El 14 de mayo de 2014, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, luego de un acuerdo político entre el entonces Frente para la Victoria y el PRO, el traspaso del control de los ex centros clandestinos de detención de la órbita de CABA a la Nación.

Pasados 7 años de aquel hecho, que en su momento despertó cuestionamientos por parte del radicalismo y de otros actores políticos y sociales, los integrantes del oficialismo (de entonces y de hoy) e incluso de algunos referentes de Derechos Humanos, resaltan aquel histórico episodio.

“La expectativa era que el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner podía hacerse cargo y que sus políticas de memoria le reconocían una centralidad a esos sitios y un valor que el gobierno de Macri no le otorgaba. A la distancia, podría decirse que eso mismo sucedía respecto de los y las trabajadoras que cumplían tareas en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la CABA”, afirmó a PDS, Eduardo Tavani, exdirector ejecutivo del ex Instituto Espacio para la Memoria.

En ese orden, el referente de DDHH y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), remarcó que “mientras el Instituto debía lidiar con el gobierno local de Macri -en todo sentido, porque no resultaba fácil gestionar el IEM y los espacios de Memoria con la derecha gobernando la Ciudad- y de su Legislatura dependíamos en buena medida para obtener los fondos y recursos para sostener la tarea que pesaba fundamentalmente por sobre los y las trabajadoras del organismo”.

Esos lugares habían sido parte del engranaje del terrorismo de Estado que asoló nuestro país ente 1976 y 1983 y que fueron y son marcas y signos del horror de ese tiempo que deben preservarse para avanzar en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia; y como testimonio de ese período, “para que no se repita nunca más”.

A través de ese convenio, el gobierno de CABA -en aquel momento en manos de Mauricio Macri- le otorgó al gobierno nacional en 2014, el derecho de usufructo (no la titularidad) del ex Casino de Oficiales, el pabellón central o Cuatro Columnas, el edificio de Enfermería, la Imprenta, el Taller Mecánico y el Pabellón Coy, todos ubicado en la ex ESMA. Además, otros cuatro ex centros clandestinos Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos.

En ese sentido, Tavani señaló que "para el macrismo significó un alivio desprenderse de la administración de estos espacios ya que no le interesaba, lo sentían como un lastre por obvias razones. Sólo basta recordar las repetidas expresiones negacionistas de funcionarios del PRO y aliados sobre el movimiento de Derechos Humanos para comprender de que hablamos”.

Tavani, quien condujo el Instituto hasta septiembre de 2013, remarcó que aquel traspaso que estará vigente hasta el año 2044, “sin duda alguna resolvió una situación de injusticia respecto de las y los dependientes del Instituto, en tanto la mayoría de ellos lograron se los regularizara laboralmente, cosa que no sucedía en la mayoría de los casos antes de entonces”.

Según recordó, en los sitios de Memoria y en general en el Organismo, a pesar de la incomodidad del vínculo siempre tenso con el gobierno de la CABA, “había mucha gente muy profesional y capaz laborando incansablemente en pos de sostener el objetivo y finalidad de nuestra misión allí”.

Así, recordó que antropólogos, sociólogos, cientistas sociales, comunicadores y tantos otros que tenían un fiel compromiso en la misión de militar la memoria, trataban con mucho esfuerzo de ayudar a armar junto a los sobrevivientes “ese rompecabezas de los años más oscuros y trágicos de nuestra historia”.

“De esa manera, hasta 2015 esos lugares históricos recibieron una atención que a partir de 2016 comenzó a mermar considerablemente y poco a poco fueron sometidos a un desmantelamiento sostenido que sólo la resistencia de las y los trabajadores logró en alguna medida contener, como ocurriera con otras agencias estatales relacionadas con estos temas,  tras la llegada al gobierno nacional de la alianza Cambiemos”, sentenció Tavani.