonó el fango bonaerense para aterrizar en un territorio más confortable.

En el peronismo apuntan a una decisión salomónica de la Justicia

No obstante, pese al consenso que hay sobre la necesidad de al menos albergar la posibilidad de conceder un mandato más a los jefes comunales y legisladores, también es cierto que por ser un cambio en una ley electoral se necesitan los dos tercios y desde el oficialismo deslizan que Juntos pueda exigir para avanzar en las discusiones que también se contemple el análisis de los proyectos de boleta única de papel y ficha limpia.

Parece muy optimista el pronóstico de algunos legisladores peronistas que sostienen que la modificación podría tratarse con el paquete presupuestario y los factibles cambios a la ley de ministerios para incorporar nuevas carteras, es que más allá de que los intendentes de Juntos puedan tener intenciones idénticas para sacarse el lastre de la ley de encima, también ponen en la balanza que la misma fue elaborada por el espacio opositor y temen que la sociedad los puede juzgar inequívocamente por retroceder sobre sus pasos.

En caso de que la posible modificación se empantane en el ámbito legislativo, varios legisladores peronistas confiaron a PDS que estaría tomada la decisión de exigir a la Justicia una interpretación distinta de la ley para no tener que exponerse al desgaste de una prolongada discusión parlamentaria con la oposición juntista.

“Lo ideal sería que la Justicia considere una nueva interpretación de la ley, que tome como primer mandato el acontecido posteriormente a la sanción de la normativa”, sintetizó a PDS una fuente peronista que participa activamente de las principales negociaciones parlamentarias.