Por: Diego Lanese

Al inicio de esta semana, desde el Ministerio de Salud admitieron que buscarán crear un marco legal para la vacunación contra el coronavirus entre los trabajadores, ante las presiones de algunas empresas que quieren que se les permita obligar a sus empleados a inmunizarse.

 

La situación surge luego de que el gobierno de Jujuy decidiera que los estatales que no recibieron por su voluntad al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles, serán licenciados sin goce de sueldo, lo que genera dudas en los gremios estatales. Para intentar evitar conflictos, la cartera sanitaria adelantó que busca discutir una especie de reglamento para esta situación, que se presentará en la próxima reunión del Consejo Federal del Trabajo.

 

La decisión del gobierno de Gerardo Morales de la semana pasada adelantó la discusión respecto de la obligatoriedad de la vacunación, en momentos en que el mundo avanza en pasaportes sanitarios y otras medidas que permiten realizar determinadas actividades sólo a los inmunizados.

 

El Decreto Acuerdo 696 firmado por el mandatario jujeño estableció que todos los estatales de la provincia tengan que “aplicarse obligatoriamente al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 para volver a prestar servicios en el Estado local”. En la decisión, Morales dispuso “la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios”.

 

Para quienes no acrediten la inmunización a través de al menos una dosis de las vacunas, el decreto establece que “salvo justificación por medio fehaciente e idóneo no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado”.

En #Jujuy es obligatoria la vacunación contra el COVID-19 https://t.co/HU2V0UZERd pic.twitter.com/pHdLxVwnlH

— Gobierno de Jujuy (@GobiernoJujuy) August 2, 2021

 

El gobierno jujeño “invita” en el artículo 2 de la medida a la actividad privada a sumarse a esta iniciativa, en especial “el personal de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general”. La decisión, que incluye además un “pasaporte Covid-19” para usar el transporte público, es la primera de su tipo, y se da en medio de versiones que hablan de darle cierto grado de obligatoriedad a las vacunas. Esta última decisión generó protestas en la capital provincial, de muchos ciudadanos que rechazan esta posibilidad.

 

Expectativa sindical

 

Entre los gremios, la discusión se instaló a partir de medidas tomadas en otros países, como en Estados Unidos, donde el gigante tecnológico Google decidió obligar a sus 250 empleados a inmunizarse. Por el momento, en el Estado nacional creen que no será necesaria una medida así, porque “la demanda de vacunas es alta”. “Hasta ahora no nos adelantaron una medida tan directa, ni de forma informal nos comentaron esto. Creemos que no será necesario, pero estamos atentos”, afirmaron fuentes de los gremios estatales ante la consulta de Política del Sur. En organizaciones como ATE apuntan “a alcanzar a más estatales con las vacunas, completar el esquema de vacunación pata garantizar una presencialidad segura en todos los organismos”, por lo cual no creen que una decisión como la jujeña sea necesaria.

 

Por el momento, lo que hay es una regulación a través de la Resolución conjunta 4/2021, que lleva las firmas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. La normativa, publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, estipula que los empleados que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y “opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras”.

 

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En la cartera sanitaria admiten que el tema es complejo y que sin la autorización definitiva de las vacunas no se pueden incorporar al calendario obligatorio, que la actual ley permite sancionar a quienes no lo cumplen. “Las vacunas contra el Covid-19 tiene una autorización ‘de emergencia’, y no completaron los estudios de fase IV que permite si autorización definitiva”, recalcaron fuentes de la cartera sanitaria. Ante la consulta de Política del Sur, agregaron que se buscarán “incentivos más que castigos”, y buscarán una forma de potenciar la inmunización. En este punto, no se descarta que para viajar dentro del país, o ir a algunos puntos turístico, se exija tener al menos una dosis de las vacunas.

 

La ofensiva de la UIA

 

En medio de la discusión, la directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) salió con los tapones de punta y anunció que respaldará a las empresas que decidan “discontinuar el pago de salarios a los empleados que no ingresen en el plan de vacunación oficial contra el Covid-19”, debido a que se prohibirá que retornen a sus puestos de trabajo como parte del protocolo sanitario de las empresas. Si bien los industriales admitieron que podría haber “reclamos judiciales”, afirmaron que la actuación está “contemplada en la norma de excepción por la pandemia”. Ante la postura oficial de la entidad patronal, la disputa se trasladó al Ministerio de Trabajo de la Nación, que junto con su par de Salud deberán definir.

 

De esta forma, la UIA, presidida por Daniel Funes de Rioja, intenta meterle presión al gobierno –con quien tiene una disputa fuerte desde que asumieron las nuevas autoridades empresariales– para que avale esta medida. Por ahora, los gremios no respondieron orgánicamente a esta medida, y la discusión está abierta. “La UIA considera que está por encima del Estado, porque la resolución 2883 dice que la vacuna es voluntaria, cuando se determina esto no se puede establecer la obligatoriedad”, afirmó Carlos Cafure, abogado laboralista.

 

Ante la consulta de Política del Sur, el letrado dijo que “hay muchas empresas que tienen políticas de control y prevención del Covid-19, testeando al personal para evitar que se recienta la producción”. En este sentido, Cafure dijo que “hay que analizar cada caso, no se puede poner en el mismo plano a quien tiene comorbilidades y quiénes no”. “La ley de Contrato de Trabajo establece la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores en sus lugares, por eso hay que buscar un equilibrio”, concluyó el especialista.