La primera gran “pelea” del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, será poder conquistar la reforma del Ministerio Público Fiscal, específicamente en el cambio en los procesos para elegir y remover al Procurador General y la modificación de la integración del tribunal de enjuiciamiento a los fiscales.

En el Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría, ya se dio el visto bueno a la ley pero la parada difícil está en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo requiere del apoyo de los bloques más pequeños ante la negativa absoluta de Juntos por el Cambio.

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En ese sentido, el Frente de Todos requiere del apoyo fundamental del exministro de Economía, Roberto Lavagna, quien con los votos de su bloque Consenso Federal, pero la opción quedó en duda luego de que el dirigente señalara que “en cuestiones institucionales -las reglas fundamentales de funcionamiento de los poderes de la República- toda reforma requiere mayorías amplias y acuerdos previos, extendidos y profundos, lo que hoy no ha sido construido, de ellos dependen la estabilidad y calidad democrática”.

“Creemos que este proyecto está orientado a ejercer una presión sobre los fiscales que es indebida e incorrecta. La Justicia tiene que ser totalmente independiente de la política porque tiene que juzgar el accionar de los funcionarios, y esta reforma hace lo contrario. Establece una forma de elección del Procurador que cambia totalmente a la de ahora, la forma de elección que tenemos con los 2/3 establece determinadas condiciones porque el hecho de tener esos votos hace que la persona elegida para el cargo sea alguien sobre quien hay consenso entre los sectores políticos”, dijo a PDS el diputado nacional por la UCR, Miguel Bazze.

En cuestiones INSTITUCIONALES -las reglas fundamentales de funcionamiento de los poderes de la República- toda reforma requiere mayorías amplias y acuerdos previos, extendidos y profundos, lo que hoy no ha sido construido. De ellos dependen la estabilidad y calidad democrática.

— Roberto Lavagna (@RLavagna) May 17, 2021

 

Sin vueltas, desde Juntos por el Cambio lanzaron un fuerte comunicado en oposición a la aplicación de estas reformas en el que aseguraron que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos” a la vez que sentenciaron que “todos podemos dejar de ser libres con esta ley”.

“Con este cambio el que tiene mayoría ya puede designar al Procurador y es un retroceso muy importante, también está la posibilidad de que se ejerza una presión sobre los fiscales y por eso nos parece que es una ley que sirve para consagrar la impunidad de los funcionarios políticos y pueden evitar que se avance con determinada causa”, marcó Bazze.

En ese plano, para la oposición, también serviría para ejercer “persecución política” contra periodistas, opositores, dirigentes gremiales y sociales a través de investigaciones irregulares, lo que sería “un retroceso en el Estado de Derecho y la independencia de los poderes de la República”.

Por su parte, el exlegislador del PRO, Eduardo Amadeo, marcó a este medio que a partir de esta reforma que impulsa el oficialismo “cuando el Senado tenga esta facultad ya no va a importar la capacidad técnica del candidato, podrían elegir a una persona que no cumple con la capacidad que se requiere para el cargo, entonces se va a terminar eligiendo al Procurador por su militancia política, no va a haber control de calidad para el funcionario”.

Manifestamos nuestro total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal. pic.twitter.com/fkJpZ8WeQQ

— JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) May 17, 2021

 

El proyecto también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Se establece que el Procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad. A la vez que el proyecto también dispone que el procurador solo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

Desde el Gobierno, el ministro Soria marcó que el del actual procurador, Ricardo Casal, “es el interinato más largo del que se tenga registro, ya se prolonga por más de tres años generó una parálisis y una falta de conducción que termina repercutiendo sobre todo el sistema de justicia. Esta crisis de legitimidad es el común denominador que surgió en las distintas reuniones con los funcionarios y magistrados”.

“El propio Presidente de la Nación mandó al Senado el pliego de Daniel Rafecas para reemplazar a Casal y la actitud del kirchnerismo fue congelar el proceso, cuando Rafecas podría estar hoy en el cargo tranquilamente. Los que decidieron que no se reemplace a Casal fueron los kirchneristas por acción de Cristina Fernández de Kirchner”, aseguró Bazze.