Por: Diego Lanese

Desde hoy miércoles 1° de septiembre, entra en vigencia la resolución que hace que prácticamente todo el trabajo en el Estado nacional sea presencial. La medida apunta a la vuelta a las oficinas con ciertos protocolos sanitarios, que incluyen ventilación y otras cuestiones. A partir de la baja sostenida de casos de Covid-19, el Ministerio de Trabajo decidió dar este paso, que se completa con lo resuelto por el Consejo Federal Educativo, que también planteó para este mes la vuelta a clases sin restricciones. Pero los gremios estatales alertan que las condiciones de seguridad e higiene en la mayoría de los edificios no permite cumplir las medidas preventivas, y hay muchas dudas respecto de cómo se implementará la “nueva normalidad”.

 

La resolución 91/2021 establece la vuelta a la presencialidad de los agentes del Estado que recibieron al menos una dosis de las vacunas disponibles, dos semanas mínimo antes de volver a las oficinas. Además, la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) difundió los llamados “protocolos Covid”, que establecen las normas necesarias para esa presencialidad, lo que incluye ventilación, elementos de higiene y otras. Para los gremios, uno de los problemas apunta al transporte público, método usado por los estatales, que puede ser una fuente de contagio, en especial ahora que casi todas las actividades habilitadas.

 

Leer más: Estatales nacionales vuelven a la presencialidad con dudas sobre los protocolos sanitarios

En este sentido, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGEA) pidió la “máxima prudencia”, y reclamó a las autoridades responsables “acciones de coordinación en el uso del transporte público, a efectos de minimizar las aglomeraciones”. “La preocupación también es el transporte público, que por lo general usan los trabajadores estatales”, le dijo a Política del Sur Rubén Ramos, titular del gremio de los letrados. La AGEA emitió un documento donde expresó que “no puede quedar al margen la experiencia de trabajo remoto”.

 

“La realidad respecto a la presencialidad es que depende mucho del organismo, la mayoría no están en condiciones de recibir a toda la gente junta”, afirmó Ramos al respecto. El dirigente agregó que “hay mucha gente que no está vacunada con las dos dosis”, por lo cual no debería exponerse al trabajo presencial, en especial en momentos que comienza a circular la variante Delta. Desde AGEA se pronunciaron en contra de la vuelta a la presencialidad en abril, cuando a través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo se permitió convocar a los trabajadores vacunas con una dosis 14 días después de recibirla.

 

Otro de los temas que alarma a los gremios estatales es la cantidad de horas de las jornadas de trabajo, que no está claro si será reducida. “Las autoridades quieren que se cumplan jornadas de ocho horas, los cinco días de la semana, cuando la resolución oficial dice mínimo cuatro horas a 20 semanales”, sostuvo al respecto Raúl Llaneza, delegado de ATE en el INDEC. Mediante una carta enviada al titular del organismo Marco Lavagna solicitaron “bajo la advertencia de tomar las medidas legales correspondientes contra el Estado empleador retomar la directriz desarrollada por la comisión mencionada y abandonar las acciones unilaterales, respaldadas en una interpretación carente de sustento legal”.

 

Le seguimos pidiendo a las autoridades de @INDECArgentina que se replantee la vuelta a la presencialidad porque no es cuidada ni responsable si se debe usar transporte público. Dale RT pic.twitter.com/zK0Bwo1L9S

— ATE-INDEC (@ATEIndec) August 27, 2021

 

Ante esta situación, la semana pasada una reunión virtual con trabajadores, donde salieron a la luz una serie de dudas y de reclamos, que fueron enviados al director del INDEC, para que sean tenidos en cuenta. Como hasta el momento no hubo respuesta, no se descartan nuevos encuentros para analizar los pasos a seguir, y no se descartan medidas al respecto. En el INDEC hubo una recorrida de los delegados en los edificios del organismo donde detectaron problemas para cumplir los protocolos establecidos por el gobierno, como la falta de ventilación y la escasa cantidad de baños.