En el marco de un nuevo aniversario del primer #NiUnaMenos, la masiva movilización que denunció la violencia de género en 2015, trabajadoras del poder judicial de la provincia de Buenos Aires difundieron un informe donde alertan el 95 por ciento de las empleadas “sufrió alguna situación de violencia de género”.

 

Los números se desprenden de una encuesta desarrollada por la Colectiva de Trabajadoras Judiciales, relevamiento que fue presentado en el marco de una radio abierta frente al palacio de Tribunales bonaerense ubicado en el centro de La Plata. Además, se afirmó que en el 88 por ciento de los casos los agresores que fueron denunciados “no recibieron sanciones”.

 

La investigación se realizó de manera virtual y contó con unos 267 formularios de trabajadoras entre empleadas, funcionarias y magistradas pertenecientes a diferentes fueros y departamentos judiciales, destacaron desde este colectivo.

 

El 95 por ciento de las encuestadas manifestó haber sufrido algún tipo de violencia de género en el ámbito laboral: simbólica (93 por ciento), psicológica (64 por ciento), sexual (60 por ciento), económica (46 por ciento) y física (7 por ciento). Asimismo, solo el 27 por ciento hizo la denuncia, ya que el 77 por ciento dijo tener desconfianza en el sistema (miedo a que no le creyeran, temor a sufrir una represalia o una desventaja laboral).

 

La encuesta también advierte que el 88 por ciento de los denunciados no recibió ninguna sanción, mientras que el 23 por ciento de las víctimas tuvo la necesidad de pedir licencias y el 55 por ciento de solicitó un traslado o pensó en renunciar. “En muchas dependencias del poder judicial contamos con trabajadoras o funcionario/as comprometido/as con la incorporación del enfoque de género en sus causas.

 

Lo que sucede es que esto no puede ser ni personal, ni sectorial. Debe ser transversal a todo el poder judicial. Por eso la exigencia de una Secretaría de género en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es clave en la transversalidad”, sostuvo Antares Dudiuk, integrante de La Colectiva.

 

 

Seis años de lucha

 

En tanto, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) recordó el nuevo aniversario de la masiva marcha del 3 de junio de 2015, cuando las mujeres y los movimientos feministas dijo “basta”, luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de la casa de la familia de su novio en Santa Fe.

 

“Desde aquel día ha crecido la organización y el movimiento feminista ha tenido grandes conquistas. En el caso específico de las trabajadoras judiciales, luego de una lucha de varios años, la AJB conquistó la licencia laboral por violencia de género”, recordó el gremio mediante un comunicado.

 

 Así también, en un hecho inédito para el Poder Judicial, “se logró la expulsión del juez de familia de Olavarría Claudio García por acoso laboral y acoso sexual”.

 

⏯️ #3J | #NiUnaMenos

A 6 años de la primera marcha por el #NiUnaMenos en nuestro país, seguimos exigiendo un Poder Judicial y un Estado feminista y con perspectiva de género.

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— Asociación Judicial Bonaerense (@AJBOficial) June 3, 2021

En la misma línea, la AJB dio un paso histórico en la lucha contra la violencia de género, aprobando en el Congreso Provincial del gremio el “Protocolo para prevenir, detectar, intervenir y erradicar situaciones de violencia de género” en el ámbito sindical, y expulsando a dos afiliados (uno de ellos dirigente provincial) por hechos de violencia de género.

 

“Sin embargo hay muchas deudas pendientes y es imposible escindir las respuestas que da el Poder Judicial a sus trabajadoras en los casos de violencia de género, de las que brinda a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries que concurren a los tribunales en busca de justicia. Respuestas ineficaces, sin perspectiva de género y muchas veces misóginas y patriarcales”, advirtieron.

 

“Mientras que la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios, travesticidios y trans-femicidios, al igual que las desigualdades e inequidades se incrementan a diario, las dificultades para el acceso a la justicia, la revictimización, la violencia institucional, la falta de seguimiento de las medidas de protección, son una realidad cotidiana en los tribunales.

 

Como así también, la violencia que padecen por parte de magistrados y funcionarios las trabajadoras judiciales en el ámbito laboral”, concluyó el gremio judicial.