Por: Diego Lanese

En su último informe, el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y de las centrales obreras, indicó que la inflación de junio fue del 3,3 por ciento, y acumula un 24,9 por ciento en el primer semestre de 2021. Si bien la marca muestra un pequeño freno, los valores siguen altos, y se proyectan cerca del 50 por ciento, más de 20 puntos por encima de lo estipulado por el Ministerio de Economía en el presupuesto 2021.

 

Con este panorama, es lógico que la pauta salarial siga creciendo, y hoy está en el 45 por ciento, con una mirada optimista. Para quienes cerraron acuerdos en el primer trimestre del año, las cifras cercanas al 35 por ciento están muy detrás de la inflación proyectada, y las cláusulas de revisión, previstas para el cierre del año, quedan muy lejos. Por eso se reclama por la reapertura de las paritarias, incluso en casos donde los convenios llevan poco más de un mes. El retraso es tal, que hoy hay cerca de 2.500.000 de trabajadores que están reclamando volver a discutir sus ingresos, lo que puede generar conflictos en medio de la pandemia y la campaña electoral. 

 

La presión de los trabajadores que cerraron acuerdos salariales en los primeros meses del año crece y se extiende a casi todos los sectores. A esta altura del año, se da por descontado que ese 35 por ciento promedio que se firmó está “muy retrasado”, y ahora el tema es cómo adelantar la revisión, para no pasar buena parte del año corriendo detrás de la inflación.

 

Esta semana, cuatro grandes gremios formalizaron su pedido de reapertura, y recalientan la rediscusión. Se trata de los pedidos del gremio mercantil, la UOM, la UOCRA y los estatales nacional. En sólo estas cuatro paritarias, se juega el futuro de 2.300.000 de empleados, y el ritmo de las paritarias, que hoy ya rompieron el techo del 45 por ciento, y en algunos casos ya ronda el 50 por ciento de demanda.

 

En el sector comercio, se juega la paritaria más grande del país, con 1.200.000 afectados. Esta semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) logró una audiencia en el Ministerio de Trabajo para intentar mejorar el magro 32 por ciento firmado. La idea de la entidad que lidera Armando Cavalieri es adelantar una de las cuotas de la mejora, para luego revisar los datos.

 

Luego del encuentro, se acordó que el 27 de julio se iniciarán las discusiones. En el gremio, creen que esta postura “es un paliativo”. “Hay que aumentar los porcentajes de las cuotas, para llegar a un promedio de por lo menos un 50 por ciento de aumento, que según todas las estimaciones será la inflación para este año. Menos de eso es un despropósito”, le dijeron a Política del Sur fuentes del sindicato, que admitieron que hay malestar por el retraso salarial que vive el gremio más grande de la Argentina. “Tenemos que llegar a fin de año con adelantamiento y nuevo porcentaje”, agregaron las fuentes consultadas.

 

Adelanto versus mejora

 

En este contexto, los pedidos de reapertura llevan dos fórmulas: quienes piden adelantar cuotas ya pactadas y quienes creen que hay que reconvertir los acuerdos, y aumentar los porcentajes acordados. Entre los primeros se encuentran los estatales de la provincia de Buenos Aires, cuyos todos sectores acordaron que se pague este mes el 8 por ciento acordado para septiembre, y se prometió en agosto discutir la revisión de fin de año. Como informó Política del Sur, la idea es “evitar conflictos en la etapa electoral”, para lo cual se llamó a docentes, estatales, judiciales y médicos a una reunión inédita, donde se pagó a todos los empleados públicos este porcentaje con la promesa de revisar cada acuerdo en mesas técnicas en los próximos meses.

 

En la Ciudad de Buenos Aires, la fórmula fue distinta. Esta semana, el gobierno de CABA se reunión con los docentes, por ejemplo, y decidió otorgar un aumento “adicional” a la paritaria firmada en marzo. De esta manera se anunció que se pagará un incremento extra del 5 por ciento en agosto y 5 por ciento en noviembre, llegando según sus cálculos a una suma global del 44,5 por ciento, ya que este aumento se suma al 34 por ciento original. La propuesta fue aprobada por 17 de los 19 gremios, es estudiada por el mayoritario UTE y rechazado por Ademys.

 

En este último gremio afirman que los números “no son como los presentan desde el gobierno”, ya que los aumentos deben pensarse “al salario de febrero”. “Seguimos llegando atrás de la inflación, a diciembre vamos a estar varios puntos por debajo de la tasa de inflación, que hoy está proyectada en el 50 por ciento”, le dijo a Política del Sur un dirigente de Ademys, que remarcó que el gremio ya anunció un paro para el 2 de agosto para reclamar por los temas pendientes en materia salarial y laboral. Entre los cuestionamientos aparece el congelamiento desde el 2014 de las asignaciones familiares, hoy ubicadas en un insólito valor de 270 pesos por hijo, y el pase al salario básico de las muchas sumas "en negro". En lo laboral, el pedido apunta a las vacunas, a la infraestructura escolar, que quedó en evidencia por la pandemia y la ola de frio, y la seguridad respecto de los contagios de coronavirus.

 

En tanto, la UOM y la UOCRA, bastión de los gremios industriales, formalizaron su pedido al ministro Claudio Moroni para reabrir las paritarias propias, con una audiencia como la que se llamó al sector mercantil. La posibilidad de este paso, que los estatales nacionales lo harán el 19 de agosto próximo, todavía no se cerró.

 

La entidad comandada por Antonio Caló buscará renegociar la paritaria acordada hace unos meses y pretenderá elevar el incremento en torno al 45 por ciento. “La meta oficial de este Gobierno siempre fue que los salarios le ganen a la inflación. Y como ese es el objetivo, se abrirán todas las paritarias que hagan falta para que el objetivo se cumpla”, había ratificado el titular de la cartera laboral, comprometiendo por lo menos la apertura. Si los pedidos siguen subiendo, y no hay acuerdos rápidos hasta ahora, se puede llegar a una etapa de tercera ola de coronavirus (por variante Delta) y campaña electoral con conflictos sindicales.