Por: Federico Cedarri

Una vez transcurrido el frenético tiempo del cierre de listas que mantuvo imbuido a los actores políticos que componen el espectro de las fuerzas electorales que disputaran el turno legislativo de 2021, también comienzan a asomar otras cuestiones trascendentales que la Legislatura bonaerense debe comenzar a tomar cartas en el asunto.

Las autoridades de la Cámara de Diputados tienen en agenda comenzar la semana entrante, una vez apagado el fragor de la rosca política, a desandar el camino del tratamiento de tres iniciativas que adquieren el carácter de impostergables para la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La primera de ella y quizás la que más perentoriamente necesita comenzar su tratamiento informal, debido a que aún no ha tomado estado parlamentario y no puede tratarse en comisiones, es la autorización para la inoculación de los menores entre 12 y 17 años mediante la adhesión a la modificación que se le practico a la ley de vacunas vía decreto presidencial. Estos cambios permitieron la posibilidad de entablar negociaciones con laboratorios norteamericanos y también propendieron a autorizar la vacunación en aquella franja etaria.

Tanto las autoridades de Cámara como el bloque oficialista despuntan la intención manifiesta de que antes de la primera quincena de agosto el proyecto de vacunas para adolescentes  esté aprobado sobre tablas, ya que se torna imperioso que la Legislatura dé curso a esta iniciativa debido a que el gobierno provincia comenzó recientemente la inscripción para las inoculaciones de ese nicho poblacional.

En rigor, según pudo saber PDS, se acelerarán las gestiones legislativas a partir de la semana entrante para que finalmente este proyecto del Ejecutivo enviado hace cerca de un mes por Kicillof pueda tener tratamiento en ambas Cámaras parlamentarias. Vale destacar que sería un trámite express, debido a que los sectores enrolados en Juntos por el Cambio prestarán consenso inmediato debido a que vienen insistiendo con la necesidad de avanzar en la vacunación de chicos y chicas con comorbilidades.

 

La Ley BAPRO llevará más tiempo

Otra de las propuestas que no tiene quizás la urgencia de la adhesión a la modificación de la Ley de Vacunas pero que preocupa al gobierno de Axel Kicillof es la reforma a normativa que rige los destinos de la caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Esta propuesta se enmarca en la dilapidación de recursos que el erario provincial está destinando para el pago de procesos judiciales perdidos por la provincia ante presentaciones realizadas hechas por asociaciones bancarias y grupos de jubilados y pensionados del BAPRO, ante lo que consideraron desde los tribunales de justicia una esquilmación de derechos de los pasivos por la modificación realizada en 2018 durante el mandato de María Eugenia Vidal.

El proyecto del Ejecutivo que procura enmendar este agujero fiscal que la provincia está costeando, propicia la derogación de la ley sancionada durante la administración de Cambiemos y propone la ampliación del aporte de las personas afiliadas activas y pasivas (hasta el 16 y 12% respectivamente) y de las contribuciones obligatorias del Banco de la Provincia  (hasta el 21%),  sumadas a un nuevo régimen para ingresantes con 19% de aportes personales.

Además, incorpora una contribución adicional del BAPRO y una partida presupuestaria de la provincia en conformidad con los recursos disponibles y recuperando el rol de garante final del sistema previsional; y restituye una tasa de sustitución al 82% para el cómputo de haber inicial y del 75% para las pensiones. También devuelve un derecho que había sido cercenado en 2018: vuelve a restablecerse la edad jubilatoria a los 60 años para las mujeres.

Esta propuesta genera algún tipo de inquietud en los actores legislativos del oficialismo en lo que presupone una aceleración de su tratamiento: es de por sí  más compleja para lograr consensos.

El diputado del Frente de Todos, Walter Abarca, explicó ante PDS que la propuesta de Kicillof da respuesta integral a las demandas de jubilados y pasivos del BAPRO: “Se avanzó durante la gestión de Vidal sobre derechos adquiridos que llevaron muchos tiempo conquistar a los trabajadores del Banco Provincia y en aquel momento fuimos pocos los diputados que nos opusimos tenazmente”.

Y aprovechó la ocasión para pasar factura a la actuación de otros sectores vinculados al peronismo durante aquellas jornadas parlamentarias: “Me parece coherente que el gobernador reintegre los derechos de los pasivos, hay que redimir el papel del PJ como oposición a Vidal, que fue paupérrimo, no nos olvidemos que los dos últimos años los presupuestos, emergencias y la ley del Banco Provincia salió con el apoyo del bloque que respondía al PJ”.

En este proyecto en particular, la oposición se está tomando su tiempo para analizarlo puntillosamente y según pudo recabar PDS de fuentes cambiemistas encontraron a la iniciativa insustentable: “Analizando la propuesta no encontramos el mecanismo acertado para solucionar el déficit, van a inyectarle recursos provinciales que pagan todos los bonaerenses a un sector particular que no puede financiarse con recursos propios”, disparó un diputado del PRO cercano a la negociación.

 

Cannabis con amenaza de naufragio

Otro de los proyectos en danza que ya está adquiriendo la prefiguración de culebrón es la Ley de Cannabis, que contempla la adhesión a la normativa nacional y la creación de la Agencia Provincial bajo la tutela del Ministerio de Gobierno que se encargara de todo lo respectivo a la comercialización y autoregulación del cultivo.

Esta cuestión parece la más compleja desde el parecer de quienes son encargados de participar de los cabildeos parlamentarios, es que según esgrimen desde la bancada de Frente de Todos, el gran inconveniente para aprobar esta propuesta radica en los desacuerdos que se manifiestan en el interior de la oposición en torno al punto de vistas disímiles en lo que tiene que ver con la creación de la Agencia Provincial de Cannabis.

Según pudo averiguar PDS, en el bloque de Juntos por el Cambio existen divergencias respecto a esta propuesta; mientras que desde un sector ligado al radicalismo encabezado por Emiliano Balbín propician el reemplazo de la Agencia por un Instituto que entre sus integrantes cuente con profesionales emanados de Universidades Nacionales, 8 miembros específicamente y con aval de las Cámaras legislativas; un sector ligado al ala liberal de la coalición consideran que tanto la concreción de cualquier ente regulador constituyen un incremento innecesario del gasto público que no redundará en beneficio de quienes necesitan imperiosamente la sanción de la ley con fines medicinales.

“En realidad es una dilapidación de recursos en gastos burocráticos que creará un ente para militantes y que no contribuirá en nada a los fines específicos de quienes reclaman esta normativa”, explica ante la consulta de PDS el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo.

Y fue más allá con su conceptualización: “Creo particularmente que hay que darle potestad al Ministerio de Salud y al de la Producción y que ellos se encarguen de regular la normativa, los criterios  de comercialización”.

“Menos burocracia y  puestos para la militancia y más agilidad en la gestión”, chicaneo.