En una nueva sesión del Concejo Deliberante de Esteban Echeverría, la quinta en este periodo legislativo, el cuerpo aprobó una batería de proyectos del Ejecutivo, la mayoría condonaciones y exenciones de impuestos municipales a distintas instituciones de bien público y ciudadanos. También se convalidaron convenios referidos a la obra pública.

Aunque la novedad pasó por la reaparición del concejal del PRO y candidato a renovar su banca en la lista de Juntos, Evert Van Tooren, quien reclamó por del incidente de los 60 patrulleros que fueron presentados en el distrito y luego devueltos a la Provincia.

Entre los expedientes tratados se encuentran un convenio marco de cooperación entre la Facultad de Veterinaria de la UBA y el Municipio; otro entre la Comuna y el Ministerio de Obras Públicas para “la renovación y puesta en valor” del Parque La Campana; un acuerdo de transferencia de fondos correspondiente al Plan Agua – Cloaca Más Trabajo para al red secundaria Santa Catalina; y un convenio de financiación para la ejecución de la obra “Paso bajo nivel de las calles Rebizo-Gral Paz en Monte Grande”.

Además, se dio el visto bueno para la adhesión al Programa Operadores de calle, con 60 becas, y se declaró de interés municipal a la asociación Mercociudades, de la cual Esteban Echeverría es miembro.

Ya por el final de la jornada deliberativa, Van Tooren, en referencia por el tema de los móviles policiales, cuestionó que: “Durante muchas semanas se vimos muchos patrulleros en fila y después nos enteramos que no se quedaron en Echeverría. Y como explicación recibimos un video por redes sociales que decía que fueron prestados por un rato”.

Estamos haciendo una fuerte inversión, que algunos sectores han puesto en duda, por lo cual les detallo cuántos patrulleros, agentes y dependencias tiene nuestra comuna. Seguiremos trabajando para vivir en una sociedad más segura.

Mirá el video?https://t.co/wo7uRgBs9z

— Esteban Echeverría (@MunicipioEE) August 5, 2021

“Queremos saber qué pasó, si esos patrulleros estuvieron acá, si fueron equipados, cuándo llegaron los verdaderos -si es que llegaron-, cuántos hay realmente. Todo lo que corresponda explicar”, exigió.

Por su parte, el edil vecinalista Pablo Losada se quejó de que desde el Ejecutivo no notificó cual es la situación legal de los dueños del Campo Amat y la comuna y aseguró que pudo acceder a “un comodato de uso que se firmó en 2009 y terminó en 2011”. Remarcó que ese documento tiene “una clausula que le impone al distrito una multa de 200 dólares por día”.

“Es muy preocupante. Si esta es la última pieza jurídica apurémonos a construir otra que proteja al municipio”, llamó y pidió “respuestas”.

En otro orden de temas, el concejal del PRO Luciano Gómez Alvariño reclamó por la demolición de un histórico edificio de Monte Grande ubicado en Dorrego y Dardo Rocha: la casa de María Paulina.

Comentó que la edificación “es parte de la identidad de Echeverría” y apuntó a los funcionarios municipales que “muchos no viven en el distrito”. “Estoy casi seguro que la demolición empezó sin permiso”, mencionó.